El CELS hizo un reclamo internacional por el incumplimiento del gobierno de Milei del acuerdo en el caso Ivana Rosales de Neuquén

El Estado argentino asumió en 2021 la responsabilidad de implementar acciones para prevenir la violencia de género, que periódicamente se revisan. Con la disolución del área no hay planificación, ni agenda para concretar estos compromisos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) considera que la disolución de la única agencia estatal, a cargo de las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género en el gobierno de Javier Milei, representa un incumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado argentino asumió. Puntualmente en la solución amistosa a la que llegó en el caso de Ivana Rosales, de Neuquén, sobreviviente de un intento de femicidio que murió sin justicia.

En 2021, en un acto en la ESMA, Abril Rosales recibió las disculpas públicas de las autoridades nacionales y provinciales como parte de las medidas de reparación, tras las violaciones a los derechos humanos que sufrió su mamá. Ivana murió en 2017, a los 43 años, producto de las secuelas que le dejó en su cuerpo el ataque femicida de su expareja Mario Garoglio, al que se le impuso una pena que nunca concretó porque se fugó.

La mujer le había dicho que se quería separar y tras esa charla él intentó ahorcarla con un alambre, la golpeó con una piedra en el rostro y en el cráneo, y la encerró en el baúl del auto.

El Poder Judicial de Neuquén dictó en 2002 un fallo misógino, cargado de un abanico de estereotipos de género en el que los jueces llegaron a escribir que Garoglio podía «apuñarla o degollarla sin el menor problema. Y no lo hizo» porque «de otro modo, ¿dónde iría su mensaje?, ¿en qué quedaba su brutal y cruel escarmiento?».

Ivana llevó su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tras su muerte lo continuó Abril, con el acompañamiento del CELS.

Estos compromisos acordados en 2021, de los que también participó la provincia, se revisan periódicamente.

Con la asunción de Milei, y el degradamiento del área que tenía a cargo el cumplimiento de esta responsabilidad, el acuerdo peligra.

«Esta Subsecretaría no fue reemplazada por otra área que trabaje violencia de género a nivel federal, en el aspecto de prevención, establecimiento de políticas públicas, atención, ni otro», manifestó el CELS en su reclamo. Precisó que la ley 26.485, que rige desde 2009 en Argentina, fija la obligación de crear un organismo rector encargado del diseño de estas directrices.

«Debe aclararse que es la primera vez desde el retorno a la democracia en 1983 que no existe a nivel federal una institucionalidad que atienda las políticas de género», sostuvo la organización. Indicó, además, que el gasto en las políticas públicas que apuntaban a reducir la desigualdad de género «fue ejecutado un 33% más bajo que durante 2023. Este ajuste es incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%».


Vacío de autoridad


El planteo es que en este contexto hay un «vacío de autoridad» a cargo de cumplir con el seguimiento de los compromisos asumidos en la solución amistosa. Por ejemplo enumera la promoción y capacitación de la «ley Micaela», que señala la formación de todo el personal estatal en violencia de género y el fortalecimiento del acceso a la justicia a través del cuerpo de abogados y abogadas para víctimas.

El CELS requirió que la comisión «adopte un rol sumamente activo para velar por los compromisos» y le solicitó que le requiera al Estado argentino que indique una planificación para cumplir con las medidas, quién será la persona o área dentro del gobierno que se hará cargo de este caso, y que convoque a una reunión para acordar una agenda de trabajo.

En la provincia fue la Legislatura la que emitió una comunicación en la que rechazó la decisión del gobierno y le pidió a Milei que revise su decisión.


Una cronología


*El 10 de diciembre de 2023 el gobierno de Milei creó el ministerio de Capital Humano y allí incluyó una subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, en reemplazo del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.

*El 24 de mayo de 2024 la subsecretaría fue trasladada al ministerio de Justicia.

*El punto de culminación para borrar por completo esta agencia estatal fue el 6 de junio pasado cuando se anunció su cierre definitivo y el despido de más del 80% del personal.


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