Tras la reforma, la jubilación mínima perdió un 18%

“Los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo”. La sentencia, que bien podría inscribirse junto a otras frases célebres de la historia argentina, pertenece al Diputado del PRO, Pablo Tonelli, en vísperas a la sanción de la reforma previsional a fines de 2017. En aquel momento, el coro de voces oficialistas aseguraba que las personas de la tercera edad no solo no iban a verse perjudicados por la modificación, sino que por el contrario, serían beneficiados.
Concretamente, el punto más significativo que incluyó la reforma, fue el cambio de fórmula para la actualización de los haberes jubilatorios. La Ley de Movilidad Jubilatoria (26.417) aprobada en 2008, estipulaba dos actualizaciones anuales (marzo y septiembre), en base a una fórmula que consideraba en partes iguales la evolución de los recursos de la ANSES y la evolución de la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte), indicador elaborado por el entonces Ministerio de Trabajo de la Nación. Desde diciembre de 2017, con la sanción de la Ley 27.426, se otorgan cuatro actualizaciones anuales (marzo, junio, septiembre y diciembre), considerando en un 70% la inflación del ante penúltimo trimestre y un 30% el Ripte.
No hizo falta esperar demasiado para que el contraste entre las palabras de Tonelli y la realidad, fuera más que evidente. Al momento de aplicar la nueva Ley por primera vez, en marzo de 2018, la actualización de haberes estipulada por la nueva fórmula, fue del 5,71%, mientras que de haberse aplicado la vieja Ley de Movilidad, hubiera sido del 14,5%.