El libre acceso a los lagos sigue en deuda en Bariloche
Hay magros avances del municipio para garantizar este derecho. Un relevamiento del año 2015 enumeró 125 bajadas, pero la mayoría sigue cerrada al público. Hay un creciente reclamo social y pocas acciones para revertir la situación actual.
Años atrás en Bariloche señalizaron algunas playas públicas y ahora se suman las cabeceras. Foto: Chino Leiva
El municipio de Bariloche cuenta desde el año pasado con una detallada hoja de ruta que elaboró el área de Planeamiento para mejorar la accesibilidad pública de lagos y ríos dentro del ejido urbano, pero las acciones concretas han sido muy limitadas y en el Ejecutivo reconocieron que “queda mucho por hacer”.
La subsecretaria de Gestión Urbana, Viviana Gelain, dijo que existen obstáculos históricos para garantizar las bajadas públicas y que el ideal está lejos.
Pero reivindicó la gestión realizada para habilitar uno de los accesos públicos reclamados, a la altura del kilómetro 6 de la avenida Bustillo, que fue cerrado con candado por la junta vecinal Montelindo para preservar una toma de agua.
Dijo que el acuerdo definitivo para la apertura de esa bajada estaría a punto de firmarse y “depende de la Jefatura de Gabinete”. Pero las denuncias tienen al menos seis meses, ya pasó el verano y los residentes y turistas no pudieron disfrutar de esa bajada pública.
Gelain reconoció que se trata apenas de un caso, pero el relevamiento catastral más serio sobre el tema -realizado en 2015- documentó la existencia de 125 bajadas al lago Nahuel Huapi y el Moreno, que deberían estar libres de obstáculos, pero en su mayoría permanecen cerradas.
Bajo presión de varias juntas vecinales y ongs ambientalistas, el Concejo Municipal reclamó el año pasado al Ejecutivo que detalle las acciones realizadas para garantizar el acceso a los lagos dentro del ejido.
La respuesta llegó a fines de noviembre. La nota del jefe de Gabinete Marcos Barberis adjuntó un plan detallado que describe “las medidas concretas para reabrir los accesos bloqueados en el kilómetro 6” de Bustillo, el trabajo conjunto desarrollado con las juntas vecinales y la dificultad surgida donde existen “servidumbres de paso” para bajar a la costa lacustre, pero afectadas a las casillas de bombeo de agua.
El plan lleva la firma del subsecretario de Planeamiento y Sustentabilidad, Claudio Romero, e incluye mapas con las bajadas a las que el municipio otorgaba prioridad, entre ellas Puerto Moreno, calles Río Correntoso y Mercedes Sosa, barrio Don Orione y bajada norte de península San Pedro.
También destaca que el plan de desarrollo urbano del Oeste, aprobado hace un par de años luego de largo debate, “garantiza el acceso libre a cuerpos, cursos de agua, humedales o suelos hidromórficos” y que las parcelas privadas linderas a esos recursos hídricos “están afectadas al derecho de libre acceso”. En el Concejo Municipal admitieron que la implementación de ese principio todavía es muy parcial.
Gelain dijo que si bien en el último año “se abrieron varios senderos” de acceso público al lago reconoció también que “es mucho lo que queda por hacer”.
El informe del Planeamiento indica que “para el resto del ejido sería bueno trabajar en una normativa que busque repetir lo que se señaló en el plan del oeste, pudiendo así generar nuevos espacios sin tener que depender de la gestión particular con cada privado, o la expropiación de franjas de costoso terreno costero”. La sugerencia hasta ahora no tuvo receptividad.
El presidente el bloque oficialista en el Concejo, Carlos Sánchez, informó que no trabajan en ninguna ordenanza nueva sobre el tema. Gelain (que también fue concejal) se declaró partidaria de dejar las cosas como están. “Se podría legislar más, pero antes que se cumpla lo que está”, afirmó. Agregó que como material de trabajo basta y sobra con el relevamiento que detectó las 125 bajadas al lago, de las cuales solo hay un puñado disponibles.
Usos y costumbres
Gelain dijo que para avanzar en la apertura de nuevos accesos el municipio se maneja no tanto por lo previsto en el catastro sino por los “usos y costumbres”. Es decir que prefiere actuar en función de los reclamos vecinales y deja para otro momento las bajadas que son públicas en el papel, pero no existen de hecho y nadie lo denuncia.
La funcionaria reconoció que hay una presión creciente de la comunidad que hay que atender. Recordó que hace 30 ó 40 años “la gente iba más a la montaña” y no tanto a las playas, pero hoy existen un cambio de preferencias en el uso del tiempo libre y “la mirada se volvió hacia el lago”. Lo atribuyó en parte a la nueva migración, proveniente de las grandes ciudades, que valora de otro modo los espejos de agua.
La titular de la delegación Lago Moreno, Bárbara Vilosio, dijo que en el último verano trabajaron en la apertura y mejoramiento de varias bajadas, “con prioridad en las que tienen guardavidas, como Playa del Viento, y las que prefiere la gente por uso y costumbre”. Señaló que hay seis accesos priorizados dentro del área a su cargo, entre los que mencionó Don Orione, bajada 60 en península San Pedro, avenida Campanario y Puerto Moreno. Dijo que en algunos repararon escalinatas y despejaron árboles caídos en las tormentas de octubre.
“Hay muchísimas más pero buscamos trabajar en las que son de uso intensivo y que los vecinos reclaman” explicó, en coincidencia con Gelain. Vilosio aceptó que “siempre se puede hacer más”, pero se manejan con recurso escaso y el plan es despejar las áreas “de mayor uso”.
Gelain refirió que hay conflictos puntuales como el del barrio Montelindo, donde no fue un privado sino la junta vecinal la que clausuró la bajada, por temor a que “vandalicen” las bombas de agua. Señaló que ese tema está “en vías de solución”.
Sánchez dijo que también que es necesario “activar las bajadas previstas en catastro”, mientras que las que han quedado dentro de terrenos privados hará falta “verificarlas y proponer algún tipo de convenio”.
Campañas fallidas para ordenar y señalizar
El desorden en la materia es un dato repetido, que las ongs señalan con frecuencia. En la gestión del exintendente Alberto Icare empezó una campaña de señalización de nuevas bajadas a la ribera lacustre, pero luego no tuvieron mantenimiento. Hoy algunas conservan su cartel, pero los senderos de acceso son casi intransitables. Escaleras rotas, malezas y aguas servidas desafían a los que se aventuran.
Para Gelain, otro factor que complica las cosas es que años atrás “había más lotes vacantes” en el linde con el lago, y la irrupción de los propietarios con nuevos proyectos y obras generó choques con los usuarios tradicionales de las playas.
“Es real que la gente no quiere molestias en ‘su’ costa de lago, aunque sea pública. Y ese problema empieza con la promoción que hacen las mismas inmobiliarias”, señaló la subsecretaria.
Dijo por ejemplo que “entre los kilómetros 5 y 8 hay varias bajadas, pero cerradas”. Sugirió como un mecanismo posible el que se proyecta implementar con el proyecto Cauma, que un inversor hotelero pretende desarrollar sobre la costa del lago Moreno. Gelain dijo que el municipio “le pide como externalidad” al inversor que garantice una bajada al lago en un lote contiguo, “con una servidumbre y una obra que ellos tienen que ejecutar”.
Las demoliciones son el tabú más pesado
Además de acceder a las costas por las bajadas públicas, las personas que buscan disfrutar de las playas deberían poder transitarlas en forma longitudinal, sin otro obstáculo que los impuestos por la misma naturaleza. Pero es común encontrar alambrados, muelles y hasta muros de hormigón ilegales que impiden el paso.
Gelain dijo que en el lago Moreno (donde el municipio tiene jurisdicción plena) ya realizó un relevamiento de muelles y construcciones sin declarar e intimó su retiro. Pero los resultados son casi nulos hasta hoy. En el lago Nahuel Huapi todo es más engorroso porque la responsabilidad está compartida con Parques Nacionales.
De nuevo, Gelain sostuvo que estos avances no generaron mayor conflicto cuando la gente no se volcaba tan masivamente a las playas, pero las preferencias coambiaron y multiplicaron los reclamos.
Reconoció que, fallos mediante, el municipio tiene facultad para demoler las construcciones ilegales, pero en ese tema -dijo- “hay una falencia histórica”, que relacionó con la resistencia de los particulares. “Es difícil de implementar porque es motivo de conflicto, hay que coordinarlio con la policía”, se excusó.
Según la funcionaria, en el Ejecutivo municipal “se está trabajando sobre la posibilidad de tercerizar las demoliciones, con el costo cargado al propietario”.
Los avances casi nulos en esa materia también se deducen por los dichos del concejal Sánchez, quien aseguró que “existrieron intimaciones” a los infractores detectados y hasta allí llega su conocimiento. “No he tenido información sobre qué respuestas hubo, no quiero adelantar opinión sin conocer”, dijo el concejal.
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