Una investigación que lleva tres jueces

La investigación por el robo de bebés en centros clandestinos de detención de la dictadura es la más antigua que se tramita en los Tribunales Federales de Retiro y nunca fue cerrada, pese al dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final del gobierno de Raúl Alfonsín.

Esto fue así porque la «sustracción, ocultamiento y supresión de identidad» de menores no fue incluida en esa legislación como adjudicable a la «obediencia debida» militar.

La pesquisa pasó por tres jueces desde la denuncia original de Abuelas de Plaza de Mayo que recibió y comenzó a investigar en 1996 el entonces juez federal Adolfo Bagnasco.

El 29 de diciembre de 1998 el juez ordenó la captura del por entonces libre ex miembro de la Junta Militar Rubén Franco y el 20 de enero de 1999 tomó una decisión similar para con Reynaldo Bignone.

El cargo principal contra ambos fue haber sido artífices como miembros de la última Junta Militar, junto al también apresado Cristino Nicolaides, de la «garantía de impunidad» que significó la redacción de un documento final sobre lo ocurrido en la «lucha contra la subversión» y la sanción de una ley de autoamnistía.

Con la renuncia de Bagnasco, quien se volcó a la actividad privada, la causa quedó a cargo del juez federal Jorge Urso. Finalmente, el por entonces fiscal Guillermo Montenegro fue nombrado por concurso titular del juzgado dejado libre por Bagnasco y se convirtió en el magistrado encargado de enviar a los acusados a juicio oral, como acaba de pedirle el fiscal Federico Delgado.(Télam)