La crisis en salud afecta el acceso al aborto en Río Negro: hay falta de medicación en los hospitales

Julio Fernández, médico a cargo del consultorio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) del hospital Francisco López Lima de Roca, recibe entre ocho y diez pacientes cada martes. Sólo en el establecimiento tiene una demanda estimada de entre 36 y 40 consultas al mes, todas requieren tratamiento.

Actualmente se garantiza una parte del procedimiento: el pedido de los estudios médicos (ecografía y laboratorio) previo al aborto. Lo que no se puede concretar desde hace dos semanas -mediados de septiembre- es la interrupción por falta de misoprostol y mifepristona, que es la medicación requerida.

Las pacientes quedan a la espera mientras pasan las semanas y aumentan los riesgos, o bien deben conseguirla de manera particular si es que pueden afrontarla.

«El problema que tenemos es que no hay medicación (…) las pacientes van, se les hacen las indicaciones, pero desde el hospital no tienen acceso porque no hay, no la compra el ministerio (de Salud)», afirmó.

Falta de ginecólogos y derivaciones

Patricia Baeza, profesional del servicio de Trabajo Social del hospital, sumó otra preocupación: la falta de médicos ginecólogos. Actualmente hay solo una profesional para cubrir las guardias de todo el mes, por eso quedan días en la semana sin guardia.

«Hablar de la salud ginecológica en general y del aborto en particular es hablar de un acceso restringido y limitado», aseguró.

Desde su servicio, registraron casos de pacientes que fueron derivadas de Roca a Cipolletti o hasta Río Colorado, varios kilómetros, y que luego no les han contemplado el regreso de nuevo a sus casas.

«Estas situaciones generan vulneración de derechos para las pacientes, es muy grave que un hospital complejidad 6, que recibe derivaciones de todo el Alto Valle, termine derivando a otros hospitales», cerró.

Las socorristas que acompañan en la vulneración de derechos

«Una persona que desea interrumpir su embarazo, que tomó la decisión y quiere acceder a su derecho, lo ve impedido cuando llega a la farmacia del hospital», señaló Lucía Ramírez, activista de «Maleducadas», un grupo de socorristas que acompañan a mujeres y personas gestantes en Roca.

El jueves pasado no había medicación para abortar en el hospital. «Es una situación recurrente, todas las semanas hay faltantes de stock y eso claramente vulnera el derecho a acceder a una interrupción voluntaria de embarazo, vulnera absolutamente todos los incisos de la Ley 27.610», criticó.

Además, se afecta el derecho a acceder a información concreta sobre cuándo va a haber medicación, como dice la ley reglamentada en 2021. Hay usuarias que van día a día a preguntar si hay. Lucía dijo que se incumple el plazo establecido por la norma, que da 10 días corridos para garantizar la práctica.

A este problema se suma la falta de profesionales que garanticen interrupciones de embarazo, según apuntó. En el caso de personas con obras sociales, contaron que hay algunas mutuales que no garantizan la cobertura de la medicación.

Este sábado realizarán una pegatina y un pañuelazo en Roca para exigir que se cumpla la ley. El encuentro será a las 16 en Plaza Belgrano.

Bariloche: el hospital absorbe la demanda del sector privado

«El sistema público que garantiza la intervención de los abortos en Bariloche está sobrecargado por la falta de respuestas del sistema privado y las obras sociales». Así lo concluyó Romina Berazategui, médica clínica del hospital Ramón Carrillo de Bariloche e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

Del promedio de diez interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan en el ámbito público en Bariloche por semana, un 60% corresponde al sector privado. La especialista aseguró que hay varios objetores de conciencia, pero también reconoció que los valores de la práctica no resultan redituables para los médicos.

“Sólo el hospital, por ejemplo, garantiza la aspiración manual al vacío, una intervención mínimamente invasiva que se realiza ante una interrupción legal del embarazo, hasta las 12 semanas. Se hace en casos de violaciones, personas con discapacidad o personas a las que le costará la toma de pastillas”, indicó Berazategui.

La médica sostuvo que el número de abortos no ha variado en los últimos dos años. Sin embargo, es llamativo el cambio del rango etáreo de las personas que acceden a los consultorios. «Pasamos de jóvenes a un segmento de adulto joven, entre los 25 y 35 años. ¿A qué se debe? Claramente a la crisis: a la dificultad de acceso a los métodos anticonceptivos, la falta de una obra social, la falta de turnos, al hecho de que está resentido el sistema de salud y a que es más difícil la planificación familiar», señaló.

Advirtió que la medicación que envía el gobierno nacional, como el misoprostol y la mifepristona, llega a «cuentagotas». «En el sistema público, estamos súper tensionados con la medicación. Tenemos un stock que cuidamos un montón. Muchas personas tienen obra social o prepaga y ahí se hace presión porque ponen muchas trabas y la cobertura no es del 100%», mencionó.

Los cuatro comprimidos de misoprostol cuestan 130 mil pesos, mientras que uno de mifepristona alcanza los 150 mil pesos. La médica especificó que se obtienen “buenas respuestas al tratamiento combinado que disminuye las complicaciones, como los riesgos de sangrado”.

La atención por consultas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en un consultorio del hospital Ramón Carrillo (lunes y miércoles a las 12), en los centros de salud (de 8 a 15) y en el hospital modular del kilómetro 8 de la avenida Pioneros (los miércoles de 8 a 18). Lo cierto es que el equipo de atención se redujo notablemente a partir de marzo por el éxodo de profesionales que atienden este tipo de demandas.

Berazategui afirmó que cuentan con un fuerte acompañamiento “amoroso” de la Red de Socorristas que, muchas veces, facilitan el acceso al sistema de salud de mujeres que no han tenido buenas experiencias.