Sospechan de maniobras ilícitas con los fondos de la mina de Andacollo
La justicia comercial quiere saber si Trident denunció judicialmente al anterior gerente, señalado por triangular el dinero de los inversores con empresas de Chile. La fiscalía de Neuquén no tiene investigaciones abiertas.
El yacimiento de oro del norte neuquino está paralizado desde el 2020. Foto: archivo gentileza Nicolás Fuentes.
El juez comercial que tramita el concurso preventivo de la minera Trident Southern Explorations de Argentina le pidió a la empresa que indique si realizaron una denuncia penal por las supuestas maniobras “dolosas” que habría realizado su anterior presidente con los fondos que enviaban los inversionistas. La gerencia había indicado que Mischa León Aleksander, la cara visible del proyecto hasta el año pasado, desviaba fondos a empresas en Chiles de las que era accionista y compraba maquinaria “obsoleta” con sobreprecios.
El subrrogante del juzgado comercial 23, Federico Güerri, reclamó ahora que la empresa manifieste si realizó denuncias penales contra Aleksander, pues “el accionar del exgerente es mencionado como una de las circunstancias que condujeron a la sociedad a la situación económica en que se encuentra actualmente”.
Trident se presentó en concurso de acreedores a principios de mayo, en plena negociación con el gobierno provincial y los trabajadores de la mina para depositar los salarios adeudados de dos meses. La empresa declaró deudas millonarias en pesos, dólares y pesos chilenos con unos 200 proveedores, muchos de ellos pequeños comerciantes del norte de la provincia.
La presentación, sumada a otra serie de incumplimientos previos, le valió la rescisión de contrato por parte de la provincia.
El fiscal general, José Gerez, indicó que en la provincia no hubo presentaciones, pero advirtió que “si algo de eso ocurrió, hay que evaluar quién es competente para investigar”. “No hay ningún documento o presentación seria que diga que esos movimientos se hayan concretado dentro de la provincia”, planteó.
El funcionario judicial aclaró que la fiscalía actuó como mediadora para resolver la cuestión laboral, que era el “conflicto primario” y que afectaba la paz social. También sostuvo que, en las pocas apariciones que tuvo la empresa durante las mesas de negociación, “no se vio una voluntad de querer investigar esa supuesta maniobra estafatoria”.
Sí hay una denuncia penal presentada por la Defensoría Popular Jaime De Nevares que apunta a la responsabilidad del titular de Cormine, Martín Irigoyen, como autoridad de control de lo que ocurría en el yacimiento. Gerez dijo que la tramita la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Pablo Vignaroli.
El titular de la estatal Cormine, Martín Irigoyen, volvió a tomar posesión de la mina de Andacollo el miércoles, durante una visita a la localidad junto a personal de la Subsecretaría de Ambiente y un escribano público. El funcionario indicó que ejecutó una orden judicial con el fin de “prevenir daños materiales y ambientales en el yacimiento”.
La mina de oro y plata estaba bajo usufructo de la empresa Trident Southern Explorations de Argentina, pero el gobierno provincial rescindió su contrato luego de detectar una serie de incumplimientos, entre ellos la falta de pago a sus trabajadores.
Según indicaron medios locales, Irigoyen fue repudiado con manifestaciones de los trabajadores a su ingreso al pueblo. El funcionario afirmó que, tras recuperar las instalaciones y bienes en el yacimiento, se empezará una nueva etapa de licitación que demandará entre “cuatro y seis meses” con las empresas que estén interesadas en retomar el proyecto metalífero.
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