Un proyecto para brindar conectividad: buscan que Internet sea un servicio público

Desde el comienzo de la pandemia, Internet se ha transformado en uno de los servicios más utilizados en todo el mundo. Sin embargo, en nuestro país la prestación no solo es deficiente, sino que suele contar con tarifas elevadas y no cubre todo el territorio nacional.

Con esto en mente, el senador nacional del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, presentó semanas atrás un proyecto de ley para declarar a Internet como servicio público. La presentación tuvo el objetivo de acompañar el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/21, impulsado por Alberto Fernández; pero también darle un contexto más abarcativo a esta iniciativa.

Luenzo, Presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión en la Cámara Alta, pasó por los micrófonos de En Eso Estamos (RN Radio 89.3) y aseguró que “venimos insistiendo con darle un carácter de servicio público a Internet desde hace años. Se hicieron varios intentos, y creo que la pandemia nos terminó dando la razón, es donde más en evidencia se puso la necesidad de que los argentinos tengan acceso a Internet”.

Según Luenzo, la presentación de la ley responde a que “tenemos una asimetría que hay que resolver en Argentina. No somos todos iguales. Incluso se da la contradicción de que cuando más alejado estás de los centros urbanos, la conectividad es más deficiente y más cara. Lo que hay que hacer es incorporar, en principio, el decreto 690, que ha sido judicializado”, explicó.

En relación a la presentación del DNU realizado por Alberto Fernández, Luenzo dejó en claro que “hablamos de la necesidad de que el Estado intervenga en la formación de precios. Inclusive garantizamos que los precios deben ser justos y razonables, que deben cubrir los costos de explotación, que se debe atender a una prestación eficiente, un margen razonable de operación… Bajo ningún punto de vista nos apropiamos de la rentabilidad”.

Claro, a la hora de pensar en Internet como un servicio público, las empresas prestadoras se apresuraron a defender sus intereses. Sin embargo, Luenzo aseguró que se garantizará la competitividad. Y dejó en claro que el problema, en todo caso, no es económico: “Si vos tomás el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, las compañías de telecomunicaciones han triplicado sus ganancias. Han distribuido dividendos por algo más de 470 millones de dólares. Es un problema político el que plantean las empresas que se niegan”.

En la región, el costo promedio de los paquetes básicos (tomando como ejemplo a Fibertel y Movistar) ronda entre los $1.500 y $2.000, pero con un pequeño truco: la promoción por un año. Pasado el plazo, aumenta a un promedio de $3.800 mensual. Carito para el servicio básico, que ronda entre 10 y 50 megas.

La presencia del Estado en la formación de precios es importante en tanto funciona como mediador. “Al declararlo un servicio público en competencia, garantizamos que el privado va a seguir trabajando como hizo hasta el momento; pero que a la hora de definirse los servicios, coberturas y tarifas, el Estado va a estar sentado en la mesa. Así se hizo en los primeros momentos de la aplicación del decreto 690, con una Enacom responsable. Nosotros no vamos a negarnos a la rentabilidad de las compañías”, insistió Luenzo. Añadió que “el Estado debe poder intervenir en la elaboración de una tarifa acorde. Pretendemos mínimamente que un núcleo básico de servicios de Internet, telefonía móvil y televisión se pueda garantizar a todos los argentinos. Y hacer cumplir un plan de expansión”.

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Hay otro aspecto clave del proyecto de ley: “lo que hacemos en casos extraordinarios es obligar a las compañías a dar acceso a Internet en escuelas y espacios sanitarios. Es para que se garantice, sin costo, el acceso a la educación y a la salud”, comentó.

Garantizar la conectividad para todos los habitantes. Pagar tarifas acordes. Tener un paquete básico a mano. Contar con un servicio efectivo, que llegue a todos los rincones. Con esos objetivos, el proyecto de ley que buscar declarar servicio público a Internet ya está en marcha. Ahora será cuestión de esperar su avance.

La situación del DNU y el contexto global

“El decreto y la ley apuntan a lo mismo en cuanto al acceso a Internet, la telefonía móvil y la televisión paga. Lo que pretendemos nosotros es que exista un paquete básico universal de acceso para todos, que haya un parámetro determinado por la Enacom (la autoridad de aplicación), pero nosotros seguimos el espíritu del decreto 690”, explicó Luenzo.

Respecto a este proyecto, el senador hizo una comparación con el panorama internacional: “Es lo que corresponde, son tres pilares básicos para trabajar en universalizar derechos, como el acceso a la información. Eso es algo que está incorporado en muchas legislaciones a nivel mundial, no estamos descubriendo nada nuevo. Muchos países, inclusive latinoamericanos, consideran Internet como un servicio público porque garantiza otros derechos”.

Para cerrar, Luenzo aseguró que “nosotros no vamos a fundir a ninguna empresa ni nada por el estilo. Simplemente, si vos estás explotando un servicio público, te tenés que sentar con el Estado que es el que nos va a representar a todos”.