Una situación humillante

Aunque muchos de los personajes que, antes de fines del 2001, solían afirmarse convencidos de que al Estado argentino le convendría declarar ilegítima la abultada deuda pública para después, decían con unción, emplear el dinero así ahorrado para construir clínicas y colegios o para“luchar contra la pobreza”, ya se habrán dado cuenta de que no entendían nada de cómo funciona el mundo actual, por distintos motivos el gobierno del presidente Néstor Kirchner se siente obligado a reivindicar tácitamente aquella tesis tan disparatada como interesada. Sin embargo, si bien para el consumo interno el gobierno está tratando de actuar como si creyera que negociar “con dureza” es una forma de defender la dignidad nacional y que por lo tanto los acreedores, tanto argentinos como extranjeros, tendrán que someterse a sus dictados, la verdad es que se encuentra en una situación muy humillante. Además de tener que planear los viajes del presidente de tal modo que se reduzca al mínimo el riesgo de que grupos de bonistas extranjeros se las arreglen para que las autoridades locales embarguen su avión, a los estrategas oficiales les es necesario pensar en la posibilidad, acaso remota pero no por eso meramente fantasiosa, de que a algún juez extranjero se le ocurra “embargar al país”, o sea, ordenar la incautación de los bienes, los que por fortuna son escasos, del Estado ubicados en el exterior. Para colmo, según se informa, a ciertos abogados empleados por los llamados “fondos buitres” les encantaría que el presidente Kirchner se viera citado por un tribunal estadounidense para que declarara bajo juramento la ubicación precisa de dichos bienes, plantea que, de prosperar, lo obligaría a elegir entre comparecer y ser calificado de “prófugo”.