UPCN puso un piso de 6.000 pesos al bono de fin de año

El gobernador Alberto Weretilneck repitió este miércoles en Villa Regina que el bono de fin de año todavía no tiene monto ni fecha de cancelación, quedando esas resoluciones para los encuentros paritarios de diciembre. Mientras tanto, UPCN estableció su monto requerido: “no sea menor a los 6.000 pesos”.

Ese requerido del gremio conducido por Juan Carlos Scalesi figura en el segundo punto de una nota dirigida al mandatario, que se inicia solicitando la “incorporación al salario y blanqueo de los bonos de octubre, noviembre y diciembre para acercarnos lo más posible a la inflación del 2018”. Antes afirmó que esa evolución “superará el 40% y que el propio gobernador asumió que el ‘gasto’ es del 21%”, “teniendo en cuenta solo las primeras categorías del escalafón”.

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En otra parte, UPCN reiteró su pedido y “necesidad de recomposición salarial por inflación de los años 2016 y 2017, que fueran acordados” en el Consejo de la Función Pública en 2016 y 1/2017”. Agregan el reclamo que “los salarios familiares alcancen mínimamente a los montos que son abonados por ese concepto a nivel nacional”.

En relación al adicional por ‘indumentaria’, el gremio pide que se “establezca como fijo percibirla en febrero y sea el equivalente a dos mudas completas de ropa para los trabajadores, sobre todo tomando como parámetro el costo de la indumentaria necesaria para los agentes que realizan tareas de limpieza y cocina en las escuelas y organismos y a los enfermeros de los hospitales y salas de atención”.

Otros puntos se centran en “la incorporación al básico del concepto de Complemento al Mínimo de las Categorías 1 a 8 de la Ley 1844”, “la reconstrucción de la carrera de los agentes (ex Saersa) reincorporados al Estado”, “la puesta en práctica del escalafón laboral previsto en la Ley 3487, en consonancia con la Modernización del Estado” y “aumento del valor del ‘punto de guardia’ para los licenciados y profesionales de Enfermería (Ley 1904)”.

Cierra la misiva a Weretilneck con su postura crítica a la incorporación de ATE en el Consejo de la Función Pública, en iguales condiciones que UPCN, entendiendo que esa “reforma de la Ley 3052” es nula de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 23551.