Aranceles por transmitir audio y TV: suspenden el cobro a cabañas y hoteles rionegrinos

La Legislatura aprobó un proyecto anti-cobro de aranceles por Propiedad Intelectual de las señales de audio y televisión que se reproducen en hoteles y cabañas. Puntualmente, la iniciativa suspende -por un año- la ejecución de los juicios o medidas cautelares exigiendo el pago por el derecho de autores a partir de la contratación de aquellos servicios, cuya exigencia generó el rechazo de hoteleros en la provincia.

La suspensión es una medida temporaria a la espera de la modificación de la ley de Propiedad Intelectual, alentando que se diferencien los espacios públicos y privados de los alojamientos. En la misma línea, corresponde al Poder Ejecutivo Nacional exigirle a las entidades que agrupan a los autores que dispongan de “un sistema de cobro transparente, razonable y equitativo”.

El proyecto tuvo el respaldo unánime. El mismo -que fue presentado por los oficialistas Leandro Lescano, Facundo López, Alejandro Palmier y Mariana Domínguez Mascaró- se originó en el reclamo inicial de unos 150 cabañeros y hoteleros de Bariloche aunque, luego, la inquietud se extendió a toda la provincia. Estos prestadores de servicios recibieron intimaciones de pagos de elevadas sumas (algunas de hasta 400 mil pesos), llegando a los cinco años, por la aplicación de la ley de Propiedad Intelectual. Las exigencias partieron de la Asociación Argentina de Intérpretes y la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (AADICAPIF); La Sociedad General de Autores de la Argentina de Protección Recíproca (ARGENTORES); La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Interpretes (SAGAI), la Sociedad de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) Sociedad Argentina de Autores Intérpretes y Compositores (SADAIC) y la Unión Argentina de Artistas de Variedades (UADAV).

Lescano destacó que la Legislatura encontró la forma de “intervenir a partir de propiciar la suspensión por 360 días de ejecuciones y medidas cautelares hasta que se debata la modificación de la Ley de propiedad intelectual en el Congreso”. La Ley nacional 11.723 no considera que el cobro de esos aranceles “dañan la economía de cabañas y hoteles más pequeños”. El sector tributa -según la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica- a las cinco entidades “por tener una TV apagado en una habitación” y se aplican los aranceles totales puede equivaler su costo a un “monto similar a los ingresos brutos”.

Frente a las intimaciones, cabañas y hoteles asumieron “acciones para mitigar los gastos”, como “retirar las TV de las habitaciones y constatar dicha actuación ante escribano público, haciendo frente a los costos económicos (escribano y pérdida de clientes); acudir a abogados para poder subsanar la situación; firmar convenios con las entidades demandantes, sin tener información transparente, equitativa y razonable sobre dichos acuerdos; dar de baja sus establecimientos por no poder afrontar los cobros estipulados y la pérdida de puestos de trabajo”.