¿Y si hablamos de régimen penal juvenil sin bajar edad de punibilidad?

Claro que debemos discutir un régimen penal juvenil dado que a nivel nacional se encuentra aún vigente una ley de la dictadura (22278). Una nueva ley democrática podrá subir o no la edad de punibilidad, pero nunca bajarla, porque implicaría una regresión en el reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, contradiciendo por definición el carácter de norma de jerarquía superior que tiene la Convención de los derechos de niñas, niños y adolescentes sobre nuestro sistema jurídico normativo.

La vuelta de este debate no se debe solamente a cuestiones de preocupación por la realidad de los chicos y chicas, o porque solamente interese resolver la cuestión de fondo de la realidad penal juvenil de nuestra sociedad, sino porque son tiempos políticos electorales y hablar de esto “puede” hacernos creer que suma votos; y que mediáticamente avala determinadas posturas, como suponer que con la baja de la edad disminuye el delito. Creo que arrancar este análisis obviando esa intención es comenzar sin una parte de la realidad sobre la mesa.

También es importante mencionar que en enero de 2017 ya se realizó un proceso de consulta, debate e intercambio con este tipo de proyectos, específicamente con el proyecto que implementaba similares características (llevar la edad de imputabilidad a 14 años, en lugar de los 15 ahora propuestos). En aquel momento se manifestaron organismos internacionales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil con larga trayectoria en el trabajo de estas realidades de chicos y chicas en situaciones delictivas. Todas arribaron a la conclusión de que hay sobradas razones para no mover la edad de punibilidad en la Argentina. También se llegó al consenso de que necesitamos un nuevo régimen penal juvenil, pero sin modificar esta única variable que parece importar en la iniciativa oficial.

Es necesario tomar dimensión de la necesidad de reforzar el sistema de protección de derechos de chicos y chicas, como así también las medidas de justicia comunitaria, instancias de mediación y de articulación de política pública integrales donde muchos organismos tienen especificidades diferentes pero miradas comunes, inclusivas. Mucho más en estos tiempos donde el incremento de la pobreza recae en términos objetivos con mayor crudeza sobre los niños y niñas, chicos y chicas, que por sobre otros grupos etarios: de acuerdo al informe presentado en diciembre último por Unicef, prácticamente la mitad (48%) de las niñas y niños argentinos son pobres; un 10 % más por encima del registro de la población general (38%). Es decir, 6,3 millones de niñas y niños.

Nuestro piso, marco y límite deben ser siempre los derechos humanos. A partir de ellos es que nos debemos como servidores públicos a la ejecución de las políticas públicas. Nada más allá de ellos, nada sin la garantía institucional de los mismos. La Convención de los Derechos del Niño así lo menciona (artículo 40º), como la Observación General N° 20-2016 de la Comisión que interpreta la Convención; y nuestra ley 2302 a lo largo de todo su texto, entre otras normas legales.

Existe en Neuquén una modalidad que vale como ejemplo de política integral para jóvenes, que es el Programa de Libertad asistida. Bajo la órbita de la subsecretaria de Familia da respuesta a los adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil, garantizándoles la asistencia sin la privación de la libertad. Esta institución responde a las indicaciones de la ley 2302 que concibe a las niñas, niños, chicos y chicas como sujeto de derecho.

Sin duda estas experiencias no alcanzan, pero nos muestran un horizonte a seguir. Debemos agotar todas las instancias que estén a nuestro alcance para no estigmatizar para siempre la vida de aquellos que se encuentran en estas situaciones vulnerables, muchas veces por falta de políticas públicas a tiempo por parte del mismo Estado que los castiga.

¿Qué sabemos de este nuevo régimen, de esta nueva intención de cambio en la política pública? Pues muy poco. Retomando la idea de que a algunos estas discusiones pueden ser útiles a algunos sectores, no siempre conseguirán su objetivo.

Necesitamos revisar el sistema integral de protección, seguir mejorando el sistema educativo y las propuestas en educación no formal, reforzar las políticas públicas de cultura y deporte, y las propuestas u opciones que ofrecemos a las expectativas de vida de nuestras juventudes.

También es necesario seguir deconstruyendo paradigmas sobre la mirada de niños y niñas como objetos políticos, para entender que deben constituirse como sujetos políticos. Es necesario correr las miradas adultas del centro de las decisiones para darle lugar al protagonismo de niños y niñas, con un carácter mucho más inclusivo que el de nuestras generaciones; más práctico y sobre todo mucho más solidario.

Necesitamos muchas acciones para abordar esta situación que nos atraviesa a todos desde muchos lados. Y sobre todo, agotar todas las instancias para ofrecer oportunidades de vida para las chicas y chicos.

También tenemos muy claro que debemos bajar los índices de delincuencia, pero lo que no necesitamos es bajar la edad de punibilidad.

*Ministro de Ciudadanía

Nuestro piso, marco y límite deben ser siempre los derechos humanos. A partir de ellos es que nos debemos como servidores públicos a la ejecución de las políticas públicas.

Gustavo Alcaraz*