Italia complica el acceso a la ciudadanía para los argentinos

Una nueva circular del Ministerio del Interior de Italia considera que si un antepasado italiano emigró y se nacionalizó en otro país, mientras su hijo era menor de edad, con esa decisión generó que su descendencia pierda la nacionalidad.

Italia modificó su política migratoria y a partir de ahora, será más difícil conseguir la ciudadanía italiana para los argentinos interesados en obtener el pasaporte italiano.

Hasta el momento, cualquier hijo de italianos nacido fuera del país era considerado italiano por derecho de sangre, por la la Ley 91 de 1992. Sin embargo, ahora el gobierno nacional que preside Sergio Mattarella dispuso una nueva norma que dificulta el acceso a la nacionalidad italiana no solo en Argentina.

La Circular 43347 emitida por el Ministerio del Interior de Italia tiene vigencia desde el 3 de octubre y considera que si un antepasado italiano emigró y se nacionalizó en otro país (por ejemplo, en Argentina) mientras su hijo era menor de edad, con esa decisión generó que su descendencia pierda la nacionalidad italiana.

La interpretación se basa en que los hijos deben seguir la nacionalidad de su padre o madre hasta los 18 años, en concepto de que los menores están subordinados a la patria potestad, lo que le permite a sus padres disponer jurídicamente de sus hijos.

Ciudadanía italiana: cómo era antes y cómo es ahora

Si un padre cambiaba la nacionalidad italiana, su hijo, al ser italiano de sangre, conservaba el lugar de procedencia. Con cambio de las reglas, ahora, si el adulto responsable migra su ciudadanía dejando atrás la italiana, el menor también perderá esa condición, aunque con una única salvedad: el menor podrá iniciar el trámite de reclamo hasta sus 22 años. Luego de esa edad, ya no podrá hacerlo.

Con la nueva circular, todas aquellas personas que tengan descendientes italianos y que estos no se hayan naturalizados argentinos, siguen teniendo las puertas abiertas a ingresar al trámite de la doble ciudadanía.

La circular ya se aplica en varios municipios, consulados y tribunales. Si bien no es una ley, es considerada una sugerencia del Ministerio del Interior italiano a las entidades de control.


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