Nuevo paso hacia la producción de cannabis medicinal en la región

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) del Alto Valle y organizaciones que trabajan en la temática del cannabis en la región destacaron como un positivo avance la reglamentación de la Ley 27.669 para la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial.

Desde 2017 está vigente la ley de investigación médica y científica del cannabis. Pero el año pasado se promulgó una segunda normativa de industrialización del cannabis y cáñamo que establece una clasificación de las diversas licencias y autorizaciones que las entidades pueden solicitar, incluida la comercialización.

Mariana Amorosi, asistente de planificación de la región Patagonia Norte del Inta y la responsable legal de un proyecto de cultivo de cannabis medicinal que se realiza en Bariloche y en la estación experimental del Alto Valle, señaló la importancia de una “ley integral, que abarque todas las aristas que tiene el cannabis. Venimos de una ley de investigación y desarrollo y esta ley productiva va a dar acceso al resto de los actores de la sociedad, donde se podrá realizar un cultivo más amplio. Dará más espacio a las Pymes y a las cooperativas, entre otros”, aseguró.

La referente de Inta consideró que estas normativas se orientan a impulsar la producción nacional, sustituir las importaciones y “que nosotros podamos abastecer el mercado interno y también exportar”.
Amorosi valoró que la producción nacional y el consumo, generan “empleo y conocimiento”.

“Se abre una nueva actividad productiva y de industria. Sin ir más lejos, tenemos el caso de los cultivadores que siempre estuvieron en resguardo de la ley por una cuestión de ilegalidad y hoy ellos pueden ser la principal mano de obra más buscada porque tienen el conocimiento, pero además se abren muchas puertas para la gente, tanto para el trabajo como para la economía regional, fomentar el desarrollo nacional y la sustitución de importaciones”, destacó Amorosi.

Al respecto remarcó que generará nuevas Pymes con diferentes ramas en cuanto a laboratorio. Podrán indagarse en el tratamiento cosmético, dermatológico, en los alimentos, entre otros.

La mirada de las ONG

“Hoy podemos decir que somos legales y además que hay todo un proyecto productivo nacional para desarrollar, me parecen maravillosos todos los logros que se vienen dando gracias a un Estado presente”, destacó Fernanda Canut, presidenta de la ONG Cannabis Medicinal Río Negro.

La referente que creó la organización a raíz de una experiencia personal valoró los avances legislativos de Argentina y los vinculó a una “lucha y trabajo constante de todas las organizaciones del país”.

En diálogo con RN RADIO, Canut dijo que la “cadena productiva” irá desde semillas, plantas, alimentos en los que se pueden obtener aceites con un alto porcentaje de Omega 3, 9 y 6, cosméticos.

“Esa producción permitiría transformar la economía en miles de productos derivados del cáñamo industrial, desde papel, sogas, telas, ladrillos ignífugos, biocombustible cosmética en general, el sector alimenticio, se abre un mundo nuevo respecto al desarrollo productivo”, destacó Canut.

Indicó además que con esta normativa “las producciones que se hagan van a ser de un límite no mayor del 1% sobre el THC, que sean plantas no psicoactivas, que no tienen ninguna afección en el organismo, tienen ese porcentaje que no afectan en absoluto”.

Objetan la doble moral con la penalización de la tenencia

La organización civil Ciencia Sativa de Bariloche celebró la reglamentación: “Se abre la posibilidad de que las empresas y otras entidades puedan cultivar y comercializar”, explicó Gabriela Calzolari, bióloga e integrante de la ONG.

Hasta ahora, se contaba con el registro del Reprocann, una base de datos diseñada para registrar a las personas que requirieran acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico o paliativo del dolor. “El Reprocann regula el auto cultivo o cultivo de Ongs sin fines comerciales. Uno cultivaba, pero no podía comercializar”, aclaró Calzolari.

Insistió en la necesidad de un programa de adecuación para organizaciones de la sociedad civil y cooperativas que deseen presentar proyectos. “Hay distintos tipos de licencias que se podrían obtener. La idea es que los pequeños y medianos productores -con menos recursos económicos y humanos- puedan hacer un proyecto rentable para insertarse en la industria de cannabis. O sea, que tengan las mismas oportunidades que las empresas”, indicó.

Calzolari se mostró conforme con la reglamentación, pero insistió en que no está claro el camino de la implementación, cómo se puede acceder a una licencia y recalcó que las oportunidades deben ser equitativas para los diferentes actores.

“Creemos que hay una doble moralidad. Mientras avanzamos en legislaciones y expedimos licencias para comercializar, la tenencia sigue siendo penalizada en el país. Sigue habiendo personas presas por plantar. No hay voluntad para debatir la ley de drogas”, señaló.