Tres detenidos por millonaria estafa con tierras

NEUQUEN (AN).- Un empresario, un martillero y una abogada que trabajaba en la Fiscalía de Estado fueron detenidos, acusados de una supuesta estafa millonaria vinculada con el cobro de servidumbre de paso a las empresas petroleras. Ahora se investiga si tenían contactos en empresas y en el gobierno que les permitían realizar la maniobra, ya que para cometerla necesitaban información clave que no está disponible fácilmente.

Las detenciones se produjeron el miércoles, después de una paciente investigación que demandó varios meses. También hubo varios allanamientos, al menos uno de ellos en la vivienda de la abogada ubicada en el exclusivo barrio Rincón Club de Campo.

Según informaron fuentes judiciales a «Río Negro», los detenidos son: Jorge Hoberholzer, quien figuraría como dueño o presidente de al menos dos empresas; Raúl Capossio, de profesión martillero; y Zulma Trabucco, quien se desempeñó como abogada de la Fiscalía de Estado al menos durante las gestiones de Horacio Angiorama y Jorge Andión.

Los tres fueron indagados ayer por el juez de la causa, José Luis Cartolano, quien dispone de diez días para resolver su situación procesal. Mientras tanto permanecerían detenidos.

La maniobra que se investiga fue calificada por las fuentes consultadas de «muy compleja», y se entremezclan expedientes legales con otros dudosos.

De acuerdo con lo que pudo averiguar «Río Negro», la causa comenzó hace meses cuando la empresa petrolera Pérez Companc denunció que un grupo de particulares le querían cobrar una suma exorbitante en concepto de servidumbre de paso.

Se trata de un canon que pagan las empresas petroleras por el uso de una franja de tierra que nos les pertenece a través de la cual pasa uno de sus ductos.

La investigación judicial determinó que el grupo que pretendía cobrar el «peaje» había presentado documentación apócrifa para adjudicarse la propiedad de las tierras a través de las cuales pasaba el caño de la petrolera.

Denuncia mapuche

Más adelante, una comunidad mapuche denunció que le habían expropiado tierras con mejoras sin pagarles lo que correspondía. Los dos hechos parecían desconectados entre sí, pero un equipo de fiscales descubrió con sorpresa que los nombres de los nuevos dueños del inmueble indígena eran los mismos que habían intentado cobrarle servidumbre de paso a Pérez Companc.

Buceando entre expedientes, determinaron que hubo personas que adquirieron tierras o las obtuvieron en concesión o las expropiaron con fines especulativos, sólo para cobrar el «peaje» a las petroleras.

Las empresas les pagaban sin protestar, porque les cobraban los valores que correspondían. Sin embargo, lo ilícito sería la maniobra a través de la cual el grupo se adueñó de las tierras.

Las fuentes dijeron a este diario que «para hacer esto hay que manejar información muy sensible, que no está al alcance de cualquiera».

Agregaron: «Hay que conocer la situación legal en que se encuentra cada pedazo de tierra, cruzarla con información sobre las áreas petroleras, los trazados de los ductos… No se trata de una maniobra sencilla».

El monto de la estafa sería millonario, aunque los investigadores no arrojaron una cifra precisa. Hay que sumar todo lo que cobraron hasta ahora los imputados en concepto de servidumbre de paso, un canon que se paga mensualmente.

La acusación original contra Hoberholzer, Capossio y Trabuco era por asociación ilícita, pero el juez Cartolano descartó esa figura. Ayer fueron indagados por estafa y falsificación de documentación, entre otros delitos.