Alquileres: la ley establece un programa nacional social que no se cumple
La problemática de los inquilinos se replica en todo el país. Un mes atrás se anunciaron cambios en la normativa pero no se avanzó en ese sentido.
La ley de alquileres, que desde su análisis está en el centro del debate y más aún con su puesta en marcha que no generó una mejora de la situación, incluye un apartado especial que nunca se cumplió y refiere a una política de intervención directa del Estado para generar “alquiler social”.
Esto lo advirtieron las organizaciones de inquilinos que plantean la necesidad de una política integral del Estado que posibilite el acceso al crédito, genere planes de viviendas e intervenga en el mercado de alquileres.
El título III de la ley incorpora el Programa Nacional de Alquiler Social “destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal”, reza el artículo 17. de la norma.
El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría de Vivienda, es el organismo encargado del “diseño de las políticas públicas para efectivizar” este programa que tiene una serie de premisas orientadas a brindar respuestas a sectores vulnerables, personas en situación de violencia de género, jubilados y pensionados, y cualquier otra persona que requiera alquilar para vivir.
Este articulado no habla de destinar fondos específicos para construir o disponer de viviendas que se puedan alquilar a un valor razonable, como ocurrió en Alemania, por ejemplo.
Un mes atrás surgió la versión de una eventual reforma de la ley de alquileres pero no se concretó hasta el momento ninguna modificación ni llegó al Congreso un proyecto en ese sentido.
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