La trama del crimen que conmociona a Cutral Co con una polémica acusación
Hay cuatro detenidos con prisión preventiva. La fiscalía modificó la acusación de manera sorpresiva. Los entretelones de la investigación. Qué pidieron los padres de la víctima.
Una imagen del cabo asesinado se descubrió en la sede policial en la que trabajaba Nahuelcar. Foto Neuquén Informa
Un Tribunal de Impugnación definirá hoy al mediodía la situación de cuatro personas acusadas de participar en el asesinato del cabo de policía Luis Gabriel Nahuelcar, ocurrido en Cutral Co el 1 de enero de este año a la mañana. Los jueces deben definir si confirman la prisión preventiva por dos meses que pesa sobre los sospechosos. La estrategia errática de la fiscalía, que acusó a dos personas distintas del homicidio, las pruebas que todavía no aparecen y el malhumor por el crimen en la Policía y en la comarca petrolera se combinan en uno de los casos más complejos de los ocurridos este año.
El actual acusado por la fiscalía de ser el autor material del homicidio es Miguel Ángel Díaz, mientras que como partícipes primarios están sindicados Walter Díaz, José Culliqueo y José Espinoza.
Espinoza estuvo seis meses detenido como autor material del disparo que terminó con la vida del policía. Ahora sigue preso, pero le atribuyen otra participación igual de grave.
También se involucra a Lautaro Campos, quien era menor al momento del hecho y es el único en libertad.
El Tribunal que resolverá está integrado por Daniel Varessio, Fernando Zvilling y Florencia Martini. El fiscal jefe que interviene es Santiago Terán, la defensora de Circunscripción es Marisa Mauti y la familia del cabo Nahuelcar, que tenía 24 años, está representada por Nahuel Urra y Alejandro Casas.
El primer sospechoso
El crimen ocurrió el 1 de enero de este año en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co. De acuerdo con la primera teoría del hecho de la fiscalía, que presentó Marisa Czajka el 6 de enero, fue entre las 8:30 y las 9:15 en la calle Zapala, entre 9 de Julio y Urquiza.
Allí estaban los bomberos voluntarios apagando un incendio, y «un grupo de revoltosos» entre los que estaban los ahora imputados les arrojaban «piedras y botellas» desde la esquina de Zapala y Buta Ranquil, donde vive Espinoza.
Policías motorizados llegaron para darles apoyo a los bomberos y dispararon postas de goma contra los jóvenes. Uno de ellos era Nahuelcar.
Cuando estaba semiagachado recargando su arma, relató la fiscal Czajka en esa audiencia del 6 de enero, el cabo recibió un balazo calibre 22 que atravesó el casco y le ingresó por la nuca, del lado derecho. Murió a las 15 en Neuquén.
La fiscal aseguró que según los testigos, el autor del disparo mortal «es Espinoza», quien utilizó una carabina calibre 22 que luego arrojó en una vivienda mientras escapaba.
En base a pruebas que apenas mencionó, dijo que Espinoza «se posiciona en el portón de su vivienda y dispara contra el policía con la clara intención de darle muerte. Seleccionó su objetivo, fue una muerte artera», aseguró.
Lo acusó de homicidio triplemente calificado: por ser la víctima un policía, por alevosía, y por el uso de arma. La pena, prisión perpetua.
La detención
En esos días Cutral Co estaba conmocionada. Había urgencia por resolver el caso, y Espinoza era un sospechoso potable.
«Pertenece a una familia que trasgrede permanentemente la ley penal», lo describió la fiscal. Recordó que su padre está con prisión preventiva por homicidio: lo acusan de asesinar a Matías Moreno, en septiembre de 2019. La familia también fue acusada de haberse tiroteado con Diego San Martín el día que una bala mató al niño Luciano, que jugaba en la vereda de su casa, en octubre.
A José Espinoza, de 19 años, lo detuvieron 3 días después del homicidio de Nahuelcar, a las 21, en un paraje cercano a Challacó. Fue un procedimiento confuso en el que el acusado recibió un balazo calibre 38 en el vientre, al que sobrevivió. Según la policía, el arma le pertenecía y el disparo se escapó en un forcejeo.
La fiscalía pidió 8 meses de prisión preventiva, el juez Mario Tomassi le concedió 6.
Lo que se supo mucho después públicamente es que uno de los elementos que se usó contra Espinoza en el comienzo de la investigación fue la declaración como testigo de un joven que el 1 de enero estuvo en el escenario del asesinato del policía, llamado Miguel Ángel Díaz y apodado «Tuerto».
El segundo sospechoso
A Miguel Ángel Díaz le dicen el Tuerto porque, literalmente, le falta un ojo.
Desde que ocurrió el crimen del policía Nahuelcar se quedó en el barrio al igual que el otro Díaz, Walter, y el menor Campos, que cumplió los 18 en marzo, y Culliqueo. A duras penas terminaron la primaria, son albañiles cuando consiguen trabajo.
Según los describe el fiscal Santiago Terán, «son periféricos. Periféricos urbanos. Viven al borde del desierto».
El 5 de julio pasado, justo cuando se cumplían los seis meses de prisión preventiva de Espinoza, los cuatro fueron detenidos.
Para ese entonces se sabía que el ADN encontrado en la carabina 22 que apareció tirada cerca del escenario del crimen de Nahuelcar no pertenecía a Espinoza, y que los testigos que decían haberlo visto apoyarse en el portón, apuntar y disparar contra el cabo, no eran sólidos. El acusado tenía muchas chances de recuperar la libertad y la causa quedarse sin sospechosos.
Pero el 6 de julio, en una nueva audiencia de formulación de cargos, el fiscal Terán sorprendió con una revolucionaria teoría del caso.
Ajustó el horario del crimen: fue entre las 9 y las 9:15. Los «revoltosos» que molestaban a los bomberos eran en su nueva versión un grupo organizado que se dividía tareas. Ya no arrojaban botellas, sólo piedras. El tirador que utilizó la carabina fue Miguel Ángel Díaz, y no desde el portón de la casa de Espinoza, sino encaramado al paredón de la vivienda y oculto detrás del follaje de un olmo.
Terán acusó a Miguel Ángel Díaz de autor material de homicidio triplemente calificado, y a Walter Díaz, Luis Culliqueo y Luis Espinoza de partícipes primarios. A todos les correspondería prisión perpetua. Pidió para ellos 6 meses de prisión preventiva.
El juez Mario Tomassi le concedió cuatro meses, y al día siguiente un Tribunal de Revisión, en fallo dividido, lo rebajó a 2 meses de preventiva con los votos de Diego Chavarría y Juan Balderrama. La tercera integrante, Carolina González, votó por anular la resolución anterior y dictar una nueva «de mejor calidad».
La defensora Marisa Mauti y el fiscal Santigo Terán impugnaron. Esa es la decisión que debe tomar hoy al mediodía el Tribunal de Impugnación.
Las pruebas
El fiscal jefe Terán dijo que tiene «toneladas de pruebas» en contra de los imputados, pero no las mencionó individualmente. Es muy probable que sea su estrategia procesal, para volver a sorprender.
Lo que trascendió es que en el legajo hay un fragmento de bala con una estría, que podría corresponder a la carabina calibre 22 largo que fue hallada en una vivienda cercana al lugar del hecho.
En esa carabina hay rastros de ADN. Ya se sabe que no pertenecen a Espinoza, el primer sospechoso. Los otros detenidos aceptaron someterse a la prueba, cuyos resultados se esperan para los próximos días.
También hay un video casero en el que se observa a los imputados en el lugar del crimen, menos a Miguel Díaz. Para el fiscal es un claro indicio de la división de tareas: mientras unos distraían a los policías, el señalado como autor material se posicionaba para disparar fuera del alcance de la filmación.
En el video se escucha, entremezclado con los disparos de las escopetas policiales, la detonación de la carabina, pero no se observa al tirador.
La querella mencionó, en una audiencia, a dos sargentos como testigos directos. No se volvió a hacer referencia a ellos.
También se dijo que hay más vecinos dispuestos a declarar, que no hablaron hasta ahora por temor.
El cambio de estrategia
«Me tomé cinco meses para investigar esto pausadamente», dijo Terán. Se plantó como un investigador que venció una supuesta estrategia criminal: «Díaz lo vendió a Espinoza, así se lo captura», reveló. «Los demás se creyeron que la fiscalía no iba a salir de cacería del resto del grupo. Los dormimos», afirmó.
La defensora Mauti preguntó por qué la banda se quedó en Cutral Co en vez de huir de la ciudad, ya que había cometido un hecho tan grave.
«Por el covid», respondió Terán.
«¿Y por qué les van a dar prisión preventiva, si por el covid no se van a ir a ningún lado?», repreguntó Mauti.
«No les interesa el covid. Si no les interesa a los común y corriente, a la gente hasta con estudios, ¿se creen que le va a importar a esta gente?», replicó Terán.
Su teoría es que se fugarán porque le temen más a la prisión perpetua que se avecina, que a la pandemia.
El dolor de la familia
Algo singular ocurrió en la audiencia de ayer miércoles. Se hizo, como las anteriores, vía Zoom, y participaron los padres del cabo Nahuelcar.
La defensora Mauti pidió que les dieran la palabra, porque les corresponde por ley, algo que la querella no había hecho en ninguna audiencia.
«Lo único que pido es que sean conscientes de la decisión que van a tomar», dijo la madre a los jueces. «Mi hijo no tuvo ni derechos ni garantías, fue condenado a ser asesinado. No tuvo ninguna posibilidad de defensa».
El padre, policía retirado después de 25 años de servicio, remarcó que el cabo «era un funcionario público, auxiliar de la justicia, le quitan la vida cumpliendo sus funciones. Juramos dar la vida por la sociedad, mi hijo juró y perdió su vida».
«Nos costó mucho llegar a lo que hoy estamos, y todavía nos quedan cosas para producir, para llegar bien al juicio de estas personas. Lo único que pido es que piensen que hay una familia que perdió un hijo y que le cambió toda la vida. Esto es un dolor que llevamos todos los días», agregó.
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