Tras la advertencia de UIA, el Gobierno evalúa acciones para convencer a trabajadores antivacunas
Oficial: el aumento de las prestaciones de empleo se determinó a través de la Resolución 458/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial.
Por Leandro Boyer
El gobierno nacional contempla la posibilidad de iniciar gestiones con referentes empresariales y sindicales para tratar de convencer a los trabajadores que no quieren aplicarse la vacuna contra el coronavirus y evitar así situaciones de conflicto como las que planteó el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien propuso dejar de pagarle el salario a los empleados que rechacen la medicación.
En principio, esa es la respuesta de la Casa Rosada frente al dilema que instaló Funes de Rioja tras la cumbre de la central industrial y que no tardó en generar ruido, con voces a favor y en contra.
En la administración de Alberto Fernández consideran que la situación se puede resolver con la coordinación de campañas, sobre todo, porque creen que el de los trabajadores antivacunas es un universo menor. “Los números en general dan cuenta que los argentinos tienen voluntad de vacunarse y completar el esquema”, alegan.
Hasta el miércoles, más de 26 millones de personas recibieron la primera dosis y más de 9 millones la segunda, según los datos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud. “En caso de ser necesario, se va a trabajar con empresas y sindicatos para lograr la mayor adhesión posible”, explicaron las fuentes gubernamentales.
Recordaron que ese trabajo conjunto fue el que permitió, durante la cuarentena más estricta que se impuso el año pasado, definir los protocolos sanitarios para reabrir las fábricas. Confiados en aquella experiencia, que resaltan “funcionó a la perfección”, ahora en Balcarce 50 le restan dramatismo a las advertencias de la UIA.
Incluso señalan que en un escenario de mayor complejidad el Estado, a través del Ministerio de Salud, tiene la posibilidad de incluir a las vacunas contra el coronavirus en el calendario oficial. La propia titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, reconoció el pasado sábado que definir el carácter obligatorio de la vacuna contra el covid-19 es “una opción que no descartan”, aunque aclaró que aún “no estamos en esa instancia”.
Pero la voluntad ahora es avanzar bajo la premisa de que siempre es mejor persuadir que imponer. Incluso, la funcionaria nacional pareció anticiparse a los dichos de Funes de Rioja al señalar que “quienes se vacunan tienen que tener una ventaja sobre los que decidan no hacerlo”.
En la administración de Fernández, además de reiterar que la prioridad es “llegar a todos y todas -con el plan de inmunización- para dejar atrás la pandemia”, trataron de contener los ánimos expresados por los industriales al señalar que “no creen que una empresa pueda quitarle la remuneración a un trabajador de forma unilateral”.
Este último punto fue el que generó más controversia. Cuando se refirió a los trabajadores que no quieren vacunarse, Funes de Rioja reconoció que “nadie puede obligarlos” a someterse al tratamiento, pero seguido dijo que tampoco “nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias”.
“Por lo tanto, entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración”, sentenció el dirigente empresarial. Es que desde abril de 2020, el Gobierno nacional dispuso que los trabajadores alcanzados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio quedaban dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo con el objetivo principal de evitar la propagación de la pandemia.
Una cuestión de buena fe
A sabiendas de que la vacuna contra el coronavirus no ingresará en el futuro inmediato en el calendario oficial, esta cuestión dependerá de la “buena fe” de las partes involucradas, tal como lo indicó el experimentado abogado laboralista Héctor Recalde.
“Es muy difícil una norma general para tanta casuística que puede darse”, explicó el letrado. “El no vacunarse no es una injuria. A lo sumo, el empleador puede tener derecho a no permitirle entrar, pero obligar a vacunar no”, repasó en declaraciones a Radio 10, para luego agregar que si el trabajador no ingresa a su puesto de trabajo “obviamente no cobra el sueldo pero mantiene el contrato laboral”.
Así las cosas, Recalde opinó que es una situación en la que se deberá apelar a la “buena fe” para definir un esquema razonable que contemple todos los derechos, principalmente, los de los trabajadores. El letrado advirtió además que “no es tan claro” el poder de reclamo de los empleados que se consideren despedidos ante la falta de pago por no aplicarse la vacuna.
“Si la empresa actúa de buena fe lo que está haciendo es preservar la salud de los otros trabajadores”, opinó.
Los gremios, dispuestos para convencer a los antivacunas
El secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, se mostró convencido en que los gremios serán los que se pongan al frente de las acciones para convencer a los empleados antivacunas, tal como lo hicieron para exigir que los docentes reciban las respectivas dosis de la medicación antes de reabrir las aulas.
“Nos vamos a involucrar directamente para garantizar que los trabajadores tengan la posibilidad de vacunarse y lo hagan sin tener que llegar a esto que parece una especie de coerción de la patronal”, dijo en referencia a las palabras de Funes de Rioja.
Y aprovechó para identificar a los culpables: “Los antivacunas o la derecha y algún energúmeno del Pro despotricaba contra las vacunas, decían que eran veneno, que era mejor tomar lavandina que vacunarse. Todo eso es una prédica que lamentablemente en alguna gente de nuestra sociedad produce una especie de óxido cerebral que lleva a posiciones en las que algunos, inexplicablemente, puedan decir en casos extremos ‘yo no me vacuno’”.
“Creo que hay otros caminos. La persuasión, la educación. Los sindicatos creo que van a tomar esto en sus manos y lo van a resolver antes de aplicar eso que para los empresarios parece ser la letra ‘a’ del abecedario, que es dejar sin salario a un trabajador”, insistió Yasky en declaraciones radiales.
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