La Sociedad Interamericana de Prensa alertó sobre el «enrarecimiento del clima» para ejercer el periodismo
Entre las situaciones de violencia que sufrieron los trabajadores de medios, resaltó el que sufrió Patricio Rodríguez, reportero gráfico de RÍO NEGRO, junto a uno de sus colegas, en San Martín de los Andes.
La imagen que se convirtió en icónica: Pedro Jofré dispara contra el fotoperiodista. (Archivo)
Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el «enrarecimiento del clima» para ejercer el periodismo y destacó la agresión que sufrió Patricio Rodríguez, reportero gráfico de RÍO NEGRO, junto a su colega Federico Soto, en San Martín de los Andes. También se advirtió sobre el «crecimiento de la criminalidad vinculada al narcotráfico» en Santa Fe y sobre «mecanismos de censura» dentro de los proyectos por discursos de odio que se presentaron luego del ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El hecho al que se refirió la SIP ocurrió el 29 de julio, cuando Pedro Jofré disparó en pleno centro de San Martín de los Andes, durante un enfrentamiento de facciones de ATE. El militante pertenece a la lista Verde y Blanca, que dirige el actual secretario general, Carlos Quintriqueo.
La foto que Soto le sacó a Jofré, apuntándole de forma directa, recorrió el país, junto al pedido de justicia, aunque hubo nuevos enfrentamientos entre las partes y el respaldo de la lista oficialista a Jofré.
Otros de los hechos que enumeró la SIP son los de Santa Fe. El 11 de octubre, apareció una tela colgada frente a las instalaciones del canal Telefé Rosario con un mensaje que decía «vamos a matar periodistas». Señalaron que este año se cuentan más de 200 muertos debido al enfrentamiento entre bandas delictivas y que amenaza plantea un nuevo desafío a las organizaciones de libertad de prensa y los medios, porque las autoridades no tienen protocolos de protección para periodistas ni existen fiscalías especializadas ni los medios tienen protocolos de seguridad.
También recordaron que un camarógrafo del canal TyC Sports recibió tres disparos con balas de goma en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima, de la ciudad de La Plata, durante un desordenado operativo para repeler incidentes provocados por aficionados del club local.
El lawfare y los discursos de odio
Desde la SIP se puntualizó que el avance de las causas de corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner incrementó la intensidad del discurso del «lawfare», tesis impulsada por sectores del oficialismo que plantea una connivencia entre la prensa crítica, parte de la Justicia y miembros de la oposición.
A partir de un atentado contra la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre, aumentó -desde esos sectores y de periodistas y medios afines al gobierno- el tono de las imputaciones.
Se desplegó, además, una peligrosa campaña contra ciertos medios y periodistas a los que se pretendió vincular con el ataque.
En días posteriores se hicieron públicos proyectos legislativos que, postulando un combate contra los «discursos de odio», avanzaban sobre la regulación de contenidos e instalaban mecanismos de censura. Esos impulsos fueron moderados por dirigentes del oficialismo, pero evidenciaron reflejos autoritarios en varios dirigentes de la coalición gobernante.
El repaso de situaciones preocupantes
Generó preocupación que el gobernador de la provincia de La Rioja, a fines de abril, llamara a bloquear medios de la ciudad de Buenos Aires en las provincias del norte argentino.
En mayo, el procurador general de la provincia de San Luis rechazó un recurso de casación del periodista Diego Masci. El periodista pedía la revisión de la condena por violación a la intimidad, dictada por la Corte local, por la publicación de un video de la exministra de Educación Natalia Spinuzza. El caso reflejó las dificultades del periodismo en esa provincia, por un uso abusivo del derecho penal.
En junio, el periodista George Chaya, colaborador de Infobae, fue amenazado por el grupo terrorista Hezbollah.
A principios de ese mes, entidades como Adepa y Fopea criticaron las demandas judiciales del diputado nacional Javier Milei contra periodistas, por considerarlas intolerantes ante la crítica.
En junio, la Justicia de la provincia de La Rioja allanó el domicilio y secuestró los elementos de trabajo de la periodista Manuela Calvo, quien realizaba una investigación sobre la desaparición de una menor.
A fines de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó sobre un pedido de «derecho al olvido», revocando un fallo de Cámara que lo había reconocido. Natalia Denegri demandaba la desindexación de información ligada a su pasado. El máximo tribunal jerarquizó el derecho a la libertad de expresión sobre las pretensiones de la demandante. Adepa argumentó a favor de esa posición mediante un «amicus curiae» al que adhirió la SIP, pero advirtió sobre los perjuicios que genera la opacidad y la dinámica de los algoritmos de los buscadores en el debate público.
La escasez de dólares en las reservas públicas del Estado argentino impulsó una serie de restricciones a las importaciones que afectaron el acceso a papel, tintas, planchas e insumos tecnológicos, lo que perjudica la impresión de distintos productos y genera incertidumbre respecto del futuro de muchos medios, una limitación indirecta a la libertad de expresión, como describe el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
En agosto, cronistas de distintos canales de noticias fueron agredidos por manifestantes, física y verbalmente, en las cercanías de la Casa de Gobierno nacional.
En septiembre, trascendió un audio en el que se escucha a Marcelo Saín, exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, plantear la conveniencia de fraguar una imputación criminal contra el propietario de un grupo local de medios.
También en septiembre, las autoridades del canal de la provincia de Catamarca decidieron levantar el programa «Tirame un centro», del conductor Silvio Iramain. En su última emisión, el periodista había criticado aspectos de la gestión del Ministerio de Infraestructura.
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