Pese a tener cobertura de obra social y prepaga, los afiliados desembolsan una fortuna para atenderse
En los últimos meses, la gente debe pagar un "coseguro" para algunas consultas médicas, los análisis más básicos ya no son cubiertos en su totalidad y los medicamentos alcanzan coberturas mínimas.
Los reclamos por el acceso a las prestaciones aumentan. Foto: archivo
A pesar de contar con obra social o prepaga y pagar abultadas cifras mensuales, muchos afiliados se ven atravesados por infinidad de pagos por coseguros a los médicos, estudios médicos que ya no son cubiertos en su totalidad y medicamentos con coberturas mínimas. En algunos casos y ante ciertas urgencias, hay quienes asumen los costos como pueden y, otros optan por evitar consultas y análisis que permitirían detectar enfermedades.
Hoy, para atenderse con un profesional, el afiliado firma una orden que le permitirá al médico cobrarla después a la obra social, pero a la vez debe pagar un coseguro que puede arrancar de los 3 mil a los 20 mil pesos. El monto depende de cada profesional. Muchos pacientes ofuscados piden factura, pero no siempre la obtienen.
Iris es afiliada de Ipross en Bariloche. Solo en dos medicamentos de tiroides, gasta 100 mil pesos por mes. «Hay muchas consultas que ya no cubre Ipross y los laboratorios siempre te cobran algo, incluso por los análisis básicos. Es como no tener obra social. Terminás recayendo en consultas particulares, pagas, más aún si hablamos de una urgencia como me pasó semanas atrás que tuve que pedir plata prestada para atenderme», planteó.
«Desde hace unos dos o tres meses, estoy pagando para todo«, resumió Ana Laura, de 36 años, afiliada de Unión Personal. Meses atrás, le detectaron dos aneurismas que le generaron algunas complicaciones. «En una semana, pagué 20 mil pesos por la consulta con el otorrino, otros 20 por la neuróloga, 10 mil por estudios de sangre. Antes me cubrían todo; ya no. En medicamentos, me cubren el 40%, pero estoy gastando 150 mil porque uno de los crónicos lo sacaron como crónico hace poquito», detalló.
Dijo que debe consultar a la neuróloga una vez por mes; mientras que a la otorrinolaringóloga asiste dos o tres veces por mes. Ahora, arranca con una neurooftalmóloga. Esta mujer oriunda de Conesa y residente en Bariloche aseguró que ya no saca cuentas de los gastos mensuales.
«Por suerte -reconoció- cuando me operaron, me cubrieron todos los gastos de traslado y estadía como así también los estudios de imágenes, me hice varias tomografías y resonancias con contraste».
El dilema de cómo acceder a una respuesta
La defensora del Pueblo de Bariloche, Analía Woloszczuk, explicó que a partir del 14 de febrero pasado y hasta abril, con la desregulación de las obras sociales y las compañías de medicina prepaga, comenzaron a recibir infinidad de consultas por los aumentos constantes.
Después, se sumaron alrededor de 200 reclamos -muchos de ellos, graves- vinculados al acceso a las prestaciones. «Vienen muchos pacientes oncológicos y personas jubiladas por temas generales como la entrega de medicamentos, derivaciones, tratamientos o porque no reciben prótesis para cirugías. Las obra sociales cada vez responden más desde la virtualidad y la gente se siente muy desconcertada en cuanto a donde ir, cómo hacer para preguntar, cómo usar una aplicación, si llamar por teléfono o usar un mail», indicó.
Una vez que los afiliados se acercan a la Defensoría del Pueblo, se evalúan los pasos administrativos que han seguido. Woloszczuk consideró que los canales de comunicación de las obras sociales y prepagas «nunca son claros: a veces, les piden que usen la aplicación pero responden por WhatsApp y hay mucha gente que no tiene tanta práctica con las redes sociales y necesita una atención presencial«.
Cuando en la Defensoría advierten una negativa, una respuesta parcial o un silencio por parte de la obra social, recomiendan una presentación judicial. «En el caso de las obras sociales nacionales, la gente debe acudir a la Defensoría Federal; en el caso de Ipross, articulamos con la Defensoría del Pueblo de la provincia para hacer una gestión previa, sin necesidad de judicializar», comentó.
Recalcó que los cobros extras para los afiliados los incentiva a acudir, en muchos casos, al hospital público que se ve colapsado.
Reclamos judiciales
La hija de Macarena, de 9 años, tiene parálisis cerebral y necesita un andador ortopédico desde hace un año. En ese mismo momento, le recetaron valvas para los pies que nunca llegaron. Desde la obra social Osecac, dijo, la respuesta constante es que «el pedido está en auditoría médica«.
«Hoy, por más que envían las valvas, ya no sirven porque se le torcieron más los pies. El kinesiólogo nos dijo que no solo no le van a corregir a esta altura, sino que le van a lastimar», expresó la mujer que, en su momento, pidió presupuesto en una ortopedia para evaluar la comprar por su cuenta: le pasaron 400 mil pesos, contra los 800 mil pesos que le habían solicitado a la obra social. «Por eso, también las obras sociales no responden en seguida: porque les pasan el doble», cuestionó.
Ante la falta de respuestas, Macarena trasladó su reclamo en la Defensoría del Pueblo donde le recomendaron acudir a la Defensoría Federal que intimó a la obra social. «Me escribieron para saber cómo iba el caso, pero les comenté que, hasta ahora, no se habían comunicado conmigo», señaló.
Mariela también debió concurrir a la Defensoría Federal. Su esposo atravesó una craneotomía por el impacto de un balín de aire comprimido. Estuvo en terapia intensiva hasta que comenzó con internación domiciliaria.
«Medifé me brinda servicio de kinesiología y le estaban dando prestación de enfermería hasta hace 10 días. De la noche a la mañana, me sacaron la prestación alegando que mi esposo está estable y dicen que no necesita enfermería todo el tiempo», relató esta mujer que tiene dos hijos de 14 y 10 años.
Explicó que el hombre tiene movilidad reducida y solo puede mover el brazo izquierdo. «Necesita un cuidador. Yo tengo artritis reumatoidea y lo baño con la ayuda de mi hija de 10, pero me duelen mucho las articulaciones», señaló al tiempo que agregó: «Además, pagué 460 mil pesos por la prepaga el mes pasado y cuando me atraso con el pago, te apuran. Ayer tuve que salir por mi hija, no podía dejar mi esposo solo y una enfermera cuesta 5000 pesos la hora».
Fabián Tumino, dirigente de ATE en Pami, señaló que con el equipo jurídico del gremio presentará un recurso de amparo colectivo por los recortes en la cobertura del 100% de los medicamentos crónicos. «Las agencias están explotadas de gente que, de golpe se encuentra con que no tiene más el descuento. Es complicado de comprender para la persona adulta mayor», dijo.
Agregó que «cada vez que se cambia un programa hay que dar un tiempo prudencial. Con los medicamentos no lo hicieron. De golpe les pidieron un millón de requisitos. Por eso, pedimos que se suspenda la medida, que sigan tres meses con la cobertura automática al 100% y le den tiempo a los jubilados para reunir la documentación».
Comentarios