La Iglesia Católica pidió el cese de la violencia contra las comunidades indígenas por parte del poder político
El mismo día en que se conoció el documento, la Administración de Parques Nacionales anunció el desalojo de dos personas de un predio en Los Alerces.
“Cuidar y defender el derecho de los más vulnerables” es el nombre del documento. Foto: archivo
La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica advirtió «con preocupación el avance de resoluciones y políticas de estado que desconocen y vulneran derechos de los Pueblos Indígenas» pese a los convenios internacionales y la Constitución Nacional.
El documento lleva el título “Cuidar y defender el derecho de los más vulnerables” y la firma del obispo Luis Scozzina. Plantea “múltiples atropellos sufridos por las comunidades, agudizados en este tiempo donde se exacerba el individualismo y la sobre explotación de nuestros bienes naturales y culturales y el creciente discurso estigmatizante contra los pueblos indígenas y de quienes acompañamos sus caminos de lucha. Vemos con preocupación que desde el poder político y económico se pretende nuevamente negar su preexistencia y pertenencia al Estado Argentino«.
Recalca además que hoy, se vuelve a escuchar discursos y afirmaciones referentes a los pueblos indígenas «como los otros, los extranjeros retrotrayéndonos a un pasado violento y excluyente«.
Desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron «una escalada de conflictos», a partir del desconocimiento de la propiedad comunitaria indígena y de la violencia ejercida contra las comunidades y contra aquellos que las acompañan, en su mayoría agentes de la Pastoral.
“Renovamos el llamado, en especial a los gobiernos, a abandonar actitudes de violencia y represión frente a las comunidades indígenas, e involucrarse en la superación positiva de los conflictos en sus territorios, en un marco de respeto por la verdad y las normas jurídicas vigentes, incluyendo a los indígenas como parte esencial de la solución mediante medidas no violentas que propicien el diálogo, la amistad social y la paz”.
El documento también menciona el pedido del papa Francisco, “en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas -mineras, petroleras-, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos”.
Parques informó sobre un desalojo en Los Alerces
El mismo día en que se conocía el documento de la iglesia, desde Parques Nacionales informaban que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificó el fallo del Juzgado Federal de Esquel el 7 de agosto pasado. De este modo, hace lugar a la demanda de desalojo contra Cruz Ernesto Cárdenas y Maria Belén Salinas de un predio en el parque nacional Los Alerces, a partir de una demanda impulsada por la Administración de Parques Nacionales.
Cristian Larsen, presidente del organismo, recalcó que desde su asunción, «hemos tomado una postura activa, iniciando juicios de desalojo e impulsando las causas que ponían en jaque la territorialidad y la soberanía argentina». Consideró que “el caso de Cruz Cárdenas es otra de las sentencias ejemplificadoras, como lo fue la condena de los falsos mapuches que usurparon Villa Mascardi. No vamos a tolerar grises: los usurpadores, afuera”.
Argumentó que, desde el inicio de la ocupación en 2019, «se registraron múltiples acciones de vandalismo, agresiones al personal de Parques Nacionales y daños a la infraestructura operativa de la Seccional El Maitenal». Aseguró que también se destruyó «un gran puente de madera que funcionaba como uno de los dos accesos viales a Villa Futalaufquen, población donde funciona la sede administrativa del Parque Nacional Los Alerces y la central de Incendios, Comunicaciones y Emergencias».
En agosto pasado, el Juzgado Federal de Esquel hizo lugar al pedido de desalojo iniciado por la Administración de Parques Nacionales, dictaminando «la expulsión de Cruz Ernesto Cárdenas, María Belén Salinas» en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces. Determinó que “los derechos de ocupación tradicional de los pueblos indígenas no justifican la usurpación de tierras ni el uso de medios ilegales para recuperar territorios”.
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