Toma de El Bolsón: posiciones encontradas por la resolución del juez Zapata
El bloque de legiladores de JSRN cuestionó al magistrado y para ATE las declaraciones de "Carreras, Pogliano y López afectan la división de poderes".
La iniciativa del ex gobernador rionegrino busca frenar la ocupación ilegal de tierras. Foto: archivo
La decisión tomada por el juez subrogante de Bariloche Gustavo Zapata de rechazar el desalojo de la toma iniciada en la Loma del Medio de El Bolsón, en terrenos que son del INTA; sigue generando diferentes repercusiones.
El bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro -que preside Facundo López- repudió la medida porque «la usurpación de tierras es un delito, pero al Juez no le tocó rendir esa bolilla», dijeron, y recordaron que la fiscal Sylvia Little había pedido el desalojo de la zona tomada.
«Para colmo el magistrado no aceptó como querellante al INTA» y «una decisión así solo se concibe si quien la toma desconoce la zona, la problemática y básicamente la ley».
Consideraron «otro desatino» que Zapata, en su resolución, pidió al Municipio dar alojamiento a las familias que están usurpando las tierras. «En la comodidad de su despacho, el Juez además pretende gobernar, tomar decisiones sobre el presupuesto de la ciudad de El Bolsón».
Mediante un comunicado agregaron que «quizás, su Señoría, podría explicar cómo hacerlo. En una de esas tiene la solución para la problemática del acceso a la tierra y la vivienda, e ilumina a los gobiernos del mundo».
Por último, los legisladores reclamaron intervención al Gobierno Nacional, y recordaron que la semana pasada la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que la usurpación de tierras en El Bolsón es un delito.
Por su parte el secretario adjunto de ATE Nacional y secretario general de la CTA Autónoma Río Negro, Rodolfo Aguiar, apuntó contra la gobernadora Arabela Carreras, el intendente de el Bolsón, Bruno Pogliano; y el legislador oficialista Facundo López: “Se trata de una clara afectación de la división de poderes como principio esencial en el que se asienta toda República”.
El dirigente sentenció que «resultan altamente preocupantes este tipo de declaraciones” y sostuvo que “es muy difícil de aceptar semejante injerencia de los poderes ejecutivos y legislativos porque los mismos se convierten en una verdadera presión para torcer decisiones de otro poder que debe obrar con absoluta independencia».
«Creo que el gobierno provincial tiene hoy un problema y es que el nacional no va a decidirse jamás por el punitivismo para resolver este tipo de conflictos. Si quieren ver desalojos, van a tener que esperar sentados», aseguró Aguiar.
El dirigente dijo que «las ocupaciones de ninguna manera son un delito, sin embargo que desde el Estado se niegue el acceso a la tierra y vivienda digna sí lo es».
Aguiar respaldó la “decisión de este juez federal porque la lucha de la gente por acceder a un pedazo de tierra no puede ser criminalizada”, afirmando que “no se puede ofrecer resolver los problemas de vivienda con balas».
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