«Apestando a turista»: al igual que en Venecia, crece en España el rechazo al turismo masivo

Desde las islas Baleares hasta las Canarias, pasando por Barcelona o Málaga, las críticas hacia la masificación turística crecen en España, segundo destino mundial, empujando a las autoridades a tomar medidas para conciliar el bienestar de los habitantes con un sector económico crucial. Todos miran el ejemplo de Venecia, que ayer empezó a cobrar una tasa de cinco euros a cada visitante que permanezca solo un día en la ciudad.

Bajo el lema «Canarias tiene un límite», varias asociaciones de este archipiélago situado frente a las costas del noroeste de África, famoso por sus paisajes volcánicos y sus numerosos días de sol, llamaron a manifestarse el sábado.

La movilización pretende conseguir que se paralice la construcción de dos complejos hoteleros en Tenerife, la isla principal del archipiélago, y que se tome más en cuenta a los vecinos y el medio ambiente ante un desarrollo que juzgan descontrolado del turismo.

«Nuestras islas son un tesoro que merecen ser defendidas», asegura «Canarias se agota», el colectivo en el origen de este movimiento, y del que algunos de sus miembros comenzaron la semana pasada una huelga de hambre para presionar a las autoridades.

Canarias recibió el año pasado 16 millones de visitantes, siete veces más que sus 2,2 millones de habitantes. Una cifra muy elevada teniendo en cuenta los «recursos» locales, lamentó el portavoz del colectivo, Víctor Martín, en una rueda de prensa en la que denunció un «modelo de crecimiento suicida».

«Apestando a turista»

Este descontento no es un caso aislado, y varios movimientos hostiles a la masificación turística emergieron en las últimas semanas, especialmente en las redes sociales, en varias partes del país.

En Málaga, símbolo del turismo de «sol y playa» en Andalucía, paredes y puertas de alojamientos turísticos aparecieron con pegatinas en las que figuraban lemas críticos como «Apestando a turista» o «Antes esta era mi casa».

Actos similares se vieron también en Barcelona o Baleares, donde militantes colocaron carteles falsos a la entrada de algunas playas alertando, en inglés, de presuntos riesgos por «caída de rocas» o picaduras de «peligrosas medusas», para espantar a los potenciales visitantes.

Entre las mayores quejas de los residentes destacan la presión inmobiliaria, la multiplicación de los alojamientos turísticos que obligaron a muchos habitantes a dejar el centro de las ciudades, así como las molestias acústicas y ambientales que derivan del flujo de visitantes.

En Cataluña, que lucha contra una sequía histórica desde hace tres años, el consumo de agua de los múltiples establecimientos turísticos de la Costa Brava suscita también preocupación después de que las autoridades decretaran a comienzos de febrero la emergencia en la zona más poblada de la región.

Consciente del «hastío socal» provocado por el exceso de turistas, José Luis Zoreda, vicepresidente de la organización patronal Exceltur, aseguró que el sector no se complace en «batir récords», porque ya que está «en una «situación inmejorable», y lo que les gustaría es conseguir «la satisfacción ciudadana».

En la década pasada, ya hubo movilizaciones, especialmente en Barcelona, contra la masificación turística. Pero, tras la pausa que supuso la pandemia de covid-19, la indignación parece haber subido un nivel, al tiempo que España recibía el año pasado un récord de 85,1 millones de visitantes extranjeros.

Preocupadas por evitar un congestionamiento, varias ciudades tomaron medidas, como San Sebastián, en el País Vasco, que decidió a finales de marzo limitar a 25 personas los grupos turísticos después de prohibir el uso de altavoces durante las visitas guiadas.

Sevilla, de su lado, anunció que se planteaba cobrar el acceso a su famosa Plaza de España para los no residentes. Mientras, Barcelona hizo desaparecer de Google Maps una línea de bus que habían copado los turistas para que los residentes puedan recuperar su uso.

Estas decisiones, sin embargo, no son fáciles para las autoridades. El turismo supone un 12,8% del PIB español y concentra el 12,6% de los empleos, por lo que muchas familias dependen de este sector y no verían bien que el país variara su tradición de acogida. 

Las consecuencias de la masificación turística sobre la vivienda llevarán al gobierno a «intervenir y limitar los pisos turísticos», aunque el ejecutivo es también «consciente de la importancia del sector turístico» en España, indicó el domingo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista con el diario El País.

por Valentin Bontemps / Afp.