La acción del IPPV se reduce por falta de fondos y gestión

El nivel de acción del IPPV se sigue estrechando, entre su carencia de recursos y su deficitaria gestión.

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Su poca construcción recae en las redes de servicios del Programa de Suelo Urbano, y algunas unidades del Habitar Río Negro. De este modesto plan provincial surgió la única entrega de viviendas de la Provincia en los casi ocho meses del 2023: 15 viviendas en Roca. Otros actos fueron para cumplir con los barrios de Techo Digno en Bariloche, iniciados hace una década, y la distribución de escrituras en favor de los adjudicatarios.

Recientemente, el instituto informó de su nivel de recupero, equivalente a unos 55 millones mensuales. Este cálculo proyecta unos 330 millones para el semestre y cerca de 660 millones en el año.

El otro ingreso propio del IPPV radica en las transferencias nacionales (el tradicional Fonavi) y significó 1.314 millones en el primer semestre. La variación interanual solo fue del 14%, pues el registro de la primera parte del 2022 llegó a los 1.151 millones.

Desde hace años, el instituto, que actualmente conduce Inés Pérez Raventos, se desintegra y abandona su tradicional política habitacional. Su labor está reducida a la ejecución de redes de servicios en el marco del Programa de Suelo Urbano.

La concreción y asignación de viviendas en Río Negro por parte del IPPV es casi inexistente y depende exclusivamente del Estado nacional. La construcción de barrios está estancada, pues no se iniciaron ninguna de las unidades del programa Casa Propia, a partir de un convenio firmado en el 2021 entre Nación y Río Negro para el financiamiento de 1326 casas.

Su comienzo dependerá de la aceptación de algunas constructoras de las nuevas condiciones fijadas por la Nación y la reciente ley provincial donde el Estado rionegrino asumiría parte del cofinanciamiento y pagos en término.

El presupuesto vigente del IPPV del 2023 llega a los 8.139 millones, contemplando los anunciados planes de Casa Propia, aunque la muestra de la inactividad se advierte en los pocos desembolsos que se generan por la ejecución de obras y sus certificaciones de avances.

Los pagos en el semestre del IPPV rondaron unos 1.679 millones en el primer semestre.

Algo más de los 1.000 millones de pesos se registran como «construcciones», pero cerca del 70% se tratan de los proyectos de redes de Suelo Urbano.

Lo usado de la partida de obras es solo un 46% superior a su similar del 2022 cuando el costo interanual en esta actividad aumentó un 117%. Otro dato que ratifica el declive operativo del organismo.

La contracción del IPPV se potencia con la carencia de recursos y de dirección.

Las bajas de funcionarios se suceden.

Desde agosto, la subsecretaria de Administración y Proyección Financiera, María José Querejeta Morón dejó ese cargo y lo ocupó Mónica Temprano, que era otra subsecretaría y seguirá también a cargo de esa cartera (Licitaciones y Suministros de Suelo Urbano), «con carácter ad-honorem».

Según un informe del IPPV, su recupero en el 2022 llegó a los 415 millones, que afirmó se trata de «casi el 70% de recupero». Consignó que desde el 2019 «se facturaron 3.850 operaciones nuevas, entre altas de nuevas viviendas y reactivación de cuentas a través de convenios de pagos nuevos».

En relación al 2023, el organismo precisó que la recaudación de enero fue de 50,3 millones, en febrero ascendió a 49,8 millones, en marzo de 59,2 millones, en abril de 59 millones y en mayo de 60 millones. El recupero promedia los 55,6 millones mensuales, proyectando casi 334 millones en el semestre y y 668 millones en el 2023.