Techo Digno: el juez Gandolfi sorprende y cierra los procesos de Iud y Mas
Entendió que los fondos era nacionales y no constituye delito de defraudación a la administración pública. Contradice la opinión de otros siete jueces frente a las mismas imputaciones. La medida favorece también al constructor Castelli.
El juez Ignacio Gandolfi fundamenta el sobreseimiento para Iud y Mas, con la presencia de los ex intendentes.
El juez Ignacio Gandoldi dispuso este mañana el sobreseimiento de los ex intendentes de San Antonio, Javier Iud y de General Conesa, Alejandra Mas por el delito de “defraudación a la administración pública” por el manejo de fondos en los planes de viviendas de Techo Digno.
Ambos ex mandatarios -conjuntamente con el constructor Juan Castelli- fueron imputados en el inicio de agosto por la fiscalía penal por defraudación fraudulenta frente a las irregularidades en la utilización de fondos del Plan nacional Techo Digno. El juez Juan Martín Brussino aceptó esas acusaciones y habilitó avanzar con la investigación. La defensa, a cargo de Damián Torres, apeló y, ahora, Gandolfi se metió en el análisis del caso presentado por los fiscales y concluyó -directamente- con el “sobreseimiento” por el delito planteado.
Estos expedientes están incluidos en la mega-causa de los planes Techo Digno, con imputaciones para distintos ex intendentes y constructores por la irregular utilización de recursos para viviendas, que se enviaron a sus municipios entre el 2013 y 2015. La observación central está en la inconsistencia entre los fondos enviados por Nación y el nivel de construcción de los barrios, en ocasión que la Provincia se hizo cargo en el 2016 para su finalización. La falsedad de las certificaciones del nivel de ejecución, que las autoridades locales enviaron al gobierno nacional, son evidencias de esa disparidad detectada.
La determinación de Gandolfi -como mínimo- sorprendió porque en iguales imputaciones, en las circunscripciones judiciales restantes, cinco jueces -además de Brussino- convalidaron exactamente el enfoque planteado por los fiscales contra otros ex mandatarios por fraude a la administración pública. Sólo la cipoleña Alejandra Berenguer, en la apelación, observó la falta de precisiones y no aceptó los cargos avalados inicialmente por su par Laura González Vitale. El fallo de Berenguer será analizado por su par Guillermo Baquero Lazcano.
En cambio, Gandolfi superó cualquier interpretación al plantear que los fondos de Techo Digno eran de Nación y no reintegrables, por lo cual, concluyó que no existía perjuicio en la provincia en relación a la imputación de defraudación a la administración, planteada por la fiscalía.
El magistrado desestimó ese delito y, en todo caso, consideró que se debería avanzar en otros aunque negó cualquier evaluación por daño patrimonial. Insistió en el origen nacional de los fondos. En realidad, esta discusión no es nueva porque ya fue planteada en el inicio de la acusaciones, lo cual, derivó en su envío de los juzgados rionegrinos a los federales. Pero, finalmente, el juez Claudio Bonadio resolvió en el 2018 que la investigación era provincial cuando la Corte Suprema dictaminó en ese sentido en una causa en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.
Este antecedente explica porque ninguno de los siete jueces anteriores profundizaran en el origen de los fondos, como hoy si lo hizo Gandolfi. Esa lista se integra con Brussino en Viedma en ocasión de la aceptación de los cargos; los roquenses María Gadano y Julio Martínez Vivot, con la ratificación de Gastón Martín; el barilochense Ricardo Calcagno y la cipoleña Laura González Vitale, con la corrección posterior de Berenguer.
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