Preocupa que muchas clínicas privadas no garantizan abortos legales en Río Negro
Hay muchos médicos objetores de conciencia y no cuentan con equipos interdisciplinarios. Las mujeres con obra social o prepaga terminan en el sistema público.
La ley se sancionó en diciembre del 2020. Foto: archivo
El 30 de diciembre del 2020, después de años de lucha, se sancionó la ley que legalizó el aborto en Argentina. Sin embargo, tres años y medio después, la gran mayoría de los centros privados de salud no garantizan la práctica y las pacientes con obras sociales y prepagas deben acudir al sistema público. Las dificultades no terminan ahí: pese a que la medicación está cubierta al 100%, esto tampoco se cumple.
La ley establece el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las 14 semanas de gestación (IVE). También reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación, peligro de la vida o de la salud de la persona gestante por fuera de ese período.
«Al no haber Superintendencia de Salud, al no poder hacer denuncias se puso más difícil destrabar algunos pedidos. No hay apoyo en el sistema privado. No se armaron equipos interdisciplinarios para la intervención, entonces quedaron a mitad de camino. Esta demanda que no se cubre, llega al hospital«, especificó Romina Berazategui, médica clínica del hospital Ramón Carrillo de Bariloche e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
Señaló que en los centros privados hay muchos médicos objetores de la práctica. «¿Por qué no atienden a las mujeres? Por falta de capacitación, a veces dicen que no tienen lugares de internación y otras, por desidia. Si hay que hacer seguimiento, no lo tienen protocolizado», advirtió Berazategui.
Victoria Fernández, médica generalista del Centro de Atención Primaria de Salud de Barrio Nuevo en Roca, consideró que «los privados, más allá de no garantizar la práctica por ser objetores de conciencia, tampoco realizan derivaciones en tiempo y forma«. No aportan información precisa ni guían a las mujeres, haciéndolas perder tiempo muchas veces.
«Cuando sos objetor de conciencia y una paciente viene con la clara decisión de interrumpir su embarazo, el médico debe aclarar de inmediato que es objetor y, hacer la guía y la derivación. Están habilitados para no realizar la práctica específica – en este caso, sería no indicar la medicación que pueda producir un aborto -, pero deben realizar las prácticas médicas correspondientes a la salud y la vida de las pacientes», especificó Fernández.
Las clínicas privadas están obligadas, además, afrontar los costos de las derivaciones.
Fernández también dijo que, en muchas ocasiones, los médicos «hacen perder tiempo a las pacientes porque, en vez de decirles en la primera consulta que son objetores de conciencia y deberían ir a tal o cual lugar, las citan nuevamente para una segunda consulta y recién ahí les dicen que deben ir a otro lugar».
Sin cobertura de medicamentos
El hospital modular del kilómetro 8 de la avenida Pioneros, al oeste de Bariloche, recibe entre 10 y 15 consultas por semana vinculadas a la interrupción del embarazo. Y el servicio de ginecología, además de los centros de salud donde no hay médicos objetores de conciencia, reciben un promedio de cuatro. La mitad de las consultas corresponden a mujeres que tienen cobertura social, pero no han encontrado respuestas en el ámbito privado.
«En el hospital, se hace un sistema de reintegro, aunque no hay una recuperación 100% de esa actividad. Si bien con la demanda, el hospital se colapsa, no nos importa si la mujer tiene obra social o no», aclaró Berazategui.
Pero señaló que sí hay limitaciones con la medicación. «Hoy nos alcanza y no hemos tenido faltantes gracias al Profarse (el laboratorio de la provincia de Río Negro), pero la medicación es reducida. Entonces, los que tienen obra social la tienen que comprar y ahí encuentran dificultades porque las obras sociales no la cubren, como deberían, al 100%”.
El misoprostol cuesta entre 100 mil y 200 mil pesos; mientras que la mifepristona es aún más onerosa. «Estamos teniendo buenas respuestas al tratamiento combinado que disminuye las complicaciones, como los riesgos de sangrado», acotó la médica.
En relación a los posibles reclamos por la cobertura de la medicación, Fernández explicó que «muchas veces, los pacientes no pueden perder tiempo con la burocracia de las obras sociales. A la mayoría de las pacientes las mandamos al hospital que provee la medicación y luego, busca compensar (cómo cobrar a obras sociales). Pero esto llega mucho después y en el medio, nos saca recursos porque la medicación no llega constantemente. Estamos atrás de los pedidos«.
La profesional destacó también que el Ipross es una de las únicas obras sociales que no presenta inconvenientes a la hora de cubrir la medicación en estos casos. E identificó las trabas burocráticas que ponen algunas farmacias «con distintos criterios: receta electrónica, si se necesita por duplicado (requisitos que no están dentro de la ley)».
La invitación a denunciar
La ginecóloga María Emilia Echeverría, referente de IVE e ILE en el Valle Medio, explicó que desde Salud Pública se trata de evitar que las mujeres atraviesen «trámites engorrosos».
«El principal obstáculo que encuentran es la objeción de consciencia de los profesionales de la medicina privada en Valle Medio. No existe quien garantice derechos en la parte privada», dijo y aclaró que «por lo general, invito a las mujeres denunciar a su obra social, pero no he tenido suerte en que sigan adelante con eso. En el último año, las obras sociales que cumplen con la entrega de medicación son contadas con los dedos de una mano, excepto el Ipross».
En Choele y Valle Medio existe un teléfono único de ingreso de demanda (2946 52-6096) desde donde se redirige la solicitud. Aunque el equipo se fue desarmando por falta de personal, el teléfono celular sigue vigente.
El hospital modular de Bariloche atiende los miércoles de 13 a 20. El teléfono es 2944 20-9006.
En Roca, la práctica se garantiza por la mañana en todos los centros de salud periféricos: JJ Gómez, La Rivera, Mosconi, Barrio Nuevo, 250 Viviendas, Chacramonte y el consultorio 8 del hospital Francisco López Lima.
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