Críticas al gobierno por el cannabis medicinal: “Es preocupante que se hable de posibles restricciones”
El Gobierno nacional anunció que se van a revisar las inscripciones al Reprocann. Organizaciones Civiles con larga trayectoria en la materia aseguran que "todo lo que sea prohibicionista arroja a un mercado de la ilegalidad". Advierten que detrás de las autorizaciones hay pacientes esperando un medicamento.
Perla Peralta es la presidenta de Evolución Verde, una asociación civil de General Roca que cultiva cannabis hace más de 30 años. Foto: Andrés Maripe
Perla Peralta es la presidenta de Evolución Verde, una asociación civil de General Roca que cultiva cannabis medicinal hace más de 30 años. La ONG de Perla es una de las seis que, a nivel federal, forman parte del Consejo Consultivo Honorario de Cannabis.
Este consejo, establecido en la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, se reunió por primera vez en el gobierno de Milei hace una semana. El 11 de abril, fueron convocadas las organizaciones civiles que lo conforman (Vida Mejor, Plantar y crecer libre, Madres Cultivadoras Argentinas, Cannabis Medicinal Bahía Blanca, Evolución Verde y Fundación Yungannabis), el Dr. Leonardo Oscar Busso actual Secretario de Calidad de la Nación, Roberto Moro por Sedronar y Dra. Agustina Bisio por Anmat con sus respectivos equipos.
En aquella reunión, se adelantó lo que finalmente anunció esta semana Manuel Adorni en conferencia de prensa: “se comenzaron a revisar los requisitos de inscripción al Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como Reprocann, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica”, fue lo que dijo el funcionario.
El Reprocann fue creado por resolución ministerial en 2021 y da autorización a pacientes para cultivar hasta nueve plantas hembra de cannabis. Puede hacerlo la persona interesada, puede designar a otra o una asociación civil sin fines de lucro. Quienes se inscriben, no son “productores” sino pacientes, usuarios del sistema de salud, que para obtener la autorización deben tener una indicación médica. El Ministerio de Salud es quien revisa y aprueba cada requisito.
Alta demanda:
Según expuso el propio Busso, el estado actual del Reprocann revela una situación crítica, el sistema está desbordado. En promedio reciben mil solicitudes por día, pero solo alcanzan a procesar 40.
Perla coincide con el diagnóstico: “el programa está muy atrasado en cuanto a las aprobaciones. Tenemos muchos casos de usuarios que están esperando la renovación y no es automática, ahora tienen un atraso de 90 días y la gente queda desprotegida. Por ejemplo: el usuario que se le venció el Reprocann ¿Qué hace en ese tiempo donde queda descubierto sin amparo legal? ¿Debería cortar las plantas? ¿Debería dejar de hacer la medicina para su familiar?”.
Está claro, el sistema se debe mejorar. Necesita mayor fluidez en su implementación. En la reunión del Consejo Consultivo se mencionaron algunas de las posibilidades que se barajan para agilizarlo: incorporación de personal y tecnología para hacer más efectivos los trámites, y la posibilidad de limitar la inscripción a algunas patologías y eliminar otras que no tengan “evidencia científica”.
Es decir, restringir la cantidad de patologías que están contempladas en el Programa de Cannabis para que haya menos solicitudes. Y acá las ONG y la comunidad cannábica hizo notar su descontento: “no hay que dejar ninguna patología afuera porque hay evidencias empíricas y testimoniales con seguimientos médicos de evoluciones de una amplia diversidad de síntomas y patologías con buenos resultados, como también, la necesidad de seguir investigando sumado al irrefutable derecho de libre elección de terapia”, anuncian en un comunicado.
“Sería un problemón”, dice Perla, “porque hay mucha gente que utiliza el cannabis medicinal por el insomnio, por la ansiedad, por el bruxismo. Lo que proponen desde el gobierno es que haya menos patologías, para evitar el cuello de botella que tiene el sistema y evitar que haya tantas inscripciones. La planta mejora la calidad de vida de las personas, no solamente las que padecen de ciertas patologías como la epilepsia o el dolor crónico”, explica.
Karina Romanelli de “Cannabis Medicinal Bahía Blanca” también estuvo presente en la reunión, y coincide en rechazar esta propuesta: “nosotros no vamos a negociar los derechos que ya conseguimos hasta el momento, porque es un acceso a la salud”. Y especifica: “el gobierno pone en duda la “evidencia científica” de las solicitudes, pero para ser autorizadas, antes pasan por un profesional que dice, en una historia clínica, porque ese paciente necesita utilizar cannabis y qué genotipo. O sea, está avalado por un profesional de la salud”. Y cierra: “si el profesional lo está avalando ¿por qué ellos lo tienen que objetar?”.
Laura Rodríguez Caldentey es abogada de «Cannabis Medicinal Río Negro y Neuquén» y coincide en ser enfática y rechazar esta posibilidad. “Es bastante preocupante que se esté hablando de posibles restricciones porque nuestros socios y socias son personas que utilizan el cannabis con fines medicinales y terapéuticos. O sea que necesitan justamente de esta medicina y que todo lo que sea restrictivo y prohibicionista, arroja a un mercado de la ilegalidad”.
Y da un panorama de la situación que atraviesan desde la organización: “desde el 10 de diciembre que los permisos para poder cultivar no están siendo habilitado”. Y calcula que solo, en relación con su organización, hay 100 personas que están esperando el registro.
Laura Rodríguez Caldentey explica que no hay un listado de patologías donde se enlistan las patologías que entran y las que no, sino que el criterio es científico, del profesional médico. “Es el médico quien prescribe el cannabis, que entiende para qué patologías puede llegar a ser útil el cannabis y con qué dosis”.
Laura Rodríguez Caldentey asegura que las organizaciones que vienen trabajando con cannabis medicinal tienen mucha incertidumbre respecto a las decisiones que puede tomar el gobierno en la materia, y el cuadro se agrava, dice Rodríguez Caldentey porque “estamos hablando de salud”.
Otras observaciones para mejorar el sistema:
Perla suma la necesidad de que el sistema mejore y se amplíe: “seguimos en un momento en que el Reprocann es solamente para el que puede pagar la consulta médica. Necesitamos que el pedido de autorización se pueda hacer en el sistema de salud pública”.
Las ONGs que participaron del Consejo Consultivo Honorario de Cannabis acordaron elaborar un documento con sugerencias para mejorar el sistema. No tienen fecha de próxima reunión, pero saben que lo acordarán con la comunidad cannábica argentina.
Un trabajo de hace 30 años:
Evolución Verde es una asociación civil de General Roca que cultiva cannabis desde hace más de 30 años. Evolución Verde trabaja con plantas de cannabis medicinal y en el acompañamiento a usuarios y familiares. Son fitomejoradores. “Trabajamos generando genéticas nuevas en base a los resultados de los análisis de los perfiles de las plantas”, explica Perla, “tenemos más de 80 plantas que analizamos y que nos permite saber para qué patologías pueden llegar a servir».
“Acompañamos a un montón de usuarios que necesitan el acceso responsable e informado al cannabis medicinal”, cuenta Perla. También brindan talleres y capacitaciones. “Vamos juntando evidencia empírica de nuestros asociados, de cómo estaban antes de tratarse con la planta y el después”.
Y cierra: “cuando hablamos de cannabis medicinal, hablamos de salud, hablamos de justicia social, hablamos de trabajo. Perla también forma parte de la cooperativa de trabajo Semillero Sur, “nosotros intentamos que, si a una persona le hace bien la planta, pueda cultivarla y autogestionarse la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que pueda cultivar su planta en el patio puede acceder a tener un derivado de la planta que le calme el dolor”.
Paraguas normativo:
El marco normativo que regula la actividad de la planta cannabis y sus derivados es la Ley 27350. “Entre otras cosas”, explica la abogada Laura Rodríguez Caldentey, “establece el registro al Reprocann que permite a los usuarios y a las organizaciones inscribirse poder cultivar”.
Durante el Gobierno de Mauricio Macri a través del Decreto N° 738/2017 se reglamentó parcialmente la ley. Eliminó la gratuidad, no detalló el presupuesto y no dejó resquicios para el auto cultivo. “Fue un decreto reglamentario, súper restrictivo y además que no contemplaba el espíritu de la ley”, explica Rodríguez Caldentey.
Durante el gobierno de Alberto Fernández se derogó este decreto y “se volvió sobre la reglamentación que condice más con el espíritu de la ley”, dice Rodríguez Caldentey. Con el nuevo Decreto N° 883/2020 entró en vigencia la normativa que, entre otros aspectos, creó el registro que autoriza al cultivo; se ampliaron las patologías contempladas por la ley; se habilitó la cobertura estatal, de obras sociales y prepagas de derivados de la planta de Cannabis y la posibilidad de adquirir aceites y preparados elaboradas en el país o importados en farmacias.
“Con este decreto, quedó habilitado el registro para que las personas que quieran cultivar en su domicilio lo puedan hacer, o puedan designar a un cultivador o a una organización de la sociedad civil para que lo haga”.
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