Una docente neuquina envuelta en un entramado judicial en Mendoza

Una fiscal de San Rafael intentó llevar a prisión a una docente neuquina por un supuesto entorpecimiento en la investigación de una causa penal por obstrucción e impedimento de contacto. Alejandra Becerra, representante del Ministerio Público Fiscal de la ciudad mendocina, le solicitó al juez Sergio González esta medida luego de que la imputada realizará un cambio de defensor.

La fiscal entendía que el cambio de defensor impuesto por la mujer era una medida dilatoria. Sin embargo lo solicitó sin la presencia del -nuevo- defensor de la docente que estaba en otra audiencia. En ese contexto, le pidió al defensor oficial Jorge Vitale, recusado horas antes, que la defienda. El defensor descartó totalmente esa posibilidad y advirtió que se estaban vulnerando los derechos de defensa.

El hecho ocurrió el martes en una sala de audiencias de San Rafael. Un día antes dispuesto el inicio al debate oral y público que tiene imputada a una profesora neuquina y que está acusada de obstaculizar e impedir el contacto de un menor de 14 años con el padre, querellante en la causa.

La investigación comenzó en 2009 y 10 años después, por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, llega a juicio. El conflicto también tiene una pila de expedientes en el fuero de Familia.

Actualmente está en la Corte Suprema a la espera de una resolución tras el recurso extraordinario que impuso el padre del menor, juez penal de Mendoza, quien no está de acuerdo con el régimen de visita que impuso un juez de Familia.

El lunes, previo al inicio del juicio hubo una audiencia para tratar la posible anulación. El juez rechazó el pedido y se propuso un cuarto intermedio para intentar una resolución alternativa al conflicto.

En ese ínterin, que duró varias horas, hubo reuniones de todo tipo para buscar una solución y evitar el debate penal; el defensor oficial se reunión con el querellante, buscó consenso con la docente, incluso la fiscal se reunió con el menor en su oficina sin el consentimiento de la madre, ni la presencia de un defensor de menores.

Vitale intentó que su defendida llegue a un arreglo. Incluso le advirtió a la mujer que tenía muchas chances de ser condenada.

El acuerdo abarcaba varios puntos que fueron solicitados por la querella.Entre ellos que la revinculación debía hacerse en San Rafael y el joven debía viajar cada 20 días a la ciudad mendocina con todos los gastos a cargo de la madre.

Estos requisitos eran innegociables. Finalmente se decidió retomar el martes con un peritaje al menor para que sea escuchado. Sin embargo el perito fue propuesto solo por la querella. Ante esta situación la imputada decidió recusar al defensor oficial y buscó un abogado particular.

El martes por la mañana, el nuevo abogado Waldo Torres, llegó a la audiencia fijada a las 8 y solicitó tiempo para “estudiar el caso”. Inmediatamente bajó un piso donde se estaba llevando a cabo el primer juicio por jurado en la ciudad mendocina, él es parte en ese debate.

Ante esto, la fiscal solicitó la preventiva y le pidió al defensor oficial, a quien la imputada había recusado horas antes, que se haga presente para la docente tenga una defensa. Cuando se reanudó la audiencia a las 13 Becerra omitió el pedido al juez y se concedió el pedido de Torres de prologar el inicio del debate.

Actualmente la causa del fuero de Familia está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El querellante interpuso un recurso extraordinario ante el máximo órgano judicial luego de la decisión de la Corte Suprema de Mendoza de confirmar el fallo de primera instancia sobre el régimen de visitas impuesto por un juez de Familia.

En 2013 la Justicia dispuso un régimen en el cual la madre del menor debía mandarlo una vez por mes a la ciudad medocina para que vea a su padre en San Rafael. A su vez el padre tenía que venir a la región, con la misma periodicidad, para contactarse con su hijo.

El menor fue en agosto de 2013 para comenzar a cumplir con régimen pero el padre no cumplió y no lo visitó cuando le correspondía. A partir de esto se cayó el acuerdo. El padre del menor apeló todos los regímenes de visita que impuso Familia.