Mediante cuatro casos emblemáticos, Amnistía Internacional denuncia racismo de las fuerzas de seguridad en Argentina
El racismo está presente en muchos ámbitos de la sociedad. Y, entre ellos, entre agentes de seguridad del Estado, según denuncia Amnistía Internacional en un especial audiovisual titulado Hay Racismo, que repasa cuatro casos diferentes de violencia institucional.
“El uso abusivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad es un problema estructural. Pero, además, es racista y discriminatorio, ya que sus víctimas suelen pertenecer a comunidades indígenas, a barrios populares o a colectivos marginalizados, sobre quienes generalmente se aplica perfiles raciales al momento de detenerlos, interceptarlos en la vía pública o dispararles”, señaló Amnistía en un comunicado, al presentar el documental. “La mayoría de las familias, asimismo, queda a la deriva ya que sus posibilidades de acceder y obtener justicia son remotas”.
En ese contexto, desde Amnistía recordaron que “en mayo de 2023, el Comité sobre la Discriminación Racial de Naciones Unidas alertó a Argentina ‘por la persistencia de la práctica del uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas policiales y otros agentes del orden, que afecta en particular a las personas pertenecientes a Pueblos Indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, que resulta en muchos casos en violencia policial y, en algunos casos, en la muerte de las víctimas’”.
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Hay Racismo
Para visibilizar este problema, Amnistía Internacional publicó un sitio web en el que cuenta los casos de cuatro personas víctimas de violencia institucional y racismo. En cada caso hay tanto una crónica del caso como una pieza audiovisual. Se puede acceder a las historias en este enlace.
Los casos son los siguientes:
Daiana Abregú (Buenos Aires). Diana fue asesinada en una comisaría el 5 de junio del 2022. Tenía 27 años y estaba embarazada. La Policía informó a su padre y su madre que se había ahorcado en una celda, horas después de ser detenida. Las autopsias posteriores descartaron el suicidio. María Laura, su mamá, denunció: “De mi hija decían ‘Esta negra qué se cree’”.
Mauro Coronel (Santiago del Estero). “A mi hijo lo mató la policía”, asegura Laura, la madre de Mauro, un joven que sufrió torturas en una comisaría y cuatro días después murió. Facundo, hermano de Mauro, agregó que la víctima fue discriminada por su aspecto y por el barrio humilde del cual provenía: “Algunas veces piensan que porque uno ande vestido deportivamente es un chorro”.
Facundo Astudillo Castro (Buenos Aires). Facundo fue encontrado muerto hace tres años en un cangrejal cerca de Bahía Blanca. Cristina, su mamá, cuenta que en Luro, su ciudad, la vía divide a la sociedad: “Quien vive de un lado es un ‘negro de atrás de la vía’. Y los negritos no importan”.
Caso de una familia qom (Chaco): En mayo del 2020, la policía ingresó por la fuerza en horas de la madrugada, golpeando a quienes estaban adentro, incluyendo niños, con insultos como “indios infectados”, o “indios de mierda”, en referencia a su pertenencia al pueblo indígena. “No había orden de allanamiento. Tampoco orden de detención. Los policías igual se llevaron a Alejandro Saravia, Rebeca Garay, Cristian Fernéndez y Daiana Fernández, que entonces era menor de edad. Toda la secuencia quedó registrada y es una prueba clave en la causa que tiene 10 imputados, aunque ningún detenido”, dice la crónica.
💬 Una noche, en medio del silencio, la policía irrumpió en la tranquila casa de la familia Fernández Saravia: “Nos insultaron porque somos aborígenes".https://t.co/KJSZmtG46I pic.twitter.com/YjUhg1eTDZ
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) September 5, 2023
“El racismo esconde estructuras históricas de discriminación y desigualdad que se materializan de diferentes maneras: una de ellas es la violencia en manos del Estado. Los cuatro casos son solo un ejemplo de cómo el racismo permea el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad en nuestro país. El color de piel, el barrio, la comunidad de pertenencia, son dimensiones que ponen en riesgo la vida e integridad de una persona. Es momento de poner un freno, aceptar este diagnóstico y trabajar en políticas concretas y efectivas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En busca de impulsar medidas integrales y coordinadas para combatir la violencia institucional, Amnistía Internacional convoca a las autoridades a reunir la información que permita generar, a nivel federal y provincial, estadísticas unificadas y confiables que estén desagregadas por, por ejemplo, origen étnico, nacionalidad y género de las víctimas.
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