Transporte urbano: analizan los balances de Mi Bus en Bariloche

El presidente del Tribunal de Contralor, Oscar Cannizzaro (Juntos), dijo que se abocaron a examinar los balances de la empresa de transporte Mi Bus, a los que accedieron hace pocos días, con la intención de detectar eventuales inconsistencias y el primer paso fue solicitar un dictamen a su asesoría contable.

Otro miembro del tribunal, Estanislao Cazaux (FdT), aseguró que el objetivo es “ir desmenuzando el contrato y la prestación del servicio”, con los pedidos de informe al Ejecutivo que sean necesarios. Pero primero deben contar con el informe del contador del Tribunal, Martín Olvar.

Mi Bus es el nombre comercial adoptado por la firma Amancay SRL, de origen sanjuanino, que presta el servicio de transporte desde hace algo más de tres años, luego de acceder a una contratación directa, sin licitación.

Los balances que corresponden a los años 2016 a 2018 recién estuvieron disponibles hace pocas semanas, luego de que la Multisectorial del Transporte los reclamara durante largo tiempo. Las rendiciones fueron entregadas por la empresa luego de que esa organización formuló una denuncia penal.

Cannizzaro reconoció que durante la gestión anterior del Tribunal nunca habían recibido balances de Mi Bus y no quiso adelantar qué tipo de investigación podrían iniciar con ese material. Dijo que con sus pares decidieron solicitar antes informes técnicos. “Tenemos que evaluarlo”, afirmó.

Cazaux fue más explícito y dijo que, al menos en su caso, también toma en cuenta las denuncias de la multisectorial, que reclamaron poner el foco sobre el exiguo capital inicial de 120 mil pesos que declaró la empresa, la falta de garantías constituidas en favor del municipio y las dudas sobre la efectiva propiedad de los colectivos, que no cumplirían con lo exigido en el contrato.

El vocal electo por el FdT dijo que según la información disponible la empresa habría comprado los 100 colectivos para iniciar el servicio en Bariloche “con préstamos de dos bancos” y sin un capital inicial propio. Dijo que habría iniciado de esa manera un “círculo virtuoso de capitalización”, sin asumir mayor riesgo.

Sostuvo también que la función del Tribunal “es garantizar que se haya hecho todo bien, y si se hizo mal que haya responsables”. Como abogado, Cazaux disintió con la vía penal elegida por la multisectorial del transporte, que denunció un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, por parte del Ejecutivo, al no controlar debidamente a MI Bus.

A su juicio “tal vez la mejor salida era recurrir con un amparo en el fuero contencioso administrativo, para solicitar que se ponga un interventor y que se garantice el servicio”.

Dijo que ahora el Tribunal de Contralor, en el caso de iniciar un juicio de responsabilidad por el caso Mi Bus, no podría dictar sentencia sin que se resuelva antes la causa penal.

Aclaró que la misión suya y de sus pares es fiscalizar el cumplimiento de las ordenanzas y de los contratos de los servicios concesionados. Admitió que el transporte tiene un funcionamiento “caótico”, pero “resolver el problema de la gente corresponde al Ejecutivo y no está en manos del Tribunal”.