Declarar la educación «servicio esencial» es «un intento del gobierno de limitar el derecho a protesta»
Desde la Unter Río Negro, consideran que el único fin es limitar el derecho a huelga en un contexto conflictivo previo al inicio de clases.
Cuestionan el anuncio del gobierno nacional. Foto: archivo
A pocos días del inicio del ciclo lectivo y en medio de las reuniones paritarias, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que el Gobierno evalúa declarar a la educación como un «servicio esencial». Ese punto estaba incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei a pocos días de asumir, pero fue suspendido por la justicia.
El anuncio generó un fuerte rechazo por parte de distintos sectores que aseguran que el único fin es limitar el derecho a la huelga.
«No es casual que esto se defina ahora con el inicio del ciclo lectivo cuando el gobierno nacional sabe que se avecina un conflicto en cada provincia y a nivel nacional porque vamos a exigir la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente -ya que fue cortada la transferencia a las provincias», señaló Silvana Inostroza, secretaria general de Unter Río Negro.
Recalcó que en el actual contexto hiperinflacionario, «las provincias estarán complicadas al momento de llevar a cabo la negociación salarial».
«Será un año difícil para los trabajadores en general, no solo para educación. La educación es esencial pero en otro sentido: por la importancia que tiene por el desarrollo del pueblo. No es esencial como nos quiere hacer creer este gobierno solo con la intención de garantizar que las escuelas estén abiertas pese a todo«, aclaró Inostroza.
El sociólogo Daniel Natapof explicó que la ley de regimen laboral no define qué es un servicio esencial aunque establece cuáles son (el sector sanitario y hospitalario, la distribución de agua potable y gas y el tráfico aéreo). «Uno puede deducir que un servicio esencial es sumamente ambiguo. Tiene que ver con la seguridad o la vida de la población. No lo es la educación. Su interrupción no afecta a la salud o la seguridad. Por eso, esto un intento del gobierno de limitar el derecho a protesta«, consideró este becario doctoral del Conicet y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Río Negro.
Advirtió que la decisión «contraviene la directiva de la Organización Internacional de Trabajo».
«El instrumento legal y lícito de la huelga en el ambito de la educación pública es un instrumento que tiene un enorme desgaste y ha perdido legimitidad a los ojos de la población. Ha puesto a los docentes en conflicto no solo con el estado sino con los padres de estudiantes», indicó Natapof.
Consideró que hay «un intento demagógico del gobierno nacional de exasperar el enojo de determinados sectores. Se pone al docente como culpable de la decadencia del sistema educativo argentino». «En lo social, a veces, hay una actitud esquizofrénica hacia los docentes: por un lado, una imagen romántica de docentes como un héroe y, de repente, es un vago culpable de todos los males cuando hace paro. Lo cierto es que la educación no se resuelve restringiendo su derecho a huelga. El gobierno nacional no ha presentado un plan educativo», opinó.
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