Casa en Paso Córdoba: los principales puntos de la demanda de los dueños contra el Municipio

Los dueños de la controvertida casa construida en Paso Córdoba fueron a la Justicia para frenar la orden de demolición de la municipalidad de Roca y la millonaria multa aplicada por construir en el área protegida.

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Además de tacharla de «irracional», los tres propietarios cargaron contra el Ejecutivo que preside María Emilia Soria y la jueza de Faltas de Roca, Estefanía Rivero, al alegar que no les dieron derecho a defenderse, que el Municipio ha tomado decisiones arbitrarias con respecto la vivienda levantada en Paso Córdoba, e incluso cargaron contra una funcionaria municipal que aseguraron tiene una casa con pileta también en el área protegida de Paso Córdoba.

También plantearon como desmesurada la multa que aplicó el Juzgado de Faltas, que a su criterio excede y por mucho las facultades que otorga la Ley 2.669 de Río Negro establece el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Aseguraron, además, que presentaron toda la documentación del proyecto turístico El Campito, pero fue rechazado arbitrariamente por el Municipio.

El Municipio ordenó, semanas atrás la demolición de la construcción y aplicó una multa de 105.000 USAM, unos 60 millones de pesos.

En el escrito presentado en el juzgado Contencioso Administrativo de Roca, a cargo del juez Matías Lafuente, consta de 42 páginas. Lleva la firma del abogado Jorge Padín, además de otro dos letrados, que representan a los tres copropietarios del lugar.

Los argumentos de los dueños de la casa de Paso Córdoba

A continuación los puntos principales de la presentación en la Justicia.

• «No puede soslayarse la insignificante incidencia de la superficie construida respecto de la superficie total del lote, siendo que la superficie total afectada a la obra es menor a 300 metros y el lote en su totalidad es de 178 hectáreas. Un cálculo de regla de 3 simple indica que el área construida representa el 0,01685393 % del lote. Si quisiéramos trazar una analogía locuaz, una maceta en un patio incide en una proporción sensiblemente mayor».

• «Tampoco puede obviarse que en la zona existe una gran cantidad de construcciones, muchas de las cuales se encuentran emplazadas en tierras fiscales, sobre la vera del río, sin respetar el retiro correspondiente al camino de sirga, en algunos casos en asentamientos irregulares, lo que comúnmente se denomina tomas, asumiendo en dichos casos el Municipio una postura diametralmente opuesta, a saber, simplemente omitiendo llevar a cabo diligencia alguna, o incluso procediendo a «urbanizar» el espacio, o sea, ya no permitiendo sino que hasta fomentando tal
  irregularidad».

• «Si en espacios públicos (o al menos no propios) se tolera pasivamente el accionar, mal puede accionarse en nuestra contra como lo ha hecho el Municipio cuando las tierras son de propiedad privada, como el lote sobre el cual versa el presente pleito», indica la presentación en el juzgado Contencioso Administrativo. Y en este sentido aseguran la postura del municipio de Roca «responde a una animosidad. un fin meramente recaudatorio, o quién sabe a qué motivación».

• También se cuestiona que pese a que se trata de una vivienda, y que la Constitución Provincial plantea la realización de estudios de impacto ambiental para grandes emprendimientos, de todas formas se hizo un informe, aunque fue obviado por el municipio de Roca, más precisamente desde la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• En cuanto al monto de la multa aplicada, «la sanción supera holgadamente los parámetros previstos por el art. 35» de la Ley 2.669. Según el escrito, el máximo aplicable que dispone la norma provincial es de 20.000 unidades de litro de nafta común. «Aun así el Juzgado de Faltas aplicó una desmesurada sanción de 105.000 USAM».

• «A su vez resulta evidente la colisión y avasallamiento de la propiedad privada
  consagrada y protegida por el art 29 de la Constitución Provincial, considerando
  que el municipio basa su intransigente posición en hipótesis incomprobables y cuasi
  absurdas como la respectiva a que la existencia de una piscina podría alterar el
  proceso migratorio estacional de las aves, como si este hecho tuviera envergadura tal
  para la afectación de un ecosistema».

• «Nos encontramos con la sorpresa indignante de que una propiedad no solo se encuentra dentro del área natural protegida (…) está en la costa del río, y que por cierto tiene pileta, cuya titularidad actual la detentaría la secretaria de Producción y Desarrollo Sustentable del municipio, Florencia Ghirardelli, quien es firmante de la Resolución N 1718 o 2718/2024 donde se nos rechaza la apelación interpuesta y confirma el decisorio de la multa millonaria y la orden de demolición».
  
  

El municipio de Roca dijo que la construcción era «clandestina»

El municipio de la localidad ordenó pagar una multa millonaria a los propietarios de una construcción ubicada en el área protegida Paso Córdoba, construida en un lote del que son propietarios, y ordenó su demolición. Al momento de la resolución del Juzgado de Faltas del municipio, los dueños rebatieron afirmando se trataba de un proyecto turístico. 

El municipio rechazó los planteos de los dueños y ratificó la multa y la orden de demolición. Dio un plazo de 60 días para que cumplan esta orden.

Ante esta situación, los tres propietarios decidieron recurrir al Juzgado Contencioso Administrativo de los tribunales de Roca para frenar la orden. Ahora la causa está en manos del juez Matías Lafuente.