Soria fundamentó el juicio político contra Flamarique

BUENOS AIRES (ABA) – El diputado nacional, Carlos Soria, afirmó ayer que existen elementos «más que contundentes» para que prospere el juicio político contra el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique».

El legislador rionegrino, anticipó que la medida «será analizada mañana por la comisión correspondiente, que se pronuncie sobre su factibilidad». Aún cuando la iniciativa tenga escasas posibilidades de prosperar -dado que la Alianza es mayoría en Diputados-, Soria fundamentó la movida política en que «el oficialismo seguramente ha escuchado la palabra del presidente De la Rúa y de Chacho Alvarez, acerca de la necesidad de profundizar la investigación». El diputado justicialista, hizo esas declaraciones tras la reunión que mantuvo con la máxima plana de su partido en la Provincia de Buenos Aires: el gobernador Carlos Ruckauf, su antecesor Eduardo Duhalde y el senador Antonio Cafiero.

Sobre el impacto que en su provincia tiene el affaire de las coimas en la Cámara alta, Soria lo calificó de «tremendo, como ocurre con todas las que tienen senadores de su región involucrados» (en obvia alusión a su rival interno, Remo Costanzo).

Soria justificó el juicio político a Flamarique en que éste, fue el verdadero»operador» de la ley.

– ¿Si los fondos del supuesto soborno provinieron de la CGT o de sectores empresariales, no se cae su argumento?.

– No, siguiendo esa línea de investigación no importa de donde vino la plata, sino que la reforma la impulsó el gobierno nacional y la negoció Flamarique», respondió el rionegrino que representa en el Congreso a la provincia de Buenos Aires.

El mismo destacó que el titular de la cartera laboral es «quién mejor sabe cómo ocurrieron los hechos… Desde el comienzo está sospechado por los dichos de muchos sindicalistas que lo escucharon decir la histórica frase de la Banelco».

Por lo tanto -continuó-, «se debe poner en marcha el único mecanismo que permite investigar a un funcionario o ministro por «mal desempeño y presunta comisión de hechos ilícitos».

En el caso de Santibañes, el rionegrino consideró que «también está señalado en el famoso anónimo, que puso en circulación el vicepresidente, por lo que debería ser investigado».

Soria se alió al reclamo del gobernador Ruckauf, para que los actuales senadores sean reemplazados por otros elegidos en forma directa y no por las legislaturas provinciales: «Independientemente de la legalidad, se impone una solución que pasa por un acuerdo histórico que termine con la impunidad y todo tipo de sospechas. Lo mejor entonces es que la gente por voto popular elija a los nuevos senadores». Para el lapso intermedio hasta que cambie la composición de la Cámara alta, Soria propuso «una alianza entre Nación y los gobernadores, para integrar la comisión que controle los decretos que podría dictar el Presidente.

«Me equivoqué»

El ministro de Economía, José Luis Machinea, aseguró ayer con ironía que se «equivocó» cuando evaluó que la crisis en el Senado podía tener repercusiones sobre la actividad del país, y remarcó que el «gobierno no se va a detener» por una eventual parálisis parlamentaria.

«Yo dije que esto (la crisis por supuestos sobornos en el Senado) podía tener repercusiones sobre la economía. Sobre ese tema, claramente hasta ahora me equivoqué y espero seguir equivocándome», afirmó el ministro.

Agregó que «los hechos han demostrado que hasta ahora los problemas no afectaron a la economía, ni tuvieron impacto en los mercados» y afirmó que «la semana pasada cerró muy bien para la Argentina».

El ministro enfatizó que «la Argentina tiene instituciones sólidas para resolver estos problemas en el marco de esas instituciones y una economía fuerte que muestra síntomas de recuperación», para absorber esos efectos.

Machinea realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa que ofreció junto al titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que se anunció el desembolso de líneas de crédito por 4.500 millones de dólares durante los próximos 3 años. (DyN)

Brusco giro de Alfonsín

El ex presidente Raúl Alfonsín circunscribió anoche la crisis por los presuntos sobornos en el Senado a la posible existencia de un «mal funcionario dentro del gobierno», sobre el que consideró que «hay que caer con toda la fuerza del Estado de derecho».

De este modo, el líder radical dio un brusco giro en su discurso, ya que la semana pasada no sólo brindó su respaldo a todo el bloque de senadores aliancistas, sino que garantizó que «no hubo sobornos». Ahora, su nueva línea discursiva es la siguiente: «No hay gobierno que no tenga algún mal funcionario. Sobre ese hay que caer, con toda la fuerza que nos da el Estado de derecho», consideró ayer. Alfonsín destacó que «la enorme mayoría de la población, arriba del 90%, piensa que esto no implica al Presidente. Aunque aclaró que «a lo mejor no ha habido tal soborno», dijo que «si llega a haber algún funcionario que ha cometido esta enormidad lo debe saber todo el país». (Infosic)

Discrepancias por los desafueros

Los bloques de senadores de la UCR y del PJ coinciden en que se debe dar un gesto a la sociedad al habilitar el desafuero solicitado por la Justicia sobre ocho miembros del cuerpo, aunque discrepan en cuanto al alcance técnico de la medida.

Los bloques mayoritarios resolverán en las próximas horas las medidas a tomar en relación al desafuero solicitado por el juez federal Carlos Liporaci sobre los senadores Ricardo Branda, Remo Costanzo, Ramón Ortega, Angel Pardo, Eduardo Bauzá, Emilio Cantarero y Alberto Tell, del PJ; y Javier Meneghini, de la Unión Cívica Radical.

En el radicalismo prima la postura de suspender a los senadores hasta tanto lo requiera la Justicia: Esto implica que pierden la inmunidad y que no pueden participar de las sesiones del cuerpo.

El oficialismo empuja esta iniciativa porque de los ocho senadores que hasta el momento tienen pedido de desafuero, siete pertenecen al justicialismo.

Justamente, en la principal bancada opositora es donde se da el mayor debate: Los senadores no quieren entregar la representación de las siete bancas porque bajarían el número de senadores de 34 a 27, mientras que, en esta primera etapa, la UCR descendería de 20 a 19.

Ante esta circunstancia, y argumentando que a partir de esta medida, un poder -en este caso el Judicial- podría inmiscuirse en el equilibrio de fuerzas de otro -el legislativo- desechan la posibilidad.

Para algunos peronistas lo que se le debe otorgar a los senadores es la inmunidad de proceso, pero no de arresto. Esta iniciativa proponen que sea extensiva a los 69 miembros del cuerpo y no sólo a los ocho que solicitó el juez. (Télam)