Suspendieron la sentencia de desalojo en Nahueve

El jueves por la madrugada unos cien crianceros se reunieron en el paraje La Buitrera, en Las Ovejas, en el campo de invernada de Robinson Valdéz y su madre, para rechazar la sentencia de desalojo del juez Carlos Choco, de Chos Malal. Una nota del gobierno de la provincia que se agregó a la causa a último momento, evitó que la familia de crianceros fuera sacada del lugar donde trabaja y vive desde hace unos 50 años, se especificó.

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Tras la suspensión momentánea del desalojo, Valdez fue citado el 11 de octubre al juzgado chosmalense, al igual que la fiscalía de Estado, según informó el abogado Pablo Tomasini, del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), en representación de la familia.

Explicó que se presentó una acción de reivindicación, por considerar que el juez que ordenó el desalojo, lo hizo sin previamente verificar que quienes lo pedían, eran los propietarios. Robinson Valdez y su madre viven en el lugar junto con Juan De Dios Sepúlveda y uno de los hijos de Sepúlveda quienes en vida, habían solicitado la propiedad del lugar. Valdez y su madre tienen permisos Renspa y Renaf para el traslado de animales de invernada a veranada, construyeron en el lugar la vivienda y desarrollaron la misma actvidad al cabo de las últimas cinco décadas hasta que llegó un aviso, hace unos 6 años, de que debían desalojar.

La semana pasada, cuando ya estaba dictada la sentencia de desalojo, desde el norte de la provincia las asociaciones de crianceros buscaron auxilio en la Legislatura, donde plantearon que las personas que reclaman las tierras fiscales para sí, no eran propietarios ni habían trabajado ni se dedicaron al campo en medio siglo, como para que la justicia les dictase una resolución favorable.

Según se precisó, no se trata del único caso. Varios crianceros abandonaron sus campos fiscales ante la intervención de abogados que logran en la justicia de Chos Malal, poner en duda la propiedad que, por ley veinteañal o la 263 de la provincia, otorga posesión a los crianceros, muchos de los cuales tienen sus papeles atrasados en la dirección de Tierras de la provincia.

«El lunes habíamos presentado una acción autónoma de nulidad, cuando estaban vencidos todos los plazos, por considerar que había una sentencia ilegítima. Y a esto se sumó la nota que presentó el ministro Lara, para plantear que quien pedía los derechos sobre la tierra, no tenía los derechos incoados sobre la tierra», dijo Tomasini. Ante ambos planteos, el juez Choco convocó a la fiscalía de Estado y a Valdéz a que se presenten el 11 de octubre a presentar los argumentos legales con los cuales se pidió la nulidad de la sentencia (el desalojo).

Tomasini explicó que el desalojo está suspendido. Y como no hay jurisprudencia de los procedimientos o vías de acción del juez, sostuvo, tras la audiencia conocerán si se anula la sentencia dictada o, como pretende la familia Valdéz, que la dirección de Tierras de a conocer quién tiene la posesión para que ellos inicien su camino hacia la obtención de la propiedad del puesto de invernada.

«El juez dictó una sentencia y mandó una orden de desalojo sin consultar al dueño de la tierra, que es el gobierno de la provincia, lo que es ilegal a nuestro entender. Se logró transmitir esto a las autoridades y se actuó y hoy hay un respiro de una medida que suspende el desalojo y nos permite discutir que ellos son los propietarios de la tierra, aunque no tienen los papeles», dijo Tomasini.

Cuestionó que la dirección de Tierras «cada vez está más centralizada en Neuquén capital» con serios problemas por parte de los crianceros del norte de acercarse a hacer trámites complejos. El abogado del Centro de Acceso a la justicia agregó que el de los Valdéz no es el único caso en la zona de trashumancia que dejan los puestos que siempre habitaron por intervenciones de abogados que hacen planteos que no les resultan fáciles de entender antes de que llegue la sentencia, agregó que muchos no cuentan con la movilización de agrupaciones de crianceros como fue el caso de Robinson, que se vehiculizó incluso el reclamo a través del obispado, o de la Legislatura para que se conociera su situación y se pudiera encaminar legalmente el planteo.

La intervención de la provincia y los respaldos de los crianceros

La nota del secretario de Desarrollo Territorial invocó la ley 263 de tierras fiscales (que otorga derechos de posesión para quien trabaja el lugar) para rechazar ante el juzgado la pretención de quienes exigían el campo de invernada, en tanto dejó en claro «habiendo tomado conocimiento» público del conflicto y sentencia, la cartera no había sido convocada para opinar durante el proceso.

Desde organizaciones como el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y la Cooperativa Campesina del norte, calificaron el desalojo de «insólito» y aseguraron que continuarán de cerca con las acciones de respaldo al criancero y su familia. «Esta sentencia se dio en un proceso plagado de irregularidades, Choco resuelve sobre tierra fiscal como si fueran de su propiedad», cuestionaron desde la cooperativa en un comunicado en la que resaltaron que se le autorizaría la reivindicación de Tierras a terceros que no tienen título. «Rechazamos que se pisotee los derechos de quienes han dedicado toda su vida a la cría de animales y a vivir honrosamente de su trabajo. Es un precedente gravísimo para todas las familias históricas en actividad de trashumancia y que siempre trabajaron bajo esta condición de ser fiscaleros», se indicó.

Por su parte, la diputada Soledad Salaburu (PJ), que se acercó hasta el lugar, destacó que «había mucho vecino de toda la vida en el lugar apoyo a Robinson, están alertas y a la expectativa de lo que pase el 11. La cooperativa Campesina fue fundamental en hilvanar todo lo que pasó, en un lugar donde hay mucho de comunicación boca a boca, porque los celulares allá no funcionan. Lo vivieron con alegría y un triunfo, por este tema de que la tierra es para quienes lo trabajan», ponderó.

Describió que el puesto de invernada, es un lugar que está un poco alejado de la zona del río y de la represa Nahueve, y que en la zona de campos ahora «aparece gente que se acerca y les hacen firmar cosas, no les explican, personas como Robinson que fue muy poco a la escuela porque se quedó en el campo a cuidar la tierra y están en un estado de vulnerabilidad ante abogados y la justicia que apareció como el Estado a querer arrebatarle las tierras donde vivieron toda la vida», sostuvo.

Agregó que desde la Legislatura, harán un pedido de informes sobre la actuación de Choco y su desconocimiento de la vida de transhumancia, de veranada e invernada en una zona de actuación como Las Ovejas y Chos Malal.