Ni Una Menos: La red de madres que se sostienen, tras los femicidios de sus hijas

En octubre se cumplirán dos años del femicidio de Carolina Rivero, que conmovió a la localidad de San Antonio Oeste. Y aunque en abril su ex pareja, Elvio Pazos, fue condenado a prisión perpetua, Marisa Barrientos, su madre, afirmó que nada cambió desde entonces:  las instituciones a las que acudió su hija buscando salir del espiral de violencia de género siguen desatendiendo el pedido de ayuda de las mujeres.

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“Todas las instituciones que tienen que actuar en estos casos no están preparadas, ni emocional ni legalmente. Son gente puesta a dedo que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, y por esa razón estamos como estamos. Y siguen inventando entidades que no funcionan” , sentenció la mujer. 

“Muchas veces yo fui con mi hija a denunciar y me dijeron: ‘usted no se meta en problemas de pareja’. O cuándo llegaban a su casa y la veían golpeada y en estado de shock (porque él le pegaba y se iba) le decían a Caro: ‘no fue nada, mami’.  Un servidor público debe estar preparado para algo así”, se indignó. 

Esas situaciones se dieron tanto en la comisaría 10º como en la de la Mujer. Aunque, como apuntó Marisa, “la Justicia tampoco brindó ayuda”. 

“En el juzgado de Paz una de las actuaciones policiales que recibieron la caratularon como ‘ruidos molestos’. Dijeron que había sido un tema de ruidos molestos que Pazos estuviera amenazando a los gritos a mi hija y queriendo romper todo para entrar. Ahí te da la pauta de cómo se manejan”, recordó con angustia. 

De hecho, los abogados que la patrocinan están reuniendo material para abrir otra causa, que buscará determinar las responsabilidades funcionales “para que no quede impune esto que pasó, y si hay alguna autoridad, de la policía o de la Justicia, que deba responder, lo haga”, precisó la mujer. Destacó el rol de los abogados Damián Torres y Pedro Casariego, y también el apoyo del fiscal Juan Peralta.

Hoy, junto con su esposo, Marisa está a cargo de sus dos nietos. Un niño de 9 años que Carolina tuvo con Pazos y una pre adolescente que es hija de otra pareja, y mantiene un vínculo fluido con su papá.

Tras lo ocurrido, pudieron acceder al cobro de una remuneración destinada a niños cuyas madres fueron víctimas de femicidio, conocida como la ley Brisa.

Ese trámite no estuvo exento de complicaciones, y, otra vez, Marisa destacó la ineficacia de algunas instituciones. “Me enteré de esto por el Anses, me llamó una empleada, Viviana Santillán, y Bruno Bravo, el titular local, que fueron quienes se pusieron a disposición para el trámite. Pero era algo que tenía que articular la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Y la delegación de San Antonio jamás se contactó conmigo”, se lamentó. 

Finalmente otra madre, que, al igual que Marisa, perdió a su hija en un femicidio en  Tucumán  fue la artífice de que la mujer pudiera acceder a contactos claves del Senaf de  Buenos Aires, y de autoridades de Nación.

La historia conmueve, porque quien la ayudó es Mariela Tacacho. Ella es madre de Paola, una chica que el 30 de octubre de 2020 (el mismo día que Pazos mató a Carolina) fue asesinada en plena calle. Los femicidios se produjeron con 5 minutos de diferencia, y en el caso de la joven tucumana el agresor fue un ex alumno de su mamá, que es profesora de biología. 

Tacacho, que también denunció junto con su hija el acoso al que era sometida, fue la que buscó a Marisa y la conectó con una red de pares, que la orientaron para impulsar las gestiones. “Sin ellas no se hubieran resuelto las trabas que me ponían acá”, destacó.

Hoy, a 7 años de la primera marcha bajo la consigna “Ni Una Menos”,  la mujer vuelve a cuestionar el rol de los dispositivos del Estado que deben prevenir la violencia de género. “Es que, para que no haya que lamentar más muertes, eso es lo que debe cambiar. Porque detrás de cada hecho hay instituciones policiales y judiciales que nunca actuaron cuando debían”, finalizó.

Uno de los reclamos que se potenció tras el femicidio de Carolina Rivero fue el de la puesta en marcha del Consejo local de Mujeres, Género y Diversidades, que finalmente comenzó a funcionar en abril de 2021. 

El organismo se había creado en 2009, y contaba con una representante que designaba el municipio, sin una participación activa de las organizaciones civiles. En diciembre de 2019 esa estructura se actualizó por ordenanza, pero no se había puesto en marcha.   

Hoy está compuesto por ocho representantes de distintas asociaciones de mujeres y disidencias, dos miembros del Ejecutivo municipal, dos del Concejo Deliberante, la defensoría del Pueblo, una asesora legal, una psicóloga y una trabajadora social. 

“Hay un presupuesto asignado de un millón y medio anual, que puede ser utilizado para realizar campañas de prevención, pagar alquileres de emergencia, para asistir puntual y eventualmente a alguna mujer”, detalló la concejal Marcela Dodero (FDT), que preside el espacio. 

Actualmente, como no hay psicólogo ni asistente social designados, se encuentran trabajando en la búsqueda de profesionales y en el armado “de una red inter institucional”. 

“Empezamos a generar esta red porque vemos que cada institución trabaja por su lado, y falta articulación. Nos estamos reuniendo cada 15 días y ya hubo cuatro encuentros. Convocamos a la comisaría de la mujer, a la Justicia, a los Equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP) de Educación, a Salud Mental de los hospitales locales. La idea es ir fortaleciendo esos vínculos, para que el abordaje de cada situación mejore”, apuntó Dodero.

Escuchá la columna de géneros de Laura Loncopan Berti en «Vos a Diario» por RN RADIO:

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