El gran debate es «quién tiene la competencia para controlar y auditar a las universidades» dijo el rector de la UNRN
Anselmo Torres y otras autoridades ofrecieron una clase pública en Viedma, en el marco de la disputa con el gobierno Nacional por el financiamiento del sistema.
Las autoridades de la UNRN durante la clase pública en Viedma. Foto: gentileza.
La situación de las universidades nacionales en general, la de Río Negro en particular; y el discutido tema de las auditorías fue el punto central de una clase pública que se realizó en la Manzana Histórica de Viedma.
Estuvo a cargo de Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro; Luciana Drebniesk, responsable de la auditoría interna; y Rodrigo Fuentes, secretario de Asuntos Institucionales de la casa de estudio.
Torres sostuvo que «las universidades tenemos autarquía financiera, no autonomía» y eso «significa que dependemos del presupuesto que nos otorga el Estado Nacional a través de la Ley de Presupuesto» y planteó que «el primer gran debate es quién tiene la competencia para controlar y auditar a las universidades».
Planteó dos alternativas: «Si lo tiene el parlamento» a través de la Auditoría General de la Nación, o «el Poder Ejecutivo, que remite los recurso y se entiende que es la Sindicatura General de la Nación».
El rector explicó que se obtienen recursos «sobre y bajo la línea». Los que están bajo esa línea imaginaria «están acordados por fuera del presupuesto de cada universidad» y en el caso de la UNRN permitió en años anteriores «financiar nuevas carreras, con fondos que luego son rendidos, porque sino no nos aprueban nuevos envíos», por lo tanto «allí ya hay una auditoría».
De los que están «por encima» el «90% es para salarios y el 10% para gastos de funcionamientos» entre los que detalló «gastos de alquileres, servicios de limpieza, viáticos, los servicios, salidas de campo» y dijo que «sobre salarios hay una auditoría cotidiana, porque hay un sistema donde se detalla».
Sobre el último presupuesto, que corresponde a 2023, prorrogado para este año, indicó que «son alrededor de 5.000 millones de pesos» de los cuales «500 millones son para gastos de funcionamiento» que representan unos 45 millones por mes.
Insistió con que «en 2024 con los mismos fondos que en el inicio de 2023» con los agravantes de «la inflación del año pasado, la devaluación del 120% cuando asumió el gobierno de (Javier) Milei» al tiempo que reconoció que hubo un incremento del 70% en la partida destinada a los gastos de funcionamiento «después de la gran marcha» universitaria de abril pasado.
Los números aportados por Torres señalan que «a valores reales» en los siete primeros meses de 2024 recibieron un 31,5% menos que en igual período de 2023, que el gasto proyectado para 2024 de todo el sistema universitario sería de 3 billones de pesos y la propuesta para 2025 es de 3,8 billones, «con un aumento del 28,5%».
Recordó que no pudieron acceder a partidas de otros organismos, como puede ser Obras Públicas, por eso «este año no se construyó nada», contó el caso de la sede de Bariloche donde sólo resta el 5% de la obra y dijo que el año pasado se inauguraron en el país «44 obras en el sistema universitario y este año 0».
Drebniesk, a cargo de la auditoría interna, cuestionó al gobierno Nacional porque «hay una intención deliberada de generar confusión», señaló que «es obligatoria la rendición de cuentas de los que manejamos fondos públicos» y marcó la Ley 24156 de Administración Financiera del sector Público Nacional que «establece que debe prepararse una cuenta de inversión donde se plasma el plan de gobierno del año siguiente», esa cuenta la prepara la Dirección General de Administración y «la presenta ante la Asamblea Universitaria, junto a una memoria institucional donde se cuentan los logros que se obtuvieron».
Marcó que «toda esa información se encuentra publicada en un link abierto desde 2011» con datos estadísticos sobre cantidad de docentes, estudiantes, de carreras, de personal no docentes, entre otros detalles y aclaró que «rendir cuentas no es lo mismo que controlar» que es «demostrar que eso que hicimos cumple con la normativa ahí entra la función del control público, qué se hizo y si se cumplió con las normas».
Agregó que la auditoría interna realiza un control posterior, «una supervisión» y «el el control externo es siempre posterior, sobre un ejercicio concluido, un gasto ya realizado», el primero «busca generar valor en la institución» y el segundo «la detección de ineficiencias».
Sobre la tarea que se lleva adelante indicó que «la supervisión siempre es por muestreo», «se cumple por ciclos» (2021-2025) y que «hay otras auditorías que se hacen todos los años como sobre la cuenta de inversión, sobre la cuenta de ejercicio, sobre la liquidación de haberes, sobre la designación de personal» y «otras que se hacen con más frecuencia».
Por su parte, Fuentes expresó que «todo se puede auditar no en su volumen sí en su temática» y remarcó que «se discute qué se controla en las universidades porque no somos ministerios ni empresas del estado, tenemos funciones específicas» y sostuvo que hay un reclamo histórico desde las universidades «para no ser auditadas solo la cuenta de inversión y el cierre de ejercicio» porque «también hacemos investigación, extensión, emitimos títulos, incluso acreditamos carreras ante la Coniau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Esto tiene una relevancia fundamental».
Financiamiento
- -31,5%
- de fondos recibió la UNRN en los siete primeros meses de 2024, comparado con el mismo período de 2023.
Señaló que «nosotros tenemos publicadas todas y cada una de las cuentas de inversión y las memorias, conciliamos aquello que entra y se gasta y aquello que hacemos con lo que entrar y se gasta».
Datos aportados por Torres durante la charla
«Si proyectamos los sueldos de agosto, tal cual están, nos consume todo el presupuesto para el año que viene: Unos 28.000 millones» y «no nos quedaría nada para los gastos de funcionamiento».
«El 85% de los docentes están por debajo e la línea de pobreza».
«El 65% de los no docentes por debajo de la línea de pobreza».
«Las becas no tuvieron actualización» y «el 47% de los alumnos está por debajo de la línea de pobreza».
«Más grave aún, el 25% está por debajo de la línea de indigencia».
«La beca se vuelve clave para la gente de bajos recursos. Es una bala de plata para acceder al conocimiento, al saber y a la titularización, para modificar sus condiciones de vidas».
Marcó la evolución del presupuesto de todo el sistema universitario y su incidencia en el PBI: «0,69% en 2019, 0,76% en 2020, 0,68% en 2021 y 2022, 0,72% en 2023 y 0,53% en 2024″.
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