Villa Mascardi: “El juez cometería una grave irregularidad si volviera a ordenar un desalojo”
Así lo planteó el abogado que defiende a los imputados de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que están procesados por el delito de usurpación de dos predios de Parques Nacionales.
Los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu se instalaron a principios de noviembre de 2017 en los predios de Parques Nacionales y alegaron que era un acto de recuperación territorial. (Foto Archivo)
Hace varios días que bajó el nivel de tensión en Villa Mascardi, pero el conflicto por las usurpaciones sigue sin una resolución a la vista. Hay voces que reclaman desde hace tiempo el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de los predios que usurpa desde hace 3 años.
Sin embargo, el abogado Virgilio Sánchez planteó su férrea oposición a esa posibilidad. “Desde mi punto de vista, el juez federal (de Bariloche Gustavo Zapata) cometería una grave irregularidad si volviera a ordenar un desalojo”, sostuvo.
La causa principal es por la usurpación de dos predios que la Administración de Parques Nacionales tiene en Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. En esa causa hay varios miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu procesados por el delito de usurpación. Esos procesamientos fueron confirmados el año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.
La causa se originó tras la denuncia de Parques Nacionales a partir de la ocupación de esas tierras a principios de 2017 por un grupo de personas que se identificó como miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. Después, avanzaron hacia lotes contiguos, aunque esas causas se tramitan en la justicia provincial.
El 29 de diciembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió -en un fallo dividido- anular el sobreseimiento que la Cámara Federal de Apelaciones de Roca había dictado por mayoría a favor de los hermanos Cristian Germán Colhuan y Joana Micaela Colhuan por el delito de usurpación de un predio de Parques Nacionales, en Villa Mascardi.
Sánchez dijo que la causa principal “continua en proceso de investigación unificada por los tres hechos” que la fiscal federal subrogante de Bariloche, Sylvia Little, les atribuyen a los imputados.
El primer hecho es por la usurpación de un predio de Parques, el segundo es contra una mujer de la comunidad por el delito de lesiones, y el tercer hecho es por el delito de usurpación.
Para el abogado, ordenar un desalojo en este momento “sería una desnaturalización del proceso penal, que investiga delitos y eventualmente impone una pena”. “Los desalojos que se realizan en un proceso penal son medidas cautelares “preventivas”. No existe actualmente condiciones jurídicas para llevar adelante un desalojo en el marco del proceso penal”, afirmó.
Explicó que no corresponde ordenarlo porque “ya no existe el estado de flagrancia que pueda justificar el desalojo, como cuando se realizó la primera vez (el 23 de noviembre de 2017) y resultó muerto Rafael Nahuel” (dos días después). “No hay ninguna situación que prevenir, ya que la ocupación es un hecho consumado”, sostuvo.
El juez federal Gustavo Villanueva, que subrogaba entonces el juzgado federal de Bariloche, ordenó el desalojo del 23 de noviembre de 2017.
Dijo que el medio legal “para llevar adelante un desalojo de la Comunidad Lafken Winkul Mapu, es una acción civil y quien está legitimado para hacerlo es Parques Nacionales”.
Sánchez dijo que, por ejemplo, la fiscalía federal puede pedir una medida cautelar (la restitución de las tierras a Parques Nacionales). “Pero eso no quiere decir que sea correcta, ni tampoco quiere decir que el juez la vaya a ordenar”.
“Yo no comparto el criterio de la fiscal Little de llevar adelante un desalojo porque para mí no existe, no tiene ninguna aptitud jurídica para solicitar eso”, sostuvo Sánchez.
“Las medidas cautelares tienen que ser preventivas”, dijo. Planteó que en el caso de Villa Mascardi “no hay ninguna situación que prevenir y en todo caso, las presuntas víctimas que en este caso sería Parques Nacionales son las que deberían estar interesadas y están legitimados para iniciar el desalojo y es la justicia civil la que está a cargo de eso”.
“La fiscal lo que tiene que hacer es terminar con su investigación y pedirle al juez que eleve la causa a juicio y tratar de presentar su caso en un juicio haber si logra imponerles las penas que ella considera a nuestros defendidos”, planteó el abogado de la comunidad.
“La fiscal no tendría que seguir hablando de desalojos. La fiscal tiene que terminar su caso, que ese es el trabajo que tiene que concluir”, afirmó. “A esta altura seguir hablando de desalojos me parece un despropósito”, manifestó Sánchez.
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