Desde Río Negro, denuncian que las personas con discapacidad quedan a la deriva
Los prestadores denuncian aranceles bajos, atrasos en los pagos, cierres de instituciones. Solo quienes pueden económicamente, acceden a los tratamientos particulares.
"Discapacidad en alerta". Foto: gentileza.
“Un niño con discapacidad que, durante tres meses, no recibe su tratamiento, perdió tres meses de desarrollo evolutivo. Es como no tomar una medicación que previene convulsiones”, sintetizó Carolina Juan, coordinadora del Centro Terapéutico Interdisciplinario de Rehabilitación (Centir) en General Roca.
“La falta de estimulación en en el desarrollo de niños con patologías graves -agregó- es deteriorante”.
“La discapacidad está en emergencia” advierten los prestadores que denuncian demoras y recortes en las prestaciones y el cierre de numerosas instituciones, como hospitales de día que se ven seriamente afectados por el recorte en alimentos.
En Centir, trabajan 9 profesionales que reciben personas con patologías graves. La mayor población son niños y adolescentes con trastornos psíquicos graves, como autismo, problemas de desarrollo y trastornos neurológicos como parálisis cerebral.
“Esto es una lucha histórica. La discapacidad ha sido siempre uno de los sectores más maltratados. Siempre hubo dificultades para cumplir la ley 24901 que es muy buena. Hemos logrado que cubran los tratamientos a través de esa ley”, indicó Juan.
Dos situaciones atentan contra la atención de las personas con discapacidad. Por un lado, hay atraso en los pagos: las obras sociales no terminan de pagar a los profesionales por los servicios en 2024. De esta forma, se suspenden las cadenas de pagos. “Tenemos el caso de obras sociales que cortaron las prestaciones en septiembre y sin aviso de cuándo retoman”, argumentó esta terapista ocupacional.
Mencionó que, además, los aranceles de los profesionales no registran aumentos en 2025 y hoy están fijados en 14 mil pesos. “Los incrementos siempre fueron malos, pero al menos, eran más seguidos. Y un poco más altos. En octubre, se brindó 1%; en noviembre, 0.8 % y, en diciembre, 0.5% . Esto impacta en los hospitales de día, en escuelas terapéuticas, nuestro centro, por ejemplo, abarca profesiones de terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología, psicopedagogía. Hablamos de tratamientos individuales en consultorio”, puntualizó Juan.
Esta situación impacta en toda la población con discapacidad, pero quienes tienen la posibilidad, costean los tratamientos por su cuenta. Muchos otros no tienen acceso. “La ley ampara a todos. Pero ahora los padres que están bien económicamente pueden afrontar los tratamientos por su cuenta; los chicos con discapacidad que tienen dificultades económicas están abandonados”, advirtió.
Juan admitió que, desde el centro se han planteando continuar trabajando con discapacidad o no. “El tema es que no podemos sostener el espacio. Y nos pesa dejar a una persona sin tratamiento. Las obras sociales recortaron la cantidad de sesiones, no hay aumento del nomenclador nacional, tenemos las prestaciones 2025 sin aprobar todavía, sin mencionar que los aranceles son bajísimos. El trabajo no termina siendo redituable. Nunca tuvimos beneficios en impuestos y servicios por ser privados, pero ¿cómo hacemos para sostener estos lugares?”, se preguntó.
Puso como ejemplo que, en el caso de General Roca, solo hay un espacio público que brinda atención a personas con discapacidad, pero “tiene tan pocos turnos que, no termina siendo viable. Han recortado los horarios y cada vez, ofrecen menos. Todos terminan en el privado”.
Mencionó también a los pacientes electrodependientes que ni siquiera tienen beneficios en la boleta de luz. “Por otro lado, pedimos derogar la reciente resolución 187/25 que hace una clasificación aberrante a la salud mental que no se usaba desde hace años (las calificaciones de distintos grados de discapacidad como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación). Es como volver a la Inquisición”, lamentó.
Juan cuestionó que en Roca, muchos padres son “maltratados” por las obras sociales o cuando gestionan el certificado de discapacidad. “La gente no está formada para evaluar a niños con esas características. La burocracia es imposible y muchos padres terminan enfermos”, dijo.
La especialista consideró que hoy “la discapacidad es pisoteada. Todos los gobiernos han tenido una mirada de la discapacidad como un gasto y no como una inversión. Pero este gobierno tiene un desparpajo mayor: cuanto menos haya que gastar en las personas, mejor”.
“Un niño con discapacidad que, durante tres meses, no recibe su tratamiento, perdió tres meses de desarrollo evolutivo. Es como no tomar una medicación que previene convulsiones”, sintetizó Carolina Juan, coordinadora del Centro Terapéutico Interdisciplinario de Rehabilitación (Centir) en General Roca.
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