Vecinos lindantes a la Isla 132 exigen una audiencia pública
Se trata de la comisión del barrio Río Grande, que se opone al cambio de uso del sector impulsado por el intendente Mariano Gaido. Ya hicieron la presentación formal en el Deliberante.
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La iniciativa del intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, de transformar la Isla 132 en un “Puerto Madero” frente al río Limay cosechó esta semana un nuevo rechazo.
La comisión vecinal del barrio Río Grande, lindera a la Isla, presentó una nota en el Concejo Deliberante para solicitar que se llame a una audiencia pública en la que se discuta el cambio de uso residencial que pretende tanto el MPN como un sector de Juntos por el Cambio.
La iniciativa que el intendente reflotó de la gestión quiroguista, ya cosechó un rotundo informe técnico en contra del Colegio de Ingenieros en la ciudad (ver aparte).
La propuesta colectó inicialmente oposiciones políticas en el seno del Deliberante, y luego organizaciones intermedias como un nuevo Foro en Defensa del Espacio Público, se organizó en una campaña de recolección de firmas para solicitar el retiro del proyecto oficial.
El planteo de una audiencia pública fue entregado el jueves al mismo bloque del MPN, según explicaron desde la comisión vecinal, porque era el que estaba en forma presencial en el recinto.
La nota también fue remitida al defensor del Pueblo de la ciudad, Ricardo Riva , para gestionar a través de la entidad, la audiencia pública.
“Hicimos un informe reducido para informar a los vecinos, que estaban planteando este debate en las redes”, dijo la presidenta de la comisión, Marta Vega.
La Isla es parte del Paseo de la Costa, está ubicada en el río Limay entre las calles RÍo Negro y Linares. La comisión vecinal tiene su zona de injerencia desde la Gatica hasta Río Negro, entre el río Limay y el arroyo Durán.
Según explicó Vega, los usos de los suelos de la ribera del Limay son una preocupación constante de quienes integran la comisión de vecinos, y cuando surgió el debate por la presentación del proyecto de Cordineu, impulsado por la gestión del MPN, se profundizó la discusión y la búsqueda de informes para tomar una postura.
“No tenemos una ley de línea de ribera en la provincia, sólo un código del agua; consideramos la Isla 132 como parte del barrio, y somos linderos a la isla, todo lo que ocurra allí nos impacta en forma directa”, sostuvo la vecinalista.
El pedido fue de no innovar en los usos actuales permitidos para la Isla frente al río Limay. Además se solicitó el rechazo de la propuesta oficial de autorizar la residencia permanente en los edificios existentes y que “se formule una audiencia pública, como mecanismo de democracia semi directa “ para promover la participación de organismos nacionales como la AIC, Prefectura y de organizaciones a modo de una “política pública participada” como alternativa a las gestiones “no empresariales” de los Estados.
El planteo de la comisión incluso avanzó hacia la necesidad de disolución de Cordineu como ente de administración de las urbanizaciones de las tierras ribereñas, para que ese rol lo desempeñen los estados municipal, provincial o nacional según corresponda.
Luego del informe que presentó en la comisión de Obras Públicas el Colegio de Ingenieros, no hubo despacho ni se avanzó en un nuevo tratamiento del tema en el Concejo Deliberante.
Debido a los feriados y las nuevas medidas de restricción, no se prevé en los próximos días movimiento del expediente, que está bajo análisis de los concejales.
El poroteo indica que hay siete votos en contra de cuatro bancadas políticas diferentes, y nueve a favor.
La vecinal de Río Grande puso en tela de juicio el rol de Cordineu en la toma de decisiones sobre el uso del suelo: “donde cada uno de los integrantes en representación del Estado termina teniendo intereses de una SRL, en detrimento de los intereses de los ciudadanos”.
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