Control de ausentismo en Río Negro: piden informe desde el bloque de Vamos con Todos
Los legisladores solicitan antecedentes y la documentación respaldatoria de la empresa. El gremio ATE manifestó su "preocupación" y pidió su suspensión hasta que esté en "condiciones óptimas".
Foto: Marcelo Ochoa.
Los legisladores José Luis Berros, Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos; junto a Patricia Mac Kidd y Santiago Ibarrolaza, presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo de Río Negro para conocer detalles de la contratación de la consultora encargada de las auditorías de las licencias por razones médicas de corto plazo que se puso en marcha este mes.
Indicaron que buscan «obtener información detallada sobre varios aspectos claves de la contratación».
La puesta en marcha del nuevo sistema oficial tuvo el rechazo inicial de Unter que este jueves pidió una urgente reunión con el gobernador Alberto Weretilneck y sus dirigentes anunciaron que «nos preparamos para resistir».
«No entendemos porqué el Estado delega en lo privado lo que debería quedar en sus manos, en la órbita de las juntas médicas existentes» dijo José Luis Berros, titular de la bancada justicialista, y advirtió que «después nos lamentamos de las consecuencias».
El pedido presentado en la Legislatura pretende conocer los números de expediente y el procedimiento aplicado para la contratación de Dienst Consulting SA, así como una copia del acto administrativo de adjudicación, un detalle del monto total de la contratación, el plazo de ejecución del contrato y la confirmación si dicha contratación ha sido debidamente publicada.
También incluye saber el alcance, las atribuciones y las responsabilidades de las tareas encomendadas a la empresa auditora, y el objeto de la información recolectada tanto en general como en particular para los agentes en los que se detecten presuntas irregularidades.
Se pide que el gobierno especifique las razones técnico-jurídicas que justifican la contratación de una empresa para auditar las licencias de los agentes estatales, acompañadas de los dictámenes jurídicos pertinentes, y si se ha evidenciado alguna falencia en los sistemas de juntas médicas existentes, así como los procesos administrativos iniciados al respecto.
Por otra parte, se solicita detallar la cantidad de agentes públicos sujetos a auditoría por el usufructo de licencias médicas a través de la empresa contratada y las áreas en las que se desempeñan. También se requiere adjuntar una copia del informe proporcionado por la contratista al gobierno provincial correspondiente a las dos primeras semanas de aplicación.
Finalmente, se piden los antecedentes y la documentación respaldatoria de la empresa Dienst Consulting SA que figura en el Registro de Proveedores del Estado rionegrino bajo el número 2670.
Control de ausentismo en Río Negro: ATE pide la suspensión
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado manifestó ante la Secretaría de la Función Pública su «preocupación por la serie de fallas del nuevo sistema de control de ausentismo» que -indicaron- «exponen a los trabajadores a descuentos y gastos en viáticos», al tiempo que pidió «su suspensión y posterior puesta en vigencia a partir de su funcionamiento en condiciones óptimas».
En una nota oficial dirigida a Tania Lastra, titular del área, se enumeró la «serie de problemas que relevó desde la puesta en marcha del sistema», entre ellos «que no se respetan las 24 horas de notificación de licencias, como indica la normativa en la Ley 3487 de la Administración Pública», a numerosos agentes «se les ha computado ausentismo por esta falla, sin poder hacer su legítimo descargo, lo que impactará en el descuento injusto de la jornada laboral».
ATE solicitó «la desburocratización de las vías alternativas que están mediadas por un número telefónico que prácticamente no atiende» y «señal de internet deficiente» en varios lugares de la provincia.
El sindicato explicó que «muchos estatales fueron requeridos presencialmente por un auditor en localidades donde no residen ni trabajan, obligándolos a trasladarse en transporte y asumir los costos de esos viajes».
También señaló que en determinados sectores «ni siquiera llegó información explicativa de Función Pública» y por eso «muchos agentes presentaron certificados y aún así está en riesgo que no se justifiquen las inasistencias».
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