Del peso solidario para el DIU, a la sanción de la ley de salud sexual en Neuquén
En 1997 la provincia creó el programa que puso en cabeza del Estado la promoción y provisión de anticonceptivos. Fue pionera en materia de ESI, aunque no logró implementarla. Impulso feminista, acuerdos y limitaciones.
Desde 2004 hasta 2020, de acuerdo a las cifras oficiales del ministerio de Salud, se practicaron en Neuquén 1.580 ligaduras y 150 vasectomías. Foto Florencia Salto.
Hace apenas 25 años que el gobierno de Neuquén se encarga de la provisión de métodos anticonceptivos en los hospitales y postas sanitarias. Antes, las mujeres se organizaban en solidarios círculos de ahorro. “Cada una ponía el dinero para su DIU y un peso más, con eso comprábamos otro DIU aparte para alguna que no pudiera pagarlo, y si veíamos que no aparecía nadie comprábamos preservativos”. El recuerdo le pertenece a Fernando Gilbert, trabajador social del centro de salud Nueva Esperanza de la ciudad capital, que escarbó en su memoria y arriesgó un precio: “valía 37 pesos, una cosa así”. En un cuaderno registraban las entregas. Como era muy caro en farmacias, se abastecían con un laboratorio a un costo menor, y contactaron luego a una asociación de Buenos Aires.
Los círculos se empezaron a propagar. No eran solo una forma económica de obtener los métodos, sino que el personal organizaba talleres para brindar información sobre su uso, y gestionar la colocación de ser necesario. Conversaban además sobre violencia de género y VIH-Sida. En el caso de Nueva Esperanza, en el consultorio odontológico porque no había más espacio.
Quienes también se encargaban de tramar alianzas con los planteles de salud eran las feministas. Andrea Diez de “Mujeres por el Derecho a Elegir” afirmó que tenían una cajita azul con anticonceptivos que llevaban para mostrarlos, y ahuyentar cualquier tipo de temor.
En 1997 ella estuvo en el recinto cuando se votó la ley 2222, que creó en la provincia el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, cuya función fue poner en cabeza del Estado la promoción de derechos, que incluía las campañas de difusión, y la garantía del acceso a la anticoncepción, además de obligar a la obra social ISSN a cubrirlo. Andrea participó del debate en comisión, junto a otras organizaciones, que se oponían a que el tema fuera encuadrado como “planificación familiar”.
“Ubicaba a la mujer dentro de la familia, la que no estaba dentro de ese marco quedaba totalmente excluida. Las feministas queríamos la autonomía sexual y reproductiva, y no el control de la natalidad. Muchos médicos le decían a las mujeres que sus maridos debían autorizarlas a ponerse el DIU: «¿Su esposo está de acuerdo?”. Por eso nosotras no queríamos planificación familiar, porque cuántos hijos ibas a tener era la decisión del esposo, del jefe de familia. Nosotras decíamos salud sexual y reproductiva, la decisión debía ser de la mujer”, señaló.
La noción que finalmente se impuso fue la que pretendían, en línea con las conferencias mundiales impulsadas por la ONU. Esto se retomó en los discursos que se oyeron en el recinto. “Esta ley pretende delinear un instrumento de política social que garantice la información, la orientación y la prestación de servicios y que asegure el derecho humano de instruir sobre las pautas sexuales reproductivas de cada persona, conforme o no una familia, desee o no tener hijos”, dijo la diputada del MPN, Teresa Savron, que con María Aurora Costas (PJ) y Alicia Gillone (Frepaso) trabajaron para su aprobación (ver aparte).
Pecado original
La ligadura de trompas y la vasectomía quedaron excluidas del texto, porque según Andrea, eran percibidos como métodos de esterilización, inconcebibles por entonces. Se incorporaron cuando se reformó la ley, en 2003. Dos años después nacería la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Los números evidencian de qué modo la responsabilidad en la anticoncepción no es compartida y continúa depositada en las mujeres: desde 2004 hasta 2020, de acuerdo a las cifras oficiales del ministerio de Salud de la provincia, se practicaron en Neuquén 1.580 ligaduras y 150 vasectomías.
Mónica Oppezzi fue la referente del programa desde que se reglamentó la ley, en 1998 con Lucila Zonco, hasta 2012. Destacó la importancia de la organización comunitaria gestada en los círculos de ahorro, y enfatizó en que la ley “tuvo un pecado original, como muchísimas leyes, y es que no tenía asignación presupuestaria”. La Legislatura de Neuquén se anticipó al Congreso, que sancionó la ley en 2002, por lo que las primeras compras estuvieron a cargo de la provincia.
Las mayores resistencias vinieron con la anticoncepción quirúrgica, indicó Mónica, ya que “muchos médicos planteaban que las mujeres jóvenes podían querer llegar a tener hijos” entonces se negaban a la ligadura. “Como una especie de control del cuerpo de las mujeres, eso no me cabe la mejor duda, era muy trabajoso romper con el binomio mujer/madre”, agregó. En cuanto a la vasectomía, precisó, “nadie quería hacérsela, como hoy”. Y subrayó lo valioso que fue que en la reglamentación se sumaran otros temas, por ejemplo todo lo relativo a la prevención del cáncer de mamá y de cuello de útero.
La 2222 fue pionera en un aspecto clave: nueve años antes de que naciera la ESI estableció que el Consejo Provincial de Educación debía incorporar en las curriculas, desde el nivel inicial hasta el superior, los contenidos referidos a educación sexual y capacitar a docentes. “Nunca logramos una efectiva implementación”, sostuvo Andrea.
Manifestó que la ley “derribó un sinfín de barreras físicas reales y mentales para que una mujer que simplemente decía “no quiero tener hijos”, pudiera hacerlo. Fuimos, todas, mujeres muy intrusivas, nos entrometimos en ámbitos que eran muy cerrados y que no estaban abiertos a la opinión de las mujeres organizadas, es decir del movimiento feminista. Recuperamos la voz sobre nuestra propia salud sexual y reproductiva, la legitimidad para opinar”.
Grupos moralistas, aborto y un "manto de espanto"
El 31 de octubre de 1997 la Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad y con aplausos la creación del programa provincial de salud sexual y reproductiva. El objetivo, según lo explicó en el debate la diputada María Aurora Costas (PJ) era “disminuir la incidencia de embarazos adolescentes y de abortos provocados, con la consiguiente secuela de morbi-mortalidad materna que esta práctica acarrea.”
La legisladora destacó la importancia de que el Consejo Provincial de Educación esté entre las autoridades de aplicación, junto con la subsecretaría de Salud y la de Acción Social. “Desde primer grado, el niño debe ir recibiendo el asesoramiento específico del conocimiento de su cuerpo, para el día de mañana, cuando sea grande, poder él elegir practicar una sexualidad responsable y en las parejas poder planificar la familia”, afirmó.
Quien también remarcó este aspecto fue Teresa Savron (MPN). Dijo: “Recuerdo que hace unos ocho o diez años atrás en nuestra Provincia, se comenzó a hablar de un programa de educación sexual en las escuelas y se programaron cursos y charlas a facilitadores, pero por intervención de grupos sociales moralistas, religiosos, se anuló esta iniciativa, dejando desvalidos a los docentes, a los que atienden a los jóvenes y a los niños en esta incapacidad de brindarles un programa planificado tal cual como lo especifica esta ley”.
Dalia Bravo (MPN) se refirió a las enfermedades de transmisión sexual en clave de una total amenaza, con pavor, propio del enfoque de aquella época. Aseguró que los jóvenes “no son libres de su sexualidad porque el SIDA cubrió con un manto de espanto algo que debe ser lo más natural.”
“Creemos que la sociedad argentina está madura hasta ahora, lo mismo la neuquina, para consensuar todo lo que hace a la protección de la sexualidad y la reproducción en estos aspectos que esta Ley atiende, no creemos que la sociedad argentina esté para consensuar, por ejemplo, como otros países lo hacen, una ley de despenalización del aborto”, sostuvo Alicia Gillone (Frepaso). En su opinión no solo no estaban dadas las condiciones políticas para discutirlo, sino que la interrupción del embarazo no aparecía en su discurso como una práctica legítima, más allá de que el Estado no la reconociera, sino que era una opción cargada de “sufrimiento”.
Mencionó la presencia en el recinto, al momento de la votación, “de mujeres del área de Gobierno y de Organizaciones No Gubernamentales que, tal vez, aunque pocas, están simbolizando la expresión, el pedido, la perseverancia con que desde hace más de un año atrás nos venían requiriendo la consideración de este tema importante”.
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