Un fallo judicial poco común, contra la violencia de género

Un reciente fallo judicial sobre violencia de género, temática lamentablemente cada vez más frecuente, llamó la atención.

En esa resolución el juez penal de Viedma, Carlos Mussi, no sólo procesó con prisión preventiva por desobediencia judicial al hombre de la pareja en riesgo sino que ordenó a distintos organismos creados para contener esta problemática que “se ocupen del tema”, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y para evitar males mayores.

En la orden de dar respuestas urgentes el juez dispuso que el ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, en forma inmediata y articulada con el Consejo Provincial de la Mujer “presente ante ese tribunal, un plan de abordaje respecto del conflicto intra familiar de violencia que se presenta en este caso”. Además y encomendó a la Fiscalía que a través de la Ofavi intervenga para realizar un seguimiento sobre la mujer víctima y su grupo familiar. También pidió atención al hospital Zatti y a la Oficina de la Mujer del Poder Judicial “para articular con las demás áreas el abordaje de esta situación”.

En este caso se trata de una pareja conformada hace siete meses y que mantuvo una convivencia de seis interrumpida por denuncias de violencia de género presentadas más de una vez que fueron retiradas para regresar a la convivencia.

Una relación que camina por la cornisa con la dramática posibilidad de caer al vacío y que el resultado sea irreversible. Como tantos otros, en los que la reiteración de conductas llevó a la tragedia con la pérdida de una vida y la huella irreparable para muchos, especialmente cuando en el medio las criaturas son las testigos inocentes y las más castigadas.

Cuando esto ocurre es imposible no preguntarse ¿que pasó en el medio?. En la mayoría de los casos hubo más de una denuncia pero no sólo existe la Policía para recibirla y la Justicia para resolver la situación procesal del denunciado. Queda la víctima -casi siempre con hijos- y sin ingresos que garanticen un plato de comida. Y de ellos, del fondo de esa cuestión ¿quién se ocupa?.

Da la impresión que pocos, a pesar que son muchos los sueldos del Estado que se destinan para que se cumpla con esa contención que parece no llegar nunca. O que es insuficiente. En este caso no llegó. De lo contrario esta mujer no habría sido maltratada más de una vez. Ni tampoco el juez se habría visto obligado a ordenar que “se ocupen con urgencia” a quienes les corresponde hacerlo.

Alguien podrá decir que no actuaron porque no se enteraron. Y si fue así igual algo funciona mal. No hay coordinación ni una interrelación entre los organismos que deben ocuparse de esta problemática que le puede costar la vida a una persona. Un costo irreparable para no dar respuestas urgentes como las que requieren este tipo de situaciones tan vulnerables. El hombre detenido por desobedecer una orden judicial que le prohibía el acercamiento a su expareja quedará en libertad en los próximos días y su mujer -madre de dos criaturas- estará nuevamente expuesta y a la buena de Dios sino hay una respuesta a tiempo de todos los organismos que deben contener.

En ese marco sólo resta plantearse ¿cómo es posible que la Justicia ordene que se ocupen a quienes tienen la obligación de hacerlo porque para eso se les paga un sueldo?. El clamor por “Ni una menos”, compartido por la mayoría, será posible si se empieza por contener situaciones como éstas para prevenir un nuevo insulto, otro golpe y una víctima más.