Un año preso sin juicio: la trama del caso que puede cambiar una ley
El 9 de julio es una fecha límite para el Poder Judicial y para la Legislatura. Por qué un crimen resuelto en minutos nunca pudo llevarse a juicio.
Reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura para debatir el proyecto de prisión preventiva.
El 9 de julio de 2019 a las 6:17 de la mañana, Maximiliano Mérgola, entonces de 18 años, fue detenido en la calle Bahía Blanca al 800. Tenía las ropas y el calzado con manchas de sangre que el ADN demostraría después que pertenecía a Ernesto Rodríguez (36), quien yacía muerto a 300 metros de allí por golpes en la cabeza. Un asesinato brutal, con una víctima y un victimario que no se habían cruzado nunca antes en sus vidas, había sido esclarecido en minutos. Sin embargo, este crimen sin ninguna complejidad aparente se convirtió en un caso testigo que 8 meses después mantiene en vilo al Poder Judicial y a la clase política de Neuquén. ¿Por qué?
El próximo 9 de julio, Mérgola se convertirá en el primer detenido que cumple un año en prisión preventiva sin haber sido juzgado debido a la pandemia de coronavirus. Por aplicación automática del Código Procesal, quedará en libertad.
Es lo que quiere evitar el fiscal general José Gerez con su proyecto de ley para reformar el Código Procesal, que lo autorizaría a pedir hasta un año más de prisión preventiva.
Mérgola estuvo a punto de ir a juicio en febrero y en abril de este año. En ambas ocasiones las audiencias se suspendieron casi a último momento. De lo contrario, a esta altura ya estaría con un fallo firme, de condena o absolución.
Tiempos judiciales
El legajo, según pudo reconstruir Río Negro, no tiene nada fuera de lo común para los tiempos del Poder Judicial. Y sin embargo el vencimiento de su prisión preventiva se convirtió en la fecha límite para que la Legislatura se pronuncie sobre la ley Gerez.
El 10 de diciembre del año pasado, luego de la audiencia de control de acusación, la fiscal María Eugenia Titanti le pidió a la Oficina Judicial prioridad para realizar el juicio oral.
La fiscal de Homicidios fue previsora: con 30 testigos ofrecidos como prueba, era necesario reservar al menos cuatro días, y no es sencillo encontrar ese espacio en el calendario de juicios.
La Oficina Judicial se comprometió a fijar fecha en cuanto tuviera espacio en la agenda.
Asuetos y feria
El resto de diciembre hubo sólo 12 días hábiles, debido los asuetos y feriados de fin de año.
Pasó la feria judicial de enero, 22 días de semana en los que no se hacen juicios, a los que se sumaron los dos primeros días de febrero que fueron sábado y domingo.
Hasta allí, nada que el Poder Judicial considere fuera de lo común.
El lunes 3 se retomó la actividad en el Poder Judicial, y la fiscal insistió con la urgencia para realizar el debate.
La coordinadora general de Oficinas Judiciales, Gabriela Villalobos, respondió que tenía disponibles del 11 al 18 de febrero.
El director de Coordinación de la fiscalía, Gastón Rosenfeld, prestó acuerdo, pero el juicio no se pudo hacer porque el abogado querellante, Alejandro Bustamante, avisó que iba a estar de viaje de vacaciones entre el 8 y el 21 de febrero. Incluso entregó copia de sus pasajes.
Llegó la pandemia
El juicio se reprogramó para el 14 al 17 de abril. El 18 de marzo el gobierno nacional decretó el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, el Tribunal Superior de Justicia dispuso que podían realizarse todas las audiencias «a excepción de los juicios», y el debate se suspendió sin nueva fecha.
El derrotero de este legajo no avala la pretensión de la fiscalía de contar con un año más de prisión preventiva, sólo pone en contexto el caso testigo.
Del mismo modo queda en evidencia que Mérgola merecía esperar este juicio en libertad, y no bajo una prisión preventiva cuya extensión la fiscalía pidió tres veces.
Tiempos
Típico joven de barrios populares, estigmatizado por la Policía, con causas por delitos contra la propiedad en el fuero del Niño, la Niña y el Adolescente, hoy pasa sus días en una ruinosa celda sin que el Estado, salvo su defensora pública Ivana Dal Bianco, esté pendiente de su destino.
La presunción de inocencia sigue plena a su favor, y hay varios detalles del crimen que por ahora se mantienen en reserva que podrían sostener algún tipo de atenuación a la pena que le correspondería.
Dentro de 40 días podría quedar en libertad porque así lo marca el Código Procesal Penal. Lo más probable es que para entonces se haya desatado una batalla judicial y mediática, esté sancionada la ley o no. Es cuestión de tiempo.
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