Vuelve la negociación por la vacante en el Tribunal Superior
El oficialismo y sectores de la oposición tratarán de llegar a un acuerdo antes de que comience la campaña por las PASO. Cómo juega el proyecto de endeudamiento. Hablan Caparroz, Martínez y Esteves.
El gobernador Gutiérrez, en la apertura de sesiones el 1 de marzo (Archivo)
Ayer se cumplieron 9 meses desde que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén funciona con un vocal menos. En los últimos días, cuando se veía llegar el fin de los cortes en las rutas por el reclamo de los autoconvocados de salud, operadores del oficialismo y la oposición retomaron el diálogo nunca interrumpido del todo para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el nombre del candidato a cubrir la vacante y la mejor fecha para anunciarlo.
Ninguno de los espacios políticos, para usar la jerga actual, tiene la capacidad de reunir por sí solo dos tercios de los votos en la Legislatura que se necesitan para designar a un vocal (en todas las hipótesis se habla de un varón).
Que las negociaciones se hayan retomado justo cuando ingresa a la Legislatura un proyecto de ley del oficialismo para tomar deuda destinada a pagar salarios, y cuando se menciona que la fuente de financiamiento podría ser el gobierno nacional, es una lectura lineal pero no por eso desechable sin más. En el tablero amplio de la política se juegan partidas simultáneas, y las piezas cambian de valor en forma constante.
Consultado para esta nota sobre el regreso de las negociaciones para cubrir la vacante en el Tribunal, el presidente de la bancada de legisladores del MPN, Maximiliano Caparroz, lo negó: «no hemos conversado con ningún bloque». Soledad Martínez, del Frente de Todos, dijo que desconocía «en qué momento estamos de la negociación» pero recordó: «hay acuerdos que tienen mucho tiempo». Y Leticia Esteves, de Juntos por el Cambio, expresó que «uno entiende que tiene que haber acuerdos políticos» pero «sería muy peligroso si la justicia queda atada a un acuerdo por endeudamiento». Más abajo hay una ampliación de las declaraciones.
Haciendo F5
En público hay reticencia a hablar del tema. Pero en la Legislatura y en círculos del Poder Judicial se sabe que el plan original para este año era que el gobernador Omar Gutiérrez enviara el nombre del candidato en marzo, apenas después de su discurso de apertura de sesiones en el cual no pronunció ni una sola vez la palabra «justicia», en el sentido de valor, ni de poder político. Eso sí: entre los poquísimos que ingresaron al recinto para escucharlo de cerca estuvieron el presidente del Tribunal, Germán Busamia, y el fiscal general José Gerez. Nadie más de su gabinete lo hizo; siguieron la exposición desde el hall mirando un monitor.
El plan original posiblemente incluía un semestre de «paz social» tras el acuerdo salarial de marzo con ATE y UPCN, pero pasaron cosas. Entre los hitos ocurridos durante el conflicto de los autoconvocados de salud quedará que el gobernador anunció uno de esos congelamientos de sueldos de la planta política tan impactantes como dudosos en su efectividad; que los legisladores quedaron expuestos porque, con su presupuesto autónomo y superavitario, dieron un aumento a los trabajadores que los benefició a ellos por el enganche; y por último que el Poder Judicial con su presupuesto autónomo pero deficitario también otorgó un aumento a empleados que jueces, juezas, fiscales y defensores cobraron, aun sin ley aprobada (respaldados por un acuerdo), en cifras más abultadas que los diputados, y sin que se produjeran declamaciones públicas en contra.
Eso pasó mientras había 17 cortes de ruta en la provincia y el gobierno rotaba su estrategia del palo a la zanahoria según el paso de las horas. Los autoconvocados protestaban con la imagen del elefante y se preguntaban dónde está Gutiérrez, mientras el gobernador aparecía en el acto del día de la Policía sin aviso previo y sin mencionar el conflicto en su discurso. El premio a lo friki de esos días se lo lleva sin dudas el proyecto de comunicación del oficialismo a favor de la erradicación del conejo europeo, que ingresó a la Legislatura con una falta de timming notable.
Con el diario del lunes, (o con el F5 en la página, para actualizar un poco la metáfora), quedan los análisis sobre si el conflicto se le fue de las manos al gobierno o si se trató de una jugada magistral del MPN. La cuestión es que el miércoles tomará estado parlamentario el proyecto de ley de endeudamiento para gastos corrientes.
La última palabra
Si a nadie se le ocurrió judicializar el conflicto con los autoconvocados (por suerte) y la salida fue política, es muchísimo menos probable que alguien inicie una acción de inconstitucionalidad contra esa eventual ley en caso de ser aprobada tal como la redactó el gobierno. La Constitución de Neuquén prohíbe tomar deuda para afrontar gastos corrientes, pero la ley de administración financiera lo autoriza, «en situaciones de necesidad y urgencia».
Si llegara a ocurrir, la última palabra en cuestiones de constitucionalidad la tiene el Tribunal Superior de Justicia. Un voto puede ser desequilibrante y definir el rumbo de una política. En las últimas semanas el TSJ dirimió, directa o indirectamente, conflictos políticos en Villa La Angostura y Añelo, y será el garante del inédito cogobierno de una comunidad mapuche en Villa Pehuenia. Un sillón en ese sitio equivale a un espacio de poder nada despreciable.
Si bien el tema no figura en la agenda pública, los contactos reservados se intensifican. Algunos jueves atrás, el candidato a vocal que impulsa un sector del gobierno nacional fue a conversar con el bloque de legisladores del Frente de Todos.
Juego de intrigas
Lo respalda Oscar Parrilli, quien habla directamente con Jorge Sapag. A Gutiérrez le irrita ese ninguneo y busca desquites. El otro peronista con proyección de la provincia, Darío Martínez, no tiene peso suficiente; se llevó a su candidata a vocal a trabajar con él a un puesto en un instituto nacional, y el que queda en la provincia invoca su apoyo pero parece librado a la autopromoción.
No hay intención de jugar a las intrigas, pero así son las reglas: nadie los nombra de manera oficial, y tampoco es cuestión de revolear nombres que a veces se usan nada más que para enviar mensajes a otros.
No se olvida que también está vacante, desde hace seis meses, la defensoría general. Puesto menor podría decirse, pero desde el cual se puede trabajar mucho en beneficio de la comunidad (también desde la vocalía, claro, cómo no). Las versiones son que podría saltar a ese puesto alguien que ya está «adentro» del Poder Judicial.
Del «no hay nada» a «respetar los acuerdos»
Maximiliano Caparroz afirmó que «no hay nada, ninguna conversación» con los demás espacios sobre la cobertura de la vacante en el Tribunal Superior. «Lo digo como presidente del bloque del MPN y de la comisión de Asuntos Constitucionales», remarcó.
Sobre el préstamo y la posible necesidad de recurrir al gobierno nacional, dijo que «sabemos que el mercado está difícil, pero sabemos que Neuquén tiene reservas en Vaca Muerta, es el banco más importante que tiene la provincia. El gobierno nacional es una posibilidad más».
Por su parte Soledad Martínez, del Frente de Todos, dijo que «estoy ajena a esa discusión y no sé en qué momento estamos de la negociación» por la vocalía. «Pero no me cabría ninguna duda de que el oficialismo pueda hacerse de cualquier tema para tensionar la relación».
De todos modos, remarcó que «cualquier vocal que propongan necesitan de nuestros votos o de algunos de nuestros legisladores». Tras señalar que «es un tema sensible» recordó que «hay acuerdos que tienen mucho tiempo y se deben respetar».
Ante una consulta, respondió: «si quieren financiamiento de Nación no van a poder tensionar la relación».
«Crisis dirigencial»
Desde Juntos por el Cambio, Leticia Esteves señaló que «el peronismo se cree con derecho a ocupar la vacante en el Tribunal porque la dejó alguien de su espacio», en referencia a Oscar Massei.
Dijo que no había escuchado la versión sobre la reanudación de las negociaciones y expresó: «uno entiende que tiene que haber acuerdos políticos» pero «sería muy peligroso si la justicia queda atada a un acuerdo por endeudamiento con el gobierno nacional».
La diputada del Pro cuestionó que «en la Legislatura no se está debatiendo nada, ninguna cuestión de fondo, nos bloquean todo. No hay grandes cuadros políticos para discutir, es frustrante». Indicó que «es una crisis dirigencial, tampoco tenemos un gobernador políticamente fuerte para resolver un conflicto como el de salud».
Caparroz, Martínez y Esteves también fueron consultados sobre el posible roce del proyecto con la Constitución provincial, que prohíbe endeudarse para gastos corrientes. El del MPN defendió la validez invocando la ley de administración financiera 2141, las diputadas dijeron que los asesores legales lo están revisando.
¿Autoconvoqué?
En la exposición de motivos, el gobierno y el bloque del MPN, que lo firman, no hacen ninguna mención a los autoconvocados, ni a los 20 días de cortes de ruta. Expresa: «No obstante los esfuerzos del Estado Provincial por satisfacer las demandas salariales de los distintos sectores, en un contexto económico que aún no consigue librarse de los efectos de la pandemia por COVID-19, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a un paro por tiempo indeterminado a todos sus afiliados, en el marco de una serie de reclamos gremiales específicos».
El oficialismo reconoce que las fuentes de financiamiento para esos 12.800 millones de pesos extra que necesitaría para afrontar el acuerdo salarial son limitadas. Tampoco exhibe apuro por reunir todo el dinero junto; de hecho pagará los sueldos de abril y mayo sin recurrir al préstamo, que en total representa una vez y media la masa salarial mensual que abona la provincia. Quizá ni siquiera necesite usarlo, si mejoran ciertos índices económicos.
En el escenario de ir a pedir plata al gobierno nacional, lo mejor es tener varias puertas disponibles. Si una se cierra, otra puede abrirse.
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