Nueve años del “Ni Una Menos”: sin ingresos y con programas reducidos en Nación y en Neuquén
La actual crisis económica y la retracción del Estado condiciona las posibilidades de que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia de género. En la provincia recién se están reactivando algunos aportes y hay una gran deuda en cuanto al acompañamiento en materia de salud mental.
En la última década en Argentina hubo al menos 2.446 víctimas directas de femicidio. De una tasa inicial de 1,03 cada 100.000 en 2014, se pasó a una de 1,05 en 2023. Foto Cecilia Maletti.
Al igual que en años anteriores, en promedio, casi todos los domingos de 2023 ocurrió un ataque femicida en algún lugar del país: 3 de cada 4 fueron dentro de una vivienda. El dato, prácticamente perdido dentro del último informe del registro que realiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dimensiona la magnitud del tema. El gobierno libertario, que asumió el 10 de diciembre pasado, no reconoce la urgencia de esta agenda, el presidente la degrada cada vez que puede y reduce a la mínima expresión cualquier tipo de programa de acompañamiento.
«Tenemos mucha incertidumbre respecto de cómo vamos a seguir», dijo la abogada Celina Fernández, que es parte del equipo que brinda patrocinio jurídico a víctimas de violencia de género de Nación en la provincia. Recientemente cambiaron de dependencia: pasaron del ministerio de Capital Humano a Justicia.
Remarcó que «hay una necesidad económica que es muy muy palpable» y que se ha hecho díficil coordinar con los programas de provincia para la asistencia. RÍO NEGRO publicó que la gestión de Rolando Figueroa estuvo cinco meses sin pagar el aporte para los alquileres que reciben las víctimas.
Planteó que esto genera que muchas no puedan romper el ciclo de violencia y opten por permanecer en sus casas, aunque no estén a salvo: «me quedo porque no pago el alquiler, me quedo porque el varón es el que sigue teniendo el empleo».
Otro de los grandes déficit para Fernández en la provincia en el último tiempo han sido los espacios psicoterapeúticos. «Es sumamente importante que exista conciencia respecto de la necesidad del abordaje de salud mental, porque la verdad es que no hay casi, nos cuesta muchísimo poder conseguir asistencia», aseguró. Sin ingresos y además sin un fortalecimiento emocional es dificultoso sostener esa decisión para las denunciantes.
Nora Isasi, defensora civil en Neuquén, coincidió en este punto y sumó que la oferta de dispositivos específicos para que los varones cambien su conducta -tanto en el DAV como en el ministerio de Salud- tampoco es suficiente (ver aparte).
La abogada Angie Acosta, fundadora del servicio Socorro Violeta de La Revuelta, que realiza asesoramiento legal desde 2016 en este espacio, indicó que las consultas por «cuota alimentaria» siguen siendo una constante. Marcó que con el mega DNU que modificó las condiciones de los contratos de alquiler (actualizaciones cada tres meses) «hizo imposible la cuestión habitacional» y «para tener un techo se aguantan lugares que no eligen».
Enfatizó en que el acceso a la justicia es un obstáculo «no es gratuito, ni integral, solo para algunos casos, para las personas que tienen un magro salario«.
Esto en relación a la pauta económica que fija la defensa pública provincial y alcanza a la ley 2785, que son los casos que suceden en el ámbito doméstico y los más denunciados. Una persona tiene que ganar hasta $596.823 para acceder, si tiene un grupo familiar a cargo, y $304.200 para quienes no. El costo de vida actual en la provincia los convierten en topes paupérrimos.
La Casa Aliwenko que depende del municipio de la ciudad de Neuquén también tiene el servicio de patrocinio jurídico. Una de sus dos abogadas explicó que la demanda que más reciben, en cuanto a consultas, son casos de violencia de género económica y patrimonial, y últimamente mucho pedido de gestión de algún aporte por la crisis. «Muchas veces en sus relatos aparece «pero bueno él me pagaba los estudios», entonces no es que no quieran salir de ahí, pero es la parte económica la que hace que se queden», señaló Carolina, cuyo apellido no se difunde como medida de protección de la subsecretaría de Mujeres.
¿Cuán diferente es entonces la posición del gobierno provincial del nacional en este escenario? Si bien Figueroa mantuvo el ministerio de Mujeres, lo sucedido con el no pago de los aportes por alquileres a las víctimas de violencia de género, casi todo un semestre, y la ubicación de la Línea 148 como un servicio de emergencias más son muestras de que no se comprende la profundidad del asunto. Especialmente cuando la provincia tuvo la tasa de femicidios más alta del país en 2023 y lo que acecha es la crueldad.
El dato
- 11
- jurisdicciones tuvieron en 2023 una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres mayor que el promedio nacional de 1,05. Neuquén fue la primera con 2,31 según reportó el último informe del registro de la Corte Suprema.
Cupo «muy chico» en el DAV, falta de profesionales y turnos
«Un tema que es re importante hoy en violencia de género es la falta de recursos en salud, concretamente en el área psicosocial de salud para hacer el acompañamiento, tanto a las víctimas como a los victimarios«, afirmó Nora Isasi una de las diez defensoras civiles de Neuquén.
Planteó que en el caso de los varones el único dispositivo de atención es el DAV «que tiene un cupo muy chico para admitir usuarios» y con una serie de requisitos, por ejemplo no reciben personas con problemas de consumo abusivo de sustancias o con causas penales.
Este programa, que en la gestión anterior estaba dentro del ministerio de Mujeres y Diversidades, pasó a una estructura que no guarda relación alguna con la especificidad requerida: la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, donde también quedó la Línea 148.
Isasi aseguró que hay una crisis dentro del área de salud mental «muy grande, no hay profesionales y no hay turno«. Esto deja a la intemperie a las mujeres, sus hijos e hijas, que sufrieron violencia a veces de forma crónica, sin la posibilidad de un tratamiento continuado, y a los agresores excluidos de poder tener un espacio para revisar sus conductas.
El caso de Cinthia Lagos se archivó en tres párrafos
En estos seis meses de 2024 hubo un único femicidio en Neuquén: el de Cinthia Lagos, ocurrido el 11 de febrero en Junín de los Andes. La joven tenía 35 años y una hija. Era oriunda de Zapala. La autopsia reveló que recibió 13 heridas de arma blanca. El crimen lo cometió su pareja, Reinaldo Esteban Morales, un militar nacido en El Huecú, que trabajaba en el Grupo de Artillería de Montaña 6.
Luego de atacarla dentro de su casa, durante la madrugada, él se autolesionó con el mismo arma. Cuando la policía ingresó a la vivienda y lo encontró fue trasladado al hospital local y allí murió.
El 17 de abril pasado la asistente letrada, Elizabeth Pellicer, archivó la investigación en tres párrafos. Dijo que tomó esta decisión debido a que «el autor del homicidio» se «quitó la vida momentos después de perpetrado el hecho». «Sin perjuicio de ello, para el caso de incorporarse nuevos elementos de prueba al legajo que desvirtúen lo resuelto, la presente resolución podrá ser reconsiderada, como así de peticionarse revisión ante el superior jerárquico, se podrán ampliar los fundamentos de la presente», agregó.
La acción penal se extingue por la muerte del acusado, es cierto, pero los archivos suelen tener algún tipo más de precisión sobre lo qué pasó. En este caso fue híper escueto y con términos que ya deberían estar desterrados, a nueve años del «Ni Una Menos» y seis de la sanción de «ley Micaela».
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina aportó en su informe que el 15% de las 246 causas judiciales de 2023 fueron archivadas por que el agresor, por ejemplo, se suicidó.
Hay una investigación abierta en Rincón de los Sauces por la muerte de Estefanía Benítez, ya que la fiscalía aún no pudo determinar si se trató o no de un femicidio. Están a la espera de los resultados de un examen de ADN.
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