Trelew, una masacre del poder

Los marinos que el 22 de agosto de 1972 acribillaron a 16 presos políticos y provocaron graves heridas a otros tres “tuvieron la decisión deliberada de matar”, recurrieron a “un ominoso pacto de silencio al estilo mafioso” y perpetraron esos homicidios tras recibir “una orden criminal emitida desde las más altas estructuras navales o políticas del Estado”, que entonces conducía el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia confirmó que existió un plan sistemático para eliminar a quienes habían intentado fugarse de la Unidad Penal Nº 6 de Rawson una semana antes. Consideró que hubo una decisión de dar un escarmiento a los líderes guerrilleros y que, de esta forma, se inició un proceso de persecución y muerte mediante métodos que fueron “perfeccionados” luego a partir de marzo de 1976.

Ya no hay dudas. Ese día, diecinueve presos políticos, líderes del ERP, las FAR y Montoneros fueron fusilados por oficiales y suboficiales de la Armada. Tres de ellos lograron sobrevivir, con gravísimas secuelas. En la dictadura siguiente, que comenzó en marzo de 1976, fueron asesinados.

La sentencia del 15 de este mes calificó de crímenes de lesa humanidad aquellos hechos ocurridos hace 40 años, que pasaron a la historia bajo la denominación “La Masacre de Trelew”. El tribunal integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Nora Cabrera de Monella y Juan Velásquez adjudicó la responsabilidad material de los 16 homicidios alevosos y de los tres restantes en grado de tentativa a los capitanes Luis Sosa y Juan Carlos Antonio Herrera, a los tenientes Emilio del Real y Roberto Bravo, a un suboficial no identificado y al cabo Carlos Marandino. No hubo intento de fuga, no existió un ataque previo de los detenidos. Las falsas versiones a través de las cuales la Armada y el gobierno de facto pretendieron justificar el aberrante episodio quedaron desacreditadas por completo.

A pesar de la gravedad de los delitos perpetrados, sólo Marandino permanece detenido. Herrera murió y Bravo está asilado en Estados Unidos, país que se niega a otorgar la extradición. Sosa y Del Real irán presos cuando el fallo quede firme.

Por eso, los familiares de las víctimas cambiaron la algarabía inicial al escuchar la definición judicial por el sinsabor que los obliga a continuar la lucha en búsqueda del cumplimiento efectivo de las penas. “Me fui de Trelew con una sensación de tristeza, porque ¿cómo les explico a mis hijos que un tipo que es asesino de 16 personas, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad a cumplir en cárcel común, sigue libre?”, dijo a “Río Negro” Raquel Camps, la hija de Alberto Camps.

Alicia Lelchuk de Bonet tampoco termina de digerir el fallo. Ansiaba cerrar una etapa de cuarenta años, pero aún falta un capítulo para que considere la justicia plena y satisfactoria.

“Cuando me tocó declarar les dije a los jueces que pasarían a la historia cualquiera fuese su veredicto; si los asesinos eran condenados por los crímenes que habían cometido, ese día los familiares de Trelew íbamos a enterrar a nuestros muertos con paz y dignidad y si así no era, seguiríamos luchando. Eso es lo que dije antes de levantarme y así es”, recuerda la mujer, que desde el día siguiente a la masacre busca respuestas y sanciones para los responsables de la muerte del padre de sus dos hijos, que entonces tenían tres y cuatro años.

La descripción de los hechos por los jueces derrumba los argumentos de los acusados y echa luz acerca de lo ocurrido en esa madrugada trágica.

“Cuando estaban en las celdas descansando todos los detenidos, llegaron al lugar armados el capitán Sosa, el capitán Herrera, el teniente Del Real, el teniente Bravo y otro suboficial y le indicaron al cabo Marandino, de guardia armada allí, que abriera las celdas, y así hizo y despertaron abruptamente a los prisioneros”, afirma el veredicto.

A sangre fría

Les hicieron acomodar las colchonetas y las mantas y ponerse en fila en la puerta de los respectivos calabozos. “Instantes después, a poco más de tres metros de distancia, los efectivos navales dispararon promiscuamente desde varias bocas de fuego ametralladoras PAM y pistolas calibre 45, ráfagas y breves disparos aislados”, sigue el relato del histórico fallo.

Luego adjudica a Bravo la responsabilidad de rematar a Delfino y pretender hacer lo mismo con Camps y Berger. Otro oficial al que no conocían hizo lo propio con Kohon y Haidar. “Se constató –dijo además el tribunal– que Ana María Villarreal de Santucho estaba embarazada y recibió numerosos impactos en el abdomen, Bonet heridas a corta distancia y una mortal en la cabeza cuando estaba caído, Lesgart un disparo a quemarropa en el tórax que fue letal, Sabelli uno mortal en la nuca y Ulla uno en el tórax a corta distancia que lo mató”, afirma el fallo del tribunal federal.

Además, los jueces afirman que “Sosa, Del Real y Marandino, entre otros, armados, dispararon sorpresivamente sobre sus inermes víctimas con el fin de matarlas, sin que sea posible a partir de sus dichos, claramente dirigidos a mejorar su postura procesal, elucubrar inferencias en contrario por insustentadas”.

La versión de la fuga

A aquellas versiones de supuestas agresiones o de un intento de fuga de los presos políticos los jueces las consideraron “insólitas”.

“Los muertos no eran primerizos en las luchas sociales, con ellos las fugas no eran improvisadas, bastaba ver el tiempo, modalidad y precisión en que se llevó a cabo la huida precedente de Rawson, y era impensable que en apenas una semana de internación los interesados planificaran una seria tentativa de fuga, en un sitio en el que estaban inermes y desarmados, aislados del mundo exterior, rodeados de cientos de soldados entrenados fuertemente armados, con una geografía hostil, ante una expectativa generada de un posible regreso al penal al final de los procedimientos judiciales, sabiendo que esta vez en la fuga no había alternativa y pondrían en riesgo cierto sus vidas, que con ahínco habían protegido en los episodios del aeropuerto”.

Y concluyen los magistrados: “Se les aplicó lo que se dio en llamar la ley de fuga, ni más ni menos que un simulacro de ella o de enfrentamiento armado, para pretender justificar la decisión de matarlos”.

Con esa certeza los familiares de las víctimas de Trelew, los dirigentes sociales, los integrantes de los organismos de derechos humanos, los letrados, la ciudadanía en general y en particular la de la comarca del Valle del Chubut, en la cual la masacre caló hondo y la marcó durante 40 años, terminaron de escuchar la sentencia.

Ahora resta que todos los que ejecutaron los fusilamientos queden presos en cárcel común, como prevé el fallo.

Pero ése será otro capítulo de la historia.

Una historia trágica que aún conmueve a los argentinos y que, como tantas otras en las últimas décadas, merece un cierre definitivo que permita cicatrizar heridas, comprender más el pasado y soñar un mejor futuro.

PEDRO CARAM

pcaram@rionegro.com.ar

PEDRO CARAM pcaram@rionegro.com.ar

Juicio histórico