Terminó la espera y acordaron reactivar el relevamiento territorial
En la comunidad mapuche Paicil Antriao hay expectativa tras el compromiso asumido por el INAIy la Provincia, para avanzar con el trabajo de campo pendiente que definirá los territorios comunitarios.
Hay varios lugares en conflicto en Villa La Angostura por la posesión de tierras que reclaman mapuches y particulares. Foto: archivo
Después de 6 años de parálisis, representantes del gobierno neuquino y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) acordaron reactivar el relevamiento territorial en Neuquén que ordena la ley 26160 de comunidades indígenas. Se trata de una herramienta que podría resolver conflictos entre comunidades mapuches y particulares o con el Estado por la posesión de tierras en varios lugares de la provincia, como ocurre en Villa La Angostura.
Así lo resolvieron en una reunión que se hizo el lunes en la ciudad de Neuquén con representantes de la Provincia, del INAI, que preside Magdalena Odarda, y de las zonales de las comunidades mapuches.
“Recibimos este anuncio con mucha alegría porque venimos peleando hace mucho para que se reconozca la 26160”, afirmó esta semana el werken de la zonal Lafkenche, Florentino Nahuel.
Recordó que desde 2015 venían reclamando por el relevamiento territorial. Rememoró que durante la gestión del gobierno del expresidente Mauricio Macri, “directamente no se hizo nada”.
Relató que el equipo interdisciplinario contratado por el INAI había estado “un día y medio” a finales de 2015 en Villa La Angostura. “Estuvieron con nosotros, pero ese trabajo quedó incompleto”, sostuvo.
“El equipo recorrió lo que nosotros consideramos los límites territoriales de la Lof Paicil Antriao, siempre ligado al lote pastoril 9”, describió.
Ya era el momento porque no podíamos seguir con conflictos, cuando hay una ley como la 26160”,
Florentino Nahuel, werken
Señaló que esos límites naturales “comprenden el cerro Belvedere, desde el lago Correntoso hasta Pichunko, después sube hasta el Cajón del Negro y baja por el arroyo Las Piedritas”. Incluyó, como parte de ese territorio, al sector El Álamo y Xayinko. Allí, vive una docena de familias de la comunidad. Por ese lugar está proyectada la traza de la avenida de Circunvalación, que financia Vialidad Nacional y que un grupo empresario construye.
Explicó que hubo otro hecho destacado en la reunión que se hizo el lunes en la capital neuquina. Mencionó que el Gobierno de Neuquén reconocía solo cinco zonales en la provincia. Pero como parte del acuerdo alcanzado, el gobierno neuquino incorporó a la zonal Lafkenche de Villa La Angostura, que incluye a las comunidades Quintriqueo, Quintupuray y Paicil Antriao.
“La zonal Lafkenche estaba siendo negada por la Provincia y el lunes la reconoció lo que representa un paso importante”, aseguró. Dijo que cuando se haga el relevamiento “vamos a tener nuestra jurisdicción territorial del Lof Paicil Antriao”.
El dato
- 60 familias
- Tenía hace tres años la comunidad mapuche Paicil Antriao, según el relevamiento que hicieron para renovar autoridades.
Propiedad comunitaria
Explicó que falta avanzar con el otro paso importante que es la propiedad comunitaria.
Para Nahuel, la reactivación del relevamiento “no fue por voluntad propia del gobierno, sino por los conflictos que hay en Vaca Muerta”. “Nosotros veníamos hace tiempo planteando el reclamo a la Provincia, pero esto se dio en una situación de conflicto por lo que ocurre en Añelo”, opinó.
Recordó que la comunidad Paicil Antriao tiene conflictos en la zona de Circunvalación con Vialidad Nacional, en Puerto Elma y en el cerro Belvedere con particulares y en el camping Correntoso con la Municipalidad. Mientras que la comunidad Quintriqueo está en litigio judicial con una particular por un lote, en la zona del Pedregoso, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura.
“Acá hay un conflicto político, no es un conflicto judicial”, afirmó. “No podemos seguir con conflictos cuando hay una ley como la 26160”, sostuvo Nahuel. Y recordó que las comunidades indígenas del país reclaman una nueva prórroga de esa norma.
“La ley 26160 fue publicada en el Boletín Oficial el 29 de noviembre del 2006 y daba un plazo de 4 años para completar el relevamiento. Lamentablemente nunca fue cumplida y los jueces en lugar de hacer cumplir la ley se la pasaban interpretándola siempre con criterios restrictivos, transformándola en letra muerta”, expresó el abogado Virgilio Sánchez, apoderado de la comunidad Paicil Antriao.
Este proceso es el resultado de muchas luchas que debió dar la comunidad, a veces de manera solitaria”,
Virgilio Sánchez, abogado.
“Esta actitud que asume ahora el Estado es un puntapié inicial para comenzar a desandar un camino de conflictividad y empezar a avanzar en uno de concordia”, planteó.
“La comunidad siempre ha estado a derecho en todas las causas que promovieron contra ella, tanto el Estado como los particulares, y ha ejercido sus derechos siempre de manera pacífica pero contundente”, destacó el apoderado legal.
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