Crisis carcelaria: el Penal de Bariloche sobrepasa los 160 internos
Desde hace tiempo, no se cumple la capacidad máxima de 90 personas. La APDH pidió una reunión urgente con el procurador general Jorge Crespo.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitó una reunión urgente al procurador de Río Negro Jorge Crespo en Bariloche para analizar la situación del Penal 3.
Insistieron en que el encuentro se lleve a cabo «a la brevedad» dado que hay un herido de arma blanca producto de una gresca dentro del establecimiento y otro detenido sufrió una agresión sexual.
Los referentes del organismo plantearon que hoy la población carcelaria excede las 161 personas cuando la capacidad máxima es de 90. «Todo esto se ve agravado por la falta de recreos, lugares de esparcimiento, capacitación, educación, vistas íntimas. Todo esto ya fue denunciado recientemente ante la jueza de Ejecución», indicaron.
En la nota resaltan que «son recurrentes los reclamos efectuados por las condiciones deplorables de ese lugar de detención que atenta seriamente contra los Derechos Humanos de la población carcelaria, incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional y provincial».
Sugirieron que la Pastoral Social también debería participar del encuentro en Bariloche ya que trabaja desde hace años en el Penal.
Rubén Marigo, integrante de la APDH, recordó que días atrás, la defensa pública presentó un amparo por las condiciones del Penal que «no tuvo consecuencias». «Los organismos, jueces de oficio y defensores han planteado esta situación que se termina naturalizando y estigmatizando a la gente a la que se le da una pena adicional. Hay muchos procesados con el beneficio de inocencia. Pero además, los condenados tienen derecho a poder rehabilitarse, a tener un espacio digno, a poder estudiar y las condiciones no están para eso», señaló el abogado.
Respecto a la población carcelaria, dijo que el número «avanza y retrocede». «La solución no son los traslados. Cada vez que hacemos estos reclamos, hacen traslados pero esto no le gusta ni a las personas detenidas ni a sus familias. Hay que buscar un lugar de detención por el que venimos peleando desde hace 30 años. El problema es que no tiene rédito político. Tiempo atrás, el exgobernador Weretilneck nos mostró una nueva estructura federal, pero por alguna reacción de la sociedad no avanzó», dijo Marigo.
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