Mapuches de Neuquén en estado de amenaza tras el DNU de Milei: «Bullrich es una criminal»
La Confederación Mapuche de Neuquén compartió un duro comunicado en contra del decreto de necesidad de urgencia que fue informado por el Presidente y su gabinete el miércoles pasado.
La batería de modificaciones y derogaciones de leyes que integran el decreto de necesidad de urgencia (DNU) que informó el presidente Javier Milei junto a su gabinete durante la última semana, repercutió directamente al pueblo mapuche. La confederación que nuclea a gran parte de las comunidades en Neuquén asumió el «estado de amenaza», por el alcance del nuevo panorama normativo pretendido por Nación.
«El pueblo nación mapuche se asume bajo estado de amenaza ante una presidencia que promueve odio racial y que busca privarnos de derechos que han sido ganados a costa de vidas que han quedado en las rutas o en los territorios», comienza el comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén.
En el escrito además, remarca que «nadie les regaló derechos» y que «no vamos a regalarle a ningún gobierno por más protocolos represivos que muestren». Incluso se refieren a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como «una criminal».
«No hay ningún gobierno que haya logrado imponer una política a palos porque ningún pueblo deja hijos librados a la represión y a la muerte», expresan.
La confederación remarcó el profundo rechazo a lo que consideran un «infame mega decreto» de Javier Milei y «la casta que lo sostiene». Respecto a los argumentos de fondo y forma del DNU informado el miércoles pasado, las comunidades cuestionaron su «falsa apelación a la necesidad y urgencia» entendiendo que lo que se busca en realidad es «arrasar con derechos básicos, habilitar la venta de bienes comunes ambientales y científicos, atentar contra derechos gremiales y laborales, lesionar gravemente el sistema de salud y romper las reglas fundantes del sistema democrático».
En el final del comunicado, se reconoce que la relación con la comunidad mapuche pasó por las instancias adversas de «un sistema democrático débil, incompleto, desigual, que ha impedido que las naciones indígenas ocupen el lugar que nos corresponde». Pero aún con todas esas falencias el nuevo gobierno nacional denota «un perfil autoritarismo represor, clasista, racista y organizado para una mayor explotación a manos de los grupos de poder económico concentrados».
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