Un gabinete “solidario” con Soria: por qué cayó la denuncia de sobresueldos
La fiscal no encontró delito porque los descuentos del 6%, destinados al "Proyecto Político" del exintendente eran voluntarios.
Soria y los integrantes del Tribunal de Cuentas, que fueron denunciados pero a su vez propiciaron un expediente interno que concluyó que no hubo sobresueldos.
No era un descuento compulsivo del 6% de cada sueldo político para consolidar un sobresueldo destinado a Martín Soria. “Era un fondo solidario en función al proyecto político del momento y no era usado para cuestiones personales del intendente de turno”. Esa fue la conclusión a la que arribó la fiscal Julieta Villa, un año y siete meses después de recibir la denuncia penal por peculado contra el exjefe comunal de Roca y contra varios de funcionarios de la gestión municipal.
La representante del Ministerio Público desestimó hoy las acusaciones, considerando que el aporte era “voluntario” y que el mecanismo desplegado pudo haber sido “desprolijo”, pero no constituyó un accionar delictivo.
“Los fondos se utilizaban para solventar las demandas diarias del proyecto político, ya que para ello no se utilizaban fondos públicos, sino que se gestionaba con los aportes de quienes creían en el proyecto”, escribió Vila en el decreto de desestimación de actuaciones que se conoció esta mañana.
La denuncia había sido presentada por el abogado Nicolás Suárez Colman, quien aseguró el 28 de marzo del 2019 que Soria y un grupo de funcionarios “con el fin de procurar para sí o para terceros un lucro indebido… habrían retenido y destinado a otros fines un porcentaje de los haberes de los funcionarios públicos… suma que la Tesorería Municipal entregaría en mano al Intendente Soria”.
Además del exintendente y actual diputado nacional fueron acusados Mariana Soler, exsecretaria de Hacienda y actual titular de Gobierno; Roxana Vallogia, exdirectora de Contabilidad y Finanzas; y los exmiembros del Tribunal de Cuentas, Marta Liliana Pellegrini, Juan Pablo Urquiaga y Luciana Osacar.
A pesar de que estos tres últimos contralores estaban entre los denunciados, para la fiscal tuvo peso un expediente del mismo Tribunal de Cuentas, que entendió “que no existía pago de sobresueldos a ningún funcionario y por ende, que no existía perjuicio al erario público municipal, ni transgresión a las normas legales vigentes o procedimientos aplicables”.
En el expediente también tuvo participación como perito el contador Gastón Lehner, quien concluyó que “resulta probable, que la retención efectuada sobre el importe a cobrar (según recibo) se realice en el mismo Municipio en forma previa al depósito -y que desde el Municipio se informen al Banco importes a acreditar a los empleados, menores a los que indican los recibos-«. Por eso sugirió que se le soliciten a la Municipalidad los expedientes administrativos de liquidación y pagos de salarios, incluyendo las órdenes de pago y las comunicaciones efectuadas a las entidades bancarias correspondientes, en relación a los montos a acreditar en las cuentas de los empleados involucrados.
Lehner consideró necesario también que se cuente con las auditorias de sueldo llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas.
Luego de eso, Soria aportó un informe y documentación relativa a lo sugerido por Lehner, refiriendo que no existe normativa municipal que prohíba el mecanismo de descuentos de aportes voluntarios -realizados por planilla-, asegurando que “el mismo es de larga data y usual, no habiendo recibido reclamo alguno por parte de los funcionarios que realizaron el aporte en cuestión”.
En relación a las auditorias sobre los sueldos de los empleados y funcionarios del Municipio, Soria dijo que se realizaban en forma mensual, en tiempo real y mediante el mecanismo digital de acceso a liquidación de sueldos, vía plataforma digital de gestión municipal «Civitas», con el cual cuenta el municipio desde el año 2006. A partir de ese detalle justificó que no quedaran registros, “excepto de detectarse alguna inconsistencia o error, en cuyo caso es informado a la Dirección correspondiente”.
En relación al procedimiento contable de detracción de aporte voluntario, el exintendente informó que operaba “luego de liquidado el sueldo y realizado el salario del funcionario por parte del Departamento de Liquidación de Haberes, emitiendo la Tesorería las correspondientes órdenes de pago, según los requerimientos de esa área”.
Luego de eso, se convocó a entrevista con la Fiscalía a 32 integrantes del equipo político del municipio. Todos dijeron lo mismo: los aportes fueron voluntarios. Sólo una persona, Martín Musso, no dio su testimonio, por razones de salud.
“Con la vasta evidencia recolectada hasta el momento, entiendo que estoy en condiciones de resolver el destino de la presente investigación, adelantando que no cuento con los elementos de cargo necesarios para avanzar con la pesquisa, ya que si bien fue administrativamente «desprolija» la manera de recaudar los fondos para solventar el proyecto político de Martín Soria, no se reúnen los elementos típicos necesarios para encuadrar los hechos investigados, en por lo menos una figura penal típica”, afirma la fiscal Villa.
De acuerdo con la resolución firmada hoy, “no se pudo probar que el destino de los fondos sea para provecho personal del ex Intendente o de los funcionarios cuestionados”.
“Por el contrario, quedó evidenciado que dichos fondos eran utilizados para solventar los gastos del proyecto político y para distintas obras de bien común, destinadas a los vecinos más carenciados”, expresa la funcionaria judicial que investigó el caso.
“El aporte de los funcionarios era voluntario, no estaban compelidos a realizarlo. Ello surge con total claridad de las entrevistas recepcionadas en esta sede -una vez finalizada la gestión «Martín Soria»-, donde los declarantes fueron contestes en afirmar que no estaban en desacuerdo en la manera en que se llevaba a cabo la recaudación de dinero, ya que era lo que se estilaba desde hacía mucho tiempo en la esfera municipal local. Es importante destacar que muchos de los funcionarios convocados, no forman parte de la actual gestión municipal, y aún así manifestaron haber dado su consentimiento”, agrega la resolución.
El escrito firmado por Villa sostiene que “no se pudo probar ningún tipo de perjuicio encuadrable en una figura penal típica donde se vea afectado directa o indirectamente el «Estado», ya que la partida presupuestaria cuestionada estaba destinada a «Sueldos», y ello tiene su destino en el bolsillo de cada uno de los funcionarios, quienes fueron claros en no sentirse perjudicados por el mecanismo utilizado”.
La fiscal consideró que “si bien sería lo «correcto» que el sueldo de cada agente sea bancarizado en su totalidad, la manera en que se materializó, no contradice norma penal alguna”.
El destino de los aportes voluntarios tiene por objeto que dichos fondos sean utilizados en los gastos y demás costos que el desempeño de la actividad política demande.
Respuesta del exdirector general de Asuntos Jurídicos y Técnicos del municipio, Santiago Silva, incorporada al expediente.
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