Tomas del este en Bariloche: imputan a 20 personas por usurpación
Se trata del predio municipal donde está prevista la construcción de la Terminal de Ómnibus. El juez de Garantías Juan Pablo Laurence ordenó no innovar en el terreno y prohibió el ingreso de materiales de construcción.
Una de las misiones que tendrá el Instituto de Viviendas es depurar el registro de demanda soluciones habitacionales. Archivo
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a 20 personas por el delito de usurpación en el predio perteneciente a la Municipalidad de Bariloche, ubicado en avenida Esandi, en el barrio Las Victorias.
El hecho ocurrió este miércoles a las 13, describió la fiscalía, «cuando los imputados, aprovecharon la ausencia de cuidadores e ingresaron al lote, sabiendo que ese espacio pertenece al Municipio y está destinado a la construcción de una terminal de ómnibus».
En el predio, delimitaron distintos sectores, desmalezaron con cuchillos y levantaron carpas y toldos de nylon negros.
Ante el juez de Garantías, Juan Pablo Laurence, los fiscales Tomas Soto y Gerardo Miranda relataron que «los imputados ingresaron acompañados de menores y otras personas que no pudieron ser identificadas ya que refirieron no recordar su número de documento, siendo alrededor de sesenta personas».
De acuerdo a la acusación, «los imputados habrían despojado del derecho real de posesión a la Municipalidad de Bariloche, negándose a irse del lugar. Así se materializa el acto violento de los imputados que no dejaron opción a los poseedores ni a la Policía de Río Negro para evitar que el acto se lleve a cabo».
Muchas de las personas a las que se formularon cargos «fijó domicilio en el predio en conflicto». Solo algunos quisieron declarar, resaltando la necesidad habitacional y la situación socioeconómica.
Las personas imputadas fueron asistidas por el defensor oficial penal, Marcos Ciciarello, que se opuso a la formulación de cargos por «no encontrar reunidos los elementos necesarios para el tipo penal». La defensora adjunta Paola Del Río facilitó la comunicación con los imputados desde el lugar del conflicto.
El juez dio por formulados los cargos por el delito de usurpación y dispuso el plazo de cuatro meses para realizar la investigación preliminar. Ordenó no innovar en el terreno, prohibiendo «el ingreso de materiales de construcción u otros elementos».
Laurence planteó la posibilidad de arribar a una solución mediante una mesa de diálogo, propuesta por los fiscales y defensores oficiales con un plazo de seis días, con los diversos actores sociales.
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